Rosa Elia Ruiz Reyes

Expediente 769/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
769/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Rosa Elia Ruiz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y en atención a la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y en atención a la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado Ricky Iván Martínez García, únicamente para que obre como corresponda, en razón de que por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio (foja 25 a 28).

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, y para tal efecto remite copia con firmas autógrafas del auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, relatio al juicio laboral 384/2007. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Dicha constancia este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión de hacer efectiva la multa fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo de dieciocho de mayo de dos mil diez, en el juicio laboral de origen); por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en cinco de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa reclamó en esencia: La omisión de acordar los escritos presentados el veintidós de marzo y ocho de abril, ambos de dos mil de diecinueve, por los cuales solicitó se aplicara la multa fijada a la demandada y se le impongan multas más efectivas, en el juicio laboral 384/2007. Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo, y de las actuaciones que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de lo cual se advierte que la parte quejosa le presentó al Tribunal laboral responsable dos promociones con fecha veintidós de marzo y ocho de abril, ambas de dos mil diecinueve, donde solicitó se le aplicara la multa fijada a la parte demandada y le impongan multas más efectivas, como ejecución forzada en el juicio laboral 384/2007. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se advierte que el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, acordó la promoción presentada el ocho de abril de dos mil diecinueve, por Jesús Montalván Ramírez, en su carácter de apoderado de la parte actora aquí quejosa, dentro del juicio laboral 384/2007, en el cual le dijo que se estuviera a lo acordado en el citado auto, toda vez que de su contenido se advierte que en principio tuvo al Director General de Recaudación del Departamento de Ejecución Fiscal y el Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, informando la imposibilidad legal que tuvo para realizar el cobro de forma oportuna. Seguidamente, tuvo al ayuntamiento demandado informando los trámites realizados, relativos a la petición que realizó al Congreso del Estado de Guerrero, con fecha uno de febrero de dos mil diecinueve; en tal circunstancia le concedió una prórroga de veinte días, para el efecto de las gestiones que deberá realizar para lograr la liberación de pago requerido, apercibiendo a su síndico procurador, que en caso de no dar cumplimiento con el requerimiento de pago en ese auto, se hará acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimos vigentes, asimismo, que una vez transcurrido el citado término acordara lo que en derecho corresponda. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Sin que pase desapercibido el hecho de que la autoridad responsable no haya acordado ni remitido el diverso escrito de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, pues tal y como se aprecia de las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 12), dicha petición versa en el mismo sentido, esto es, en solicitar que se le aplicara la multa fijada a la parte demandada y le impongan multas más efectivas, como ejecución forzada en el juicio laboral 384/2007. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 15 vuelta). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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