Rosa Elía Ortiz Diaz y otros y Otros.
Expediente 1115/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Elía Ortiz Diaz y otros y Otros.
- Rosa Elía Ortiz Diaz y otros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el once de agosto de dos mil dieciséis (fojas 74 a 76), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese,
- Principal
MESA VII A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta los efectos legales correspondientes el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Demetrio Tomás Cruz Cruz, apoderado legal de... , reclaman, del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, específicamente, la omisión de dictar auto de ejecución dentro del expediente 448/2008 (4) de su índice. Asimismo, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y mediante auto de diez de agosto del dos mil dieciséis, dictado en el expediente 448/2008 (4), se pronunció respecto de la imposibilidad de dictar auto ejecución respecto del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece, dictado en contra del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, toda vez que los bienes muebles e inmuebles son propiedad del Estado, por tanto, son inembargables. No obstante lo anterior, ordenó seguir el procedimiento establecido en los artículos 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, ello, a efecto de lograr el cumplimiento del referido laudo, como justificación a su informe, remitió copia certificada del auto de diez de agosto del dos mil dieciséis, así como de diversas actuaciones dictadas en el citado expediente, documentales que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo expuesto se concluye, que la autoridad responsable se pronunció respecto del auto de ejecución del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece y dio contestación al escrito de los quejosos de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, con cual cesan las omisiones de las cuales se duelen los quejosos en el presente juicio; en consecuencia, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que mediante auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable se pronunció respecto del auto de ejecución del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece, dando contestación a la petición de los quejosos de veintinueve de septiembre del año dos mil catorce. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a los citados quejosos ni se les priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 17), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Cabe agregar que no pasa inadvertido para el suscrito que en el presente juicio de amparo, no se emplazó a la parte tercero interesada; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, es evidente que de ninguna manera le puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio". Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII A. Notificación personal por lista. (Quejoso) Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta los efectos legales correspondientes el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Demetrio Tomás Cruz Cruz, apoderado legal de... , reclaman, del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, específicamente, la omisión de dictar auto de ejecución dentro del expediente 448/2008 (4) de su índice. Asimismo, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, y mediante auto de diez de agosto del dos mil dieciséis, dictado en el expediente 448/2008 (4), se pronunció respecto de la imposibilidad de dictar auto ejecución respecto del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece, dictado en contra del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, toda vez que los bienes muebles e inmuebles son propiedad del Estado, por tanto, son inembargables. No obstante lo anterior, ordenó seguir el procedimiento establecido en los artículos 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, ello, a efecto de lograr el cumplimiento del referido laudo, como justificación a su informe, remitió copia certificada del auto de diez de agosto del dos mil dieciséis, así como de diversas actuaciones dictadas en el citado expediente, documentales que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo expuesto se concluye, que la autoridad responsable se pronunció respecto del auto de ejecución del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece y dio contestación al escrito de los quejosos de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, con cual cesan las omisiones de las cuales se duelen los quejosos en el presente juicio; en consecuencia, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que mediante auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable se pronunció respecto del auto de ejecución del laudo de veinte de septiembre de dos mil trece, dando contestación a la petición de los quejosos de veintinueve de septiembre del año dos mil catorce. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a los citados quejosos ni se les priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 17), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Cabe agregar que no pasa inadvertido para el suscrito que en el presente juicio de amparo, no se emplazó a la parte tercero interesada; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, es evidente que de ninguna manera le puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio". Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de julio de dos mil dieciséis. De los autos, se advierte por una parte que está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 12), y por otro lado, que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, rinda su informe justificado; asimismo, que no ha sido posible emplazar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en su carácter de tercero interesado, como se ordenó mediante auto de veinticuatro de junio del año en curso (foja 12), ya que las oficinas de la referida institución se encuentran cerradas con motivo del paro magisterial en el Estado. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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