Rosa Enciso Islas y Otros.

Expediente 1084/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1084/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • Rosa Enciso Islas y Otros.
  • Rosa Enciso Islas

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA I San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con el cual devuelve diligenciado el despacho 555/2016, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dése de baja en el libro de gobierno respectivo y hágase las anotaciones correspondientes. Ahora vista la razón asentada por el Actuario adscrito al Juzgado oficiante, de la que se advierte que el quejoso FERNANDO HERMENEGILDO HERNÁNDEZ CORTÉS, ratificó su escrito de siete de octubre pasado, en el que desistió del presente juicio de amparo; al efecto se provee: Los artículos 6° párrafo primero, y 63 fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I de artículo 5°. De esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)." Dichos artículos clarifican que el juicio de amparo sólo procede a instancia de parte agraviada; de manera que, cuando ésta desiste expresamente de la instancia, genera el sobreseimiento del juicio. En la especie, el quejoso desistió del presente juicio de garantías, según se desprende de la diligencia de notificación de veinticuatro de octubre del año en curso, practicada por el servidor público adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; actuación que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su artículo 2°. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, por desistimiento expreso del quejoso FERNANDO HERMENEGILDO HERNÁNDEZ CORTÉS, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de garantías. Lo anterior, con apoyo, además, en la tesis siguiente: "DESISTIMIENTO DEL AMPARO. SI SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE SE OTORGÓ ANTE FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE AQUÉL. Cuando en autos se demuestre fehacientemente que ante funcionario con fe pública de la autoridad responsable el quejoso manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo que promovió, y que fue plenamente identificado, es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un funcionario con fe pública". (Jurisprudencia I9o.T2k (10.), página 2007, III, Junio 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (diez horas diez minutos del veitnineuve de noviembre de dos mil dieciséis, foja 315). Como el quejoso se encuentra interno en el Centro Regional, (CERESO) con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en lo establecido en los normativos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha Ley y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, notifique el presente proveído, al quejoso FERNANDO HERMENEGILDO HERNÁNDEZ CORTÉS, para lo cual se le remite copia certificada de esa determinación. Si por cuestiones de seguridad no es dable para la autoridad que corresponda realizar la notificación que se encomienda y entregar la copia relacionada con el auto que al quejoso se notifica por parte de este Juzgado, requiérase a tal autoridad para que, por los medios que se estime conveniente, lo ponga a disposición del justiciable a fin de que éste pueda conocer efectivamente lo que se le notifica, lo cual deberá asentar en la razón respectiva.

  2. Principal

    MESA II "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintinueve de junio pasado (fojas 20 a 29), se desechó la demanda de garantías promovida por ROSA ENCISO ISLAS, el cual se notificó a la parte promovente el catorce de julio siguiente (foja 31); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    ". Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por ROSA ENCISO ISLAS, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno del Fuero Común, del Distrito de Tlacolula, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1084/2016. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el auto de cinco de junio del año dos mil dieciséis, por el cual se determinó no admitir la prueba de ampliación de inspección ocular, dentro de la averiguación previa 194 (II) 2015 del índice de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno del Fuero Común, del Distrito de Tlacolula, Oaxaca, seguida en su contra. Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El principio de definitividad a que se refiere el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios, deben ser agotados previo a la interposición del juicio de amparo, puesto que han sido instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer; de no ser así, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad de origen. De lo anterior, se colige que previamente a la presentación de la demanda, la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa que tiene a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir ante los tribunales de la Federación, pues, en caso contrario, el juicio de amparo resultará improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa se duele del auto de cinco de junio del año dos mil dieciséis, por el cual se determinó no admitir la prueba de ampliación de inspección ocular, dentro de la averiguación previa 194 (II) 2015 del índice del Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno del Fuero Común, del Distrito de Tlacolula, Oaxaca. De lo anterior, se desprende que el acto reclamado ya no se rige por el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, sino que se rige con las normas supremas reformadas, de manera que la víctima u ofendido debe impugnar los actos u omisiones del Ministerio Público ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se estima al respecto, proceda el juicio de amparo conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII de la ley fundamental. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2010 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Registro 162669, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." En ese sentido, los artículos 16 y 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. (.)" "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)" Por su parte los diversos numerales 133 fracción I, en relación con el 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; (.)" "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Del contenido de los preceptos transcritos, se tiene que corresponde al Juez de Control resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Asimismo, que tiene competencia para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De igual manera, se desprende que toda víctima u ofendido tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante ante autoridad judicial, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En consecuencia, al reclamar la parte quejosa que el Agente del Ministerio Público Investigador del Segundo Turno del Fuero Común, del Distrito de Tlacolula, Oaxaca, por auto de cinco de junio del año dos mil dieciséis, determinó no admitir la prueba de ampliación de inspección ocular, dentro de la averiguación previa 194 (II) 2015 de su índice, entonces se está en el supuesto previsto en la fracción XXI del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí, tomando en consideración que en términos de lo que establece el artículo 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 16 de la Constitución Federal, el Juez de Control es quien tiene competencia y obligación para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, por lo que de debe interpretarse que el acto reclamado por la parte quejosa -indiciada- es reclamable al Juez de Control. En ese tenor, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar el acto reclamado, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia y, por ende, se actualiza la hipótesis a que se refiere la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la ley reglamentaria de la materia. Por las consideraciones que la sostienen se cita la tesis aislada XVII.1º.P.A.67 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 3030, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, Registro 163628, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADMITIR UN MEDIO PROBATORIO EN LA PRIMERA ETAPA O FASE PRELIMINAR DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua contiene una serie de controles en las diversas decisiones que puede tomar el Ministerio Público de la entidad, por ejemplo, los previstos en sus artículos 77, párrafo segundo, 85, párrafo segundo, 223, párrafo tercero y 293, párrafo tercero. Así las cosas, si en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado que en la primera etapa o fase preliminar del nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial ante el Juez de Garantía, el representante social estatal no admitió un medio probatorio, y el Juez de Distrito desechó aquella demanda considerando que no le causaba perjuicio alguno, pues se ignoraba lo que en definitiva se resolvería en el procedimiento penal; y en el recurso de revisión la parte quejosa aduce que es obligación del fiscal estatal practicar y ordenar todos los datos "para descubrir la verdad" y con ello determinar si consigna o no la carpeta de investigación ante el Juez de Garantía, dicho agravio es fundado pero insuficiente, pues aunque los imputados tienen derecho a ello de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la reclamada omisión es impugnable ante un Juez de Garantía a través del medio de control previsto por el referido artículo 293, así como por el recurso de queja establecido en el invocado artículo 223, resulta inconcuso que dichos medios de defensa debieron agotarse antes de acudir a aquella instancia judicial, pues de lo contrario se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior, que el acto reclamado derive de una averiguación previa integrada conforme a la legislación del sistema no adversarial, es decir, conforme al sistema penal tradicional; habida cuenta que a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis entró plenamente en vigor el nuevo sistema de justicia penal de carácter adversarial; de manera que todas las investigaciones ministeriales, aun cuando versen sobre hechos anteriores a la data mencionada, se rigen conforme a la legislación del nuevo sistema de justicia penal, porque el ejercicio de la acción penal se debe plantear ante jueces de control del propio sistema. En efecto, los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establecen: ".Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo. Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." Del contenido de tales preceptos, se advierte con suficiente claridad que los derechos y garantías constitucionales incorporadas en la reforma, entrarán plenamente en vigor cuando se adecue la legislación procesal respectiva y se realice la declaratoria correspondiente, por lo que, hecho lo anterior, los procedimientos respectivos deberán realizarse en la forma y términos que corresponda al nuevo sistema de justicia penal, que se rige bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así las cosas, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyos artículos transitorios del primero al sexto disponen: "ARTÍCULO PRIMERO. Declaratoria Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo con los artículos siguientes. ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales. ARTÍCULO TERCERO. Abrogación El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del presente Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código. ARTÍCULO CUARTO. Derogación tácita de preceptos incompatibles Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ARTÍCULO QUINTO. Convalidación o regularización de actuaciones Cuando por razón de competencia por fuero o territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o sistema procesal distinto al que se remiten, podrá el Órgano jurisdiccional receptor convalidarlas, siempre que de manera, fundada y motivada, se concluya que se respetaron las garantías esenciales del debido proceso en el procedimiento de origen. Asimismo, podrán regularizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y motivada el Órgano jurisdiccional que las recibe, determine que las mismas deban ajustarse a las formalidades del sistema procesal al cual se incorporarán. ARTÍCULO SEXTO. Prohibición de acumulación de procesos No procederá la acumulación de procesos penales, cuando alguno de ellos se esté tramitando conforme al presente Código y el otro proceso conforme al código abrogado." Para los efectos que nos ocupan, lo más relevante de esas disposiciones, en tratándose del fuero común, es que una vez emitida la declaratoria del Congreso de la Unión, el Código Nacional deberá aplicarse en los procedimientos penales iniciados con posterioridad a dicha declaratoria, puesto que el Código Procesal Penal Estatal queda abrogado. En la especie, la representación social todavía no ha planteado la acción penal en la averiguación previa 194 (II)/2015; por tanto, al tener presente ese marco constitucional y procesal, se advierte que aun cuando la investigación ministerial tiene como base hechos realizados con antelación a la entrada en vigor de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho, lo cierto es, que la instrumentación del procedimiento penal ameritará la intervención judicial para dirimir una controversia, lo que sin duda alguna se realiza cuando ya está en plena vigencia la Constitución reformada y, por ende, los derechos humanos ahí reconocidos. Lo anterior se concatena con lo dispuesto en el artículo 1º, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, que dice: "Art. 1o.- El procedimiento penal tiene cuatro periodos: I.- El de averiguación previa a la consignación a los Tribunales, que comprende las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; II.- El preprocesal, que comprende las diligencias practicadas ante los Tribunales con el fin de que éstos resuelvan la situación jurídica de los imputados; III.- El de instrucción, que comprende las diligencias practicadas ante los Tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias en que hubieren sido cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad penal de los inculpados; IV.- El de juicio, durante el cual el Ministerio Público precisa su acusación y el acusado su defensa ante los Tribunales y éstos valoran las pruebas y pronuncian sentencia definitiva." En consecuencia, al tener en cuenta que el Congreso de la Unión ya había emitido la declaratoria de vigencia del sistema penal acusatorio contemplado en los artículos 16 y 20 constitucionales reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, para esta entidad; por tanto, el procedimiento penal respectivo debe tramitarse de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Efectivamente, la declaratoria por la que el Congreso de la Unión declaró la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, entre otros, se publicó el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en la que a la letra se señaló: "DECLARATORIA. El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los Estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala." Ahora, si en el caso la indagatoria no ha sido consignada y la investigación ministerial debe sujetarse a las disposiciones vigentes del nuevo sistema de justicia penal por virtud de la abrogación tácita de la legislación no adversarial; en consecuencia, previamente al juicio de amparo debe agotarse el medio de defensa ordinario ante el juez de control. Por tanto, a pesar de que la averiguación previa se inició cuando estaba vigente el sistema penal anterior, ello no se erige como una razón constitucionalmente válida para que se niegue al imputado y la víctima su derecho de ser juzgado conforme al nuevo sistema de justicia penal, pues en la propia Carta Magna se establece con meridiana claridad que las garantías correlativas se aplicarán en los procedimientos penales iniciados una vez emitida la declaratoria, pues la actuación del órgano acusador ahora está sujeta a control judicial del nuevo sistema de justicia penal. Incluso, una interpretación conforme del artículo segundo transitorio de la reforma que interesa, lleva a aseverar que, por ninguna razón, el plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio puede exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis. Es decir, se estableció un término fatal para que los derechos y garantías constitucionales contempladas en el nuevo sistema de justicia sean aplicados a todas las personas sujetas a un procedimiento penal. Además, esa postura puede llegar al extremo de confirmar que, a partir de esa fecha, por ningún motivo se debe iniciar un procedimiento penal en el sistema anterior; ni siquiera por hechos anteriores, toda vez que, en estrictos términos constitucionales, lo que marcará la pauta es el inicio del proceso, no cuando sucedieron los hechos. Estimar lo contrario, implicaría prolongar la vida del sistema anterior indefinidamente, con todo y sus vicios, lo que, precisamente, pugna con la intención del Estado Mexicano con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. A mayor abundamiento, al mantener "vivos" ambos sistemas en el mismo espacio y tiempo, por decirlo de alguna manera, traería como consecuencia ineludible la vigencia indefinida de dos Constituciones Políticas, una aplicable a ciertas personas y la otra a diversas, unas con unos derechos y las otras sin ellos, lo que sin duda se traduciría en un trato desigual injustificado; por ello, a parecer del juzgador que suscribe, se presenta como un escenario jurídicamente inadmisible para implementar el nuevo sistema de justicia. En diverso aspecto, también es oportuno apuntar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible la convalidación de actuaciones del sistema anterior al nuevo y está prohibido acumular procesos de distintos sistemas; lo que de suyo implica, que no existe una verdadera imposibilidad procesal de ejercer el derecho de defensa ante el juez de control que corresponda con respeto a los derechos constitucionales de los imputados y las víctimas, pues la fiscalía puede solicitar, en lo que proceda, la convalidación de las actuaciones ya realizadas. En relación a este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha indicado que es factible la utilización o consideración de las actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro de un sistema penal mixto, para incorporarlas como material idóneo que configure datos de prueba y, con ese carácter, integrar la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, pues ello no produce más consecuencia que la elevación del estándar de certeza para demostrar la probabilidad de la comisión del hecho y la participación en éste del imputado y, por tanto, de razonabilidad para llevarlo ante el juez respectivo; por ello, las actuaciones de la averiguación previa pueden integrar la carpeta de investigación prevista para el sistema procesal penal acusatorio y oral. Lo que se definió en la tesis 1a. CCLXX/2014 (10a.), con registro 2006969, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, materia penal, página 161, que señala: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDEN CONSTITUIR MATERIAL IDÓNEO PARA CONFIGURAR DATOS DE PRUEBA QUE INTEGREN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Si en el sistema penal acusatorio, la vinculación al proceso depende de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, la cual sólo debe contener aquellos que permitan arrojar los elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía; y en la averiguación previa se deben establecer las pruebas que, como tales, permitan acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, entonces, uno y otro sistema tienen el objetivo común de demostrar que existen elementos para sostener la existencia del ilícito y la probabilidad de que el imputado haya participado en éste, siendo que los datos arrojados en la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito como la participación del imputado. En este entendido, la utilización o consideración de las actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro de un sistema penal mixto, para incorporarlas como material idóneo que configure datos de prueba y, con ese carácter, integrar la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, no produce más consecuencia que la elevación del estándar de certeza para demostrar la probabilidad de la comisión del hecho y la participación en éste del imputado y, por tanto, de razonabilidad para llevarlo ante el Juez de Garantía. Bajo este orden de ideas, las actuaciones de la averiguación previa pueden integrar la carpeta de investigación prevista para el sistema procesal penal acusatorio y oral, pero no implica que se encuentren exentas de análisis en cuanto a su legalidad, pues aunque obren como dato en la carpeta de investigación, no por ese solo hecho se convalidan, sino que deberán apegarse, para su validez y desahogo, a lo dispuesto en el código procedimental que regula al sistema procesal al cual se incorporarán, salvaguardando de esta forma los principios y derechos que consagra el nuevo sistema penal acusatorio." Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizados en los términos que refiere, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA II

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