Rosa Elpidia Osuna Tamayo
Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa Elpidia Osuna Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron al auto dictado el catorce de febrero del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable y la parte tercera interesada fueron notificadas el quince y veintidós de febrero del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del dieciséis de febrero al once de marzo de dos mil veintidós, en la inteligencia de que el plazo de las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Así mismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible en un lapso de tres años, debido a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, .
- Principal
Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por los integrantes de la Junta Local Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de tres del mes y año en curso, remite copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones celebrada en el juicio de origen; lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV) ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable se reclama lo siguiente: A).- El hecho de que se me esté Violando el Otorgamiento de la Administración de la Justicia en Forma Pronta y Expedita, en los términos citados por la Ley Federal del Trabajo, toda vez que como se puede advertir del Capítulo XVII del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo que señala los términos procesales sobre los cuales se debe llevar un Juicio ante las Autoridades de Trabajo, en el expediente de origen JE4-09-691/2020, la Autoridad responsable no ha querido llevar a cabo la Audiencia Trifásica, ya que la misma si bien es cierto admitió la demanda de la quejosa desde el año 2020, ha reprogramado cinco veces la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, por no llevar a cabo el emplazamiento respectivo y todo esto en perjuicio de la quejosa, ya que no es posible que una demanda que se hubiera presentado desde el 04 de Septiembre de 2020, hasta el día de hoy 22 de Noviembre de 2021, no se ha podido llevar a cabo la Audiencia inicial y para el colmo la última fecha que se llevó a cabo la audiencia Trifásica el 16 de Noviembre del 2021, REPROGRAMÓ LA NUEVA AUDIENCIA PARA LAS 8:30 HORAS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, es decir, tres meses más para que se lleve a cabo la audiencia señalada, sobre todo no se toma en cuenta lo establecido por el Articulo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que indica que una vez presentada la demanda se señalará día y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HAYA RECIBIDO EL ESCRITO DE DEMANDA y como se puede advertir ha transcurrido 1 año y 2 meses sin que se hubiera llevado a cabo la Audiencia Trifásica, así como todo el procedimiento laboral en todas sus etapas correspondientes, todo esto en perjuicio de la parte trabajadora, por lo que se advierte que no se me está Administrando Justicia Pronta y Expedita, Completa e Imparcial, de acuerdo a lo señalado por el artículo 17 y además se me Violan mis Derechos Humanos y Garantías Individuales de la Constitución Federal, ya que sigue transcurriendo en exceso el término para que se lleve a cabo el Juicio Laboral en todas sus Etapas Procesales correspondientes, toda vez que no se lleva a cabo la aplicación de lo establecido por los artículos 873, 876, 878, 880, 883, 884 y demás relativos al Procedimiento Ordinario en Materia Laboral, a pesar de que la misma Ley establece los términos en que deben llevarse a cabo cada una de las Etapas Procesales correspondientes. Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se pone de manifiesto que la causa de improcedencia denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él, hayan dejado de existir y que con motivo de ello -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, debe decirse que del análisis de los presentes autos se advierte que a través del comunicado de cuenta, la autoridad responsable remite copia certificada de la actuación de uno de febrero del año en curso, de la que se evidencia que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen JE4-08-691/2020. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo constituye la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, deriva inconcuso que han cesado en sus efectos, puesto que dejó de existir el motivo por el cual el solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional, toda vez que como se adelantó, la omisión de la celebración de la audiencia de que se duele, se celebró el uno de febrero del año en curso. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste que el promovente no se haya impuesto del comunicado de cuenta y sus anexos, pues dado su contenido, mismo que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del mismo.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte tercero interesada, la determinación de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio signado por los integrantes de la Junta Local Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de tres del mes y año en curso, remite copia certificada de las constancias relativas a la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones celebrada en el juicio de origen; lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV) ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable se reclama lo siguiente: A).- El hecho de que se me esté Violando el Otorgamiento de la Administración de la Justicia en Forma Pronta y Expedita, en los términos citados por la Ley Federal del Trabajo, toda vez que como se puede advertir del Capítulo XVII del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo que señala los términos procesales sobre los cuales se debe llevar un Juicio ante las Autoridades de Trabajo, en el expediente de origen JE4-09-691/2020, la Autoridad responsable no ha querido llevar a cabo la Audiencia Trifásica, ya que la misma si bien es cierto admitió la demanda de la quejosa desde el año 2020, ha reprogramado cinco veces la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, por no llevar a cabo el emplazamiento respectivo y todo esto en perjuicio de la quejosa, ya que no es posible que una demanda que se hubiera presentado desde el 04 de Septiembre de 2020, hasta el día de hoy 22 de Noviembre de 2021, no se ha podido llevar a cabo la Audiencia inicial y para el colmo la última fecha que se llevó a cabo la audiencia Trifásica el 16 de Noviembre del 2021, REPROGRAMÓ LA NUEVA AUDIENCIA PARA LAS 8:30 HORAS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, es decir, tres meses más para que se lleve a cabo la audiencia señalada, sobre todo no se toma en cuenta lo establecido por el Articulo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que indica que una vez presentada la demanda se señalará día y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HAYA RECIBIDO EL ESCRITO DE DEMANDA y como se puede advertir ha transcurrido 1 año y 2 meses sin que se hubiera llevado a cabo la Audiencia Trifásica, así como todo el procedimiento laboral en todas sus etapas correspondientes, todo esto en perjuicio de la parte trabajadora, por lo que se advierte que no se me está Administrando Justicia Pronta y Expedita, Completa e Imparcial, de acuerdo a lo señalado por el artículo 17 y además se me Violan mis Derechos Humanos y Garantías Individuales de la Constitución Federal, ya que sigue transcurriendo en exceso el término para que se lleve a cabo el Juicio Laboral en todas sus Etapas Procesales correspondientes, toda vez que no se lleva a cabo la aplicación de lo establecido por los artículos 873, 876, 878, 880, 883, 884 y demás relativos al Procedimiento Ordinario en Materia Laboral, a pesar de que la misma Ley establece los términos en que deben llevarse a cabo cada una de las Etapas Procesales correspondientes. Sentado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;(.)" De las porciones normativas antes transcritas, se pone de manifiesto que la causa de improcedencia denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él, hayan dejado de existir y que con motivo de ello -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, debe decirse que del análisis de los presentes autos se advierte que a través del comunicado de cuenta, la autoridad responsable remite copia certificada de la actuación de uno de febrero del año en curso, de la que se evidencia que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen JE4-08-691/2020. Entonces si en el caso particular, la materia de reclamo constituye la omisión de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, deriva inconcuso que han cesado en sus efectos, puesto que dejó de existir el motivo por el cual el solicitante del amparo acudió en busca de la protección constitucional, toda vez que como se adelantó, la omisión de la celebración de la audiencia de que se duele, se celebró el uno de febrero del año en curso. Razón por la cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio biinstancial es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como acontece en la especie; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste que el promovente no se haya impuesto del comunicado de cuenta y sus anexos, pues dado su contenido, mismo que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del mismo.
- Principal
Visto el estado de los autos, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, informe si tuvo verificativo la audiencia antes referida, y de ser así remita las constancias que así lo acrediten, toda vez que resultan necesarias para la resolución del presente sumario; bajo apercibimiento que en caso contrario, de conformidad con los arábigos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE a fin de que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los fines legales a que haya lugar.
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