Rosa Elía Valencia Mora

Expediente 155/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
155/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Rosa Elía Valencia Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara firme dicha resolución para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, debiendo destruirse las constancias respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ROSA ALIA VALENCIA MORA. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. Establecido lo anterior, debe precisarse que el estudio de las causas de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En principio, conviene precisar que el análisis integral de la demanda de amparo reveló que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: ? La omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 427/2014. Hecha la precisión, en el presente asunto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es oportuno precisar que la causa de improcedencia debe ser manifiesta e indudable, por lo cual debe explicarse qué se entiende por manifiesto e indudable. En efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es . En ese orden de ideas, la documental remitida por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada del laudo relativo al juicio laboral 427/2014 de su estadística, evidencia de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que, el veinte de marzo pasado, dicha autoridad responsable emitió el laudo respectivo en el contradictorio laboral de origen. Se otorga valor probatorio pleno a la referida constancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de una documental expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la falta de dictado de laudo en el juicio laboral de origen, la cesación de los efectos se actualiza cuando dicha autoridad responsable emitió la resolución en forma de laudo correspondiente, lo cual puede advertirse de las constancias remitidas por ésta con su informe justificado. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en el juicio laboral de origen deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicha omisión, pues hasta el veinte de marzo pasado se dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 427/2014. Por tanto, resulta inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, dado que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación , que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como se dijo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto al haber cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho . Háganse las capturas correspondientes en el Libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Directora General Adjunta de Evaluación y Control Procedimental y Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al proveído de doce de febrero pasado, indica que no ha recibido oficio alguno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Asimismo, al tratarse del primer antecedente, la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector solicita que se le remitan las constancias que obren en autos para realizar el pronunciamiento respectivo. Al respecto, infórmese a la autoridad telegrafiante que la sentencia concesoria de amparo precisó como efecto protector lo siguiente: "En esas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dicte las medidas necesarias para el desahogo de la prueba de informe a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego lo cual emita la resolución interlocutoria que en derecho corresponda." Igualmente, hágase de su conocimiento que, mediante oficio 1900/2017, el Presidente de la Junta responsable comunicó haber girado oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en el cual le solicitó un informe, para estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Empero, la autoridad responsable afirmó que existía una suspensión en el servicio de mensajería que le presta auxilio, al existir un adeudo con ella, por lo cual no había remitido el oficio correspondiente a dicha Secretaría. No obstante, en proveído de doce de febrero pasado, este órgano jurisdiccional, entre otras cosas, tuvo como autoridad responsable vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, y mediante oficio 3228/2018 le remitió copia certificada del oficio 1848-BIS/2017.JCRF, a efecto de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que recibiera la notificación del mismo, diera contestación al aludido oficio y la Junta responsable se encontrara en aptitud de emitir la resolución interlocutoria que en derecho correspondiera para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto. En esas circunstancias, mediante el servicio de mensajería acelerada, remítase nuevamente la constancia aludida [copia certificada del oficio 1848-BIS/2017.JCRF] a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba la notificación del presente acuerdo, dé contestación a aludido oficio; ello, aun cuando la documental aludida le fue enviada mediante diverso oficio 3228/2018. Se apercibe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede la Ciudad de México, que de no cumplir con el requerimiento inmerso en el presente auto, se le impondrá, por conducto de su titular, una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de lo dispuesto en el decreto publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia. Por otro lado, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada cumplimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta. Por otra parte, glósese a los autos el oficio signado por la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita una prórroga para cumplir con el requerimiento realizado por este juzgado de distrito en proveído de doce de marzo pasado, consistente en informar el trato que dio a la pieza postal relativa al oficio 3228/2018, en su caso, remitir el acuse de recibo respectivo, pues la oficina de destino es quien controla la devolución de éstos. Atento a la petición de la Jefa de Adminsitración en comento, se le concede una prórroga de diez días hábiles, contados a partir del momento en el que reciba la notificación del presente proveído, a fin de que esté en posibilidad de cumplir con lo requerido en el citado auto de doce de los actuales, por lo cual estese a la espera de la pieza postal en comento para la debida integración de los autos del presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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