Rosa Elia Espinosa Ortiz

Expediente 813/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa Elia Espinosa Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente

  2. Principal

    número de correspondencia interna 10486. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de apoderado jurídico de la quejosa mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de cinco de noviembre de dos mil veinte; en ese tenor, visto el escrito inicial de demanda y sus escritos aclaratorios, se provee: 1. Desechamiento de la demanda. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, pone de manifiesto que la quejosa comparece a reclamar en la presente instancia constitucional, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado: - La omisión de señalar día y hora para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten dentro del expediente laboral 13687/2019/6, en el propio auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en que se calificaron dichos medios de convicción. Como antecedentes de dicha omisión reclamada, la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, demandando el pago de diversas prestaciones laborales, habiéndose radicado con el número de expediente . b) Con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la "audiencia de ofrecimiento de pruebas", en la cual las partes ofertaron las de su intención, procediendo la responsable a reservarse la calificación de los medios probatorios. c) Posteriormente, el veintiuno de septiembre del año en curso, la responsable emitió la calificación de las pruebas aportadas por las partes, y posterior a ello señaló: "Para que tenga verificativo ante este tribunal del trabajo la celebración de la audiencia de DESAHOGO DE LAS PRUEBAS que han sido calificadas, este Tribunal se reserva por el momento el señalar fecha y hora para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el boletín 13/2020 de fecha 31 de agosto del 2020, emitido por los Integrantes del Pleno de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que una vez que se decrete la instrucción para 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097. Tesis de Jurisprudencia. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810. proceder con lo anterior, se acordara lo conducente y se notificara personalmente a las partes." Precisado lo anterior, se considera que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En efecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 9/98, destacó que el auto por el que se reserva acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable en amparo directo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable, ya que no infringe derecho sustantivo constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el derecho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en los plazos y términos que fija la ley laboral De ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 250, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMISIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto por el que se reserva acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46, 158 y 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable, esto es, de aquellos a los que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la propia ley, ya que no infringe derecho sustantivo constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el derecho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en los plazos y términos que fija la ley laboral." Posteriormente, en diverso criterio jurisprudencial 2a/J. 33/2019 (10ªa), la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, estableció un estándar mínimo objetivo para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, y determinó que para efectos de la promoción de éste contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática local, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Dicho criterio queda contenido en la jurisprudencia consultable en 2a./J.33/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Laboral, registro 2019400, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Sentado lo anterior, debe precisarse que los artículos 880 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Articulo 880.- La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes.". "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del primer dispositivo legal transcrito se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debe resolver inmediatamente respecto a la calificación de pruebas una vez concluido el ofrecimiento de las mismas. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Asimismo, el segundo precepto legal transcrito establece que cuando, por naturaleza de las pruebas admitidas, considere la Junta responsable que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. De lo cual se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida de la Junta responsable, al no haber señalado fecha y hora para el desahogo de las pruebas aportadas por las partes que así lo ameriten, en el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, en que se calificaron las mismas, no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues como se dijo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la misma determinación en que admita los medios de convicción, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, luego si el veintiuno de septiembre del año en curso, precisó los medios de convicción que fueron admitidos a las partes, reservándose señalar fecha y hora para su desahogo; determinación que ordenó hacer del FRANCISCO SACRAMENTO PARTIDA SOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.92.c9 11/04/21 11:34:38 7 conocimiento de las partes actora y demandada personalmente, según se aprecia del anexo que el quejoso acompaña a su escrito de cuenta. Por tanto, el término de cuarenta y cinco días establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empieza a partir del día siguiente al de la emisión de dicha determinación, esto es el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ello significa que fenecería el cinco de noviembre del presente año, por lo que a partir de que transcurra esta última fecha, comenzaría la dilación excesiva que facultaría a la parte quejosa concurrir al juicio de amparo indirecto a impugnar el aspecto del que ahora se duele. A mayor ilustración, se muestra el cómputo realizado: SEPTIEMBRE D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (1) 23 (2) 24 (3) 25 (4) 26 (5) 27 (6) 28 (7) 29 (8) 30 (9) OCTUBRE D L M M J V S 1 (10) 2 (11) 3 (12) 4 (13) 5 (14) 6 (15) 7 (16) 8 (17) 9 (18) 10 (19) 11 (20) 12 (21) 13 (22) 14 (23) 15 (24) 16 (25) 17 (26) 18 (27) 19 (28) 20 (29) 21 (30) 22 (31) 23 (32) 24 (33) 25 (34) 26 (35) 27 (36) 28 (37) 29 (38) 30 (39) 31 (40) NOVIEMBRE D L M M J V S 1 (41) 2 (42) 3 (43) 4 (44) 5 (45) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 De lo expuesto con antelación, deviene inconcuso que respecto a la omisión atribuida a la Junta responsable, de señalar día y hora para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten dentro del expediente laboral 13687/2019/6, en el propio auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en que se calificaron dichos medios de convicción, no han transcurrido los plazos establecidos en la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a), antes transcrita; la cual es de observancia obligatoria para este juzgado en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo que nos ocupa, se presentó vía electrónica el cuatro de noviembre del año en curso, según se aprecia de la boleta de turno respectiva, cuya imagen se inserta a continuación para mayor claridad. De ahí que la demanda de amparo promovida por el justiciable Fidel García Vargas, en su carácter de apoderado jurídico de la quejosa Rosa Elia Espinosa Ortiz, conforme a dicho criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente, al no haber transcurrido el termino de cuarenta y cinco días previsto por el Máximo Tribunal del País, como estándar mínimo objetivo para configurar una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, y con ello la calificativa de irreparable a la omisión atribuida a la Junta responsable, de señalar día y hora para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten dentro del expediente laboral 13687/2019/6, en el propio auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, y los criterios jurisprudenciales mencionados en el cuerpo de esta determinación, por consiguiente, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten FRANCISCO SACRAMENTO PARTIDA SOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.92.c9 11/04/21 11:34:38 diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta signado por Fidel García Vargas, mediante el cual da cumplimiento parcial al requerimiento formulado en proveído de cinco de noviembre del año en curso. Ahora bien, téngasele por dando cumplimiento únicamente al inciso a), toda vez que acompaña a su ocurso de cuenta el auto de radicación de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 13687/2019/6 por los Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del cual se advierte que se le tuvo al promovente Fidel García Vargas, por reconocido el carácter de apoderado jurídico de la aquí quejosa Rosa Elia Espinosa Ortiz. No obstante ello, es omiso en dar cumplimiento al punto marcado con el inciso b) del aludido auto preventivo, consistente en manifestar bajo protesta de decir verdad, transcribiendo en su totalidad el contenido del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, o de ser posible exhibiendo copia o impresión fotográfica legible del mismo. Consecuentemente, ante la omisión descrita y atendiendo a la certificación de cuenta, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se le concedió en el mencionado auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, a fin de que cumpla debidamente el requerimiento efectuado, y en virtud de que presentó el ocurso que se provee el trece de noviembre del año que transcurre, esto es, ultimo día con que contaba para cumplir con la prevención en comento, de ahí que le resta un día a fin de que cumpla debidamente; sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Haciendo hincapié en que, de no cumplir, dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el multicitado auto de cinco de noviembre del año en curso, respecto a la prevención en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a/J.106/2003, visible a fojas 133, Tomo XVIII, noviembre 2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. Asimismo, la jurisprudencia 1ª./J.39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo del 2012, Tomo I Décima Época, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 813/2020-I, y fórmese el expediente respectivo. 2. Prevención de demanda. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda en relación a la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I y V, así como 114, fracciones II y III, de la Ley de la Materia, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias respectivas del ocurso aclaratorio, esto es: tres para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y dos más para el original y duplicado del incidente de suspensión que solicita, dé cumplimiento a lo siguiente a) Acredite con documento idóneo el carácter con el que se ostenta, esto es, como apoderado jurídico de Rosa Elia Espinosa Ortiz. Lo anterior, dado que no manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la documental que acompaña a su ocurso de demanda, consistente en el proveído emitido el siete de agosto de dos mil diecinueve, en juicio laboral 13687/2019/6 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es copia íntegra e inalterada del documento impreso, tal y como lo establece el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por tanto la misma (documental) se tiene por exhibida en copia simple, la cual por sí sola carece de valor probatorio, resultando insuficiente para acreditar lo pretendido por el promovente del amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 193 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 132, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. Así como el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable con el número 194, en la página 133, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Y es que, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, la personalidad debe quedar plenamente acreditada previo a admitir la demanda de amparo, ya que de lo contrario se podría generar la posibilidad de que se tramite un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del órgano jurisdiccional que lo tramite y resuelva, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se verían sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 7, que dispone: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así como la jurisprudencia número 2a./J.1/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 47, del tenor siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGA" y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER b) Bajo protesta de decir verdad, transcriba en su totalidad el contenido del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, o de ser posible exhiba copia o impresión fotográfica legible del mismo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con las prevenciones precisadas con antelación con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3. Autorizados de la parte quejosa. Toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. 4. Autorización para consulta de expediente electrónico y práctica de notificaciones. Como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza consultar el expediente electrónico a través del usuario "FIDELGARCIAVARGAS", y además, en atención a la petición expresa, realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa también señala domicilio para oír y recibir notificaciones; dígasele que no ha lugar a tenerlo por señalado. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, determinó que la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que la propia quejosa solicita a este órgano de control constitucional, que las notificaciones le sean practicadas vía electrónica, lo que se realiza a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerla señalando adicionalmente domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. Incluso deviene pertinente destacar que de tener a la quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones personales a la propia parte quejosa, tanto vía electrónica como en un domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte quejosa a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hace para recibirlas vía electrónica. 5. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte quejosa proporcionando correo electrónico: "fgv.abogados@gmail.com", a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dicho medio electrónico se le realicen notificaciones a través de éste. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué por medio de lista (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 7. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su FIREL o e.firma (antes FIEL). Se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 8. Notificaciones por lista. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, y adicionalmente, se remitirán por correo electrónico a la administración del edificio en que se aloja este juzgado las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. 9. Diversas determinaciones. Hágase del conocimiento de las partes que, con sujeción a lo antes expuesto: Desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que haga al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Lo cual deberá llevarse a cabo una vez que esté en operación el área de fotocopiado que presta servicio a los justiciables. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para reproducir o fotografiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, las determinaciones emitidas en el presente asunto que incluyan la evidencia criptográfica (firel) del suscrito y del secretario que actúa dando fe, las podrá descargar en sus equipos de computo y éstas serán consideradas como copias certificadas electrónicamente. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 12. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente, vía electrónica.

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