Rosa Elena Solano Pérez

Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Rosa Elena Solano Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. No se exhibieron documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia por desistimiento del juicio de amparo. Vista la diligencia de desistimiento, por la que la quejosa********************se desiste del presente juicio constitucional. Al respecto, debe indicarse que el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra catalogado como una causal de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el mismo, por lo que lo anterior implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional. Por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el desistimiento sea ratificado por éste ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En el caso, se tiene que ********************, manifestó su desistimiento de la tramitación del presente juicio de amparo, tal como se constata con la diligencia de desistimiento de veintidós de noviembre del año que transcurre, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que la parte promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. Así, debe entenderse que la quejosa expresó y ratificó ante la presencia judicial su desistimiento de la acción constitucional, lo que actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, dejándose sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, TRECE HORAS CON SEIS MINUTOS DE LA PRESENTE DATA. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 387, del apéndice 217-228 cuarta parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Designa defensor público. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de seis de octubre del año que transcurre, informa que fue designada de manera provisional, la licenciada Martha Ramírez Altamirano, para que asista a la quejosa Rosa Elena Solano Pérez en el presente juicio de amparo. Se requiere protesta de cargo. En consecuencia, requiérase a la licenciada Martha Ramírez Altamirano, por conducto del Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días legalmente computado a partir de que sea notificada, acepte y proteste el cargo conferido; lo que podrá efectuar a través de escrito firmado electrónicamente, acompañando para tal efecto copia de su credencial oficial y vigente o de manera personal en formal diligencia en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá informar con la anticipación debida el día en que el sistema le arroje la cita y el QR respectivo para que pueda ingresar a este recinto judicial, a fin de estar en posibilidad de preparar la diligencia correspondiente, en virtud de que el horario presencial de trabajo es limitado. Apercibida que en caso de no hacerlo o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la fracción I del artículo 237 en relación con el diverso 259, ambos Ley de Amparo. ( Se ordena correr traslado a defensora. Finalmente, se ordena correr traslado con copia de la demanda de amparo y anexos de la misma a Martha Ramírez Altamirano, para que asista a la quejosa Rosa Elena Solano Pérez, en el presente juicio de amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE y se señalan las TRECE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Notifíquese; y, personalmente a la defensora pública Martha Ramírez Altamirano. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de octubre de dos mil veintiuno. Designación de Defensor Público. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgados mediante auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad con que contaba la quejosa, para que nombre a un abogado con cédula profesional para que la represente en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, y dado que la quejosa Rosa Elena Solano Pérez (quien se encuentra privada de su libertad), no nombró abogado que la represente en el presente asunto, aun cuando no solicitó expresamente que le sea designado un defensor público, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, este Juzgador estima procedente que se le designe un defensor público para hacer uso de manera efectiva su derecho humano de acceso a la justicia, durante el trámite de este juicio constitucional. Apoya a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Tesis aislada I.1o.P.46 P (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "ASISTENCIA JURÍDICA. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE COADYUVAR CON EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD A FIN DE QUE SE LE DESIGNE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA HACER USO DE SU DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si el inconforme acude a la instancia constitucional para exigir la reparación de un derecho subjetivo que estima le fue violentado y, para ello, solicita la designación de un defensor público que lo asista en el juicio, e invoca como fundamento de la petición su particular condición jurídica -que se encuentra privado de su libertad personal-, el Juez de Distrito, a efecto de que el quejoso pueda hacer uso de su derecho humano de acceso a la justicia, debe coadyuvar a proveerlo de los elementos necesarios y remitir su petición a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública para que, acorde con su normatividad interna, determine lo que en derecho corresponda. Esto, porque si bien no sería prudente imponer al juzgador la obligación de realizar directa e inmediatamente dicha designación, la condición de privación de la libertad del accionante y, en el caso, el hecho de haber presentado la demanda de puño y letra, además de no haber efectuado ninguna autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, justifican la cooperación del Juez, a fin de que goce de una óptima defensa y asesoría durante el trámite del juicio constitucional. Máxime que ni aun en suplencia de su queja podría alcanzar la seguridad jurídica que la real asistencia de un profesional en derecho le podría reportar, pues a pesar de que esa institución de derecho obliga al juzgador a analizar las cuestiones no propuestas, no significa que esté legitimado para cambiar los elementos fundamentales del juicio y, mucho menos, que pueda gestionar en favor de la defensa de sus intereses jurídicos. No sólo porque no es ése el alcance legal de dicha figura jurídica, sino porque hacerlo, comprometería la objetividad e imparcialidad -importantes aspectos del derecho a un juicio justo- del juzgador, lo cual trascendería a la confiabilidad en el sistema de justicia; de ahí que la defensa de los intereses particulares del quejoso, sólo bajo las condiciones de hecho y de derecho señaladas, podría obtenerse a través de la debida asistencia legal de un profesional en derecho." Se estima además que en el caso, es el Instituto Federal de Defensoría Pública quien debe designar una persona para que asista a la parte quejosa; lo anterior, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), determinó que cuando el quejoso privado de su libertad no quiera o no pueda nombrar a un abogado que lo represente, el Juez de Distrito requerirá a la defensoría pública federal o local proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-; es decir, le brinda al Juez de Distrito la opción de designar a cuál de las instituciones recurrir; lo anterior, aunado a que del contenido de la ejecutoria que dio origen al citado criterio jurisprudencial, no se desprende en qué supuestos debe acudir a una o a otra, por lo cual queda al arbitrio del juzgador determinar a qué dependencia acudir. En consecuencia, toda vez que la tramitación del juicio de amparo es de índole federal, con independencia del procedimiento que le de origen, se estima que corresponde al Titular de la Delegación Regional Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, designar a una persona que represente a los quejosos en esta instancia constitucional. Al respecto, es menester destacar que dicho criterio fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 42/2020, de su índice, en sesión celebrada el ocho de octubre de dos mil veinte, derivado del juicio de amparo 596/2019, de la estadística de este juzgado federal. En ese sentido, gírese oficio al Titular de la Delegación Regional Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que dentro del plazo de tres días designe un defensor público para que asista a la quejosa Rosa Elena Solano Pérez en el presente juicio de amparo; y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que sea citado a aceptar y protestar el cargo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

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