Rosa Elena Sanchez Rolon

Expediente 960/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 33 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
960/2016
Año
2016
Actuaciones
33
Última actuación
23/01/2018

Partes del expediente

  • Rosa Elena Sanchez Rolon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, únicamente se concedió en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DEPURACIÓN, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió relativo al expediente laboral 365/2009; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente. Con el contenido del presente acuerdo, dese vista en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que el asunto se ubica en la hipótesis PRIMERA, contenida en la tabla de cuenta, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de DESTRUCCIÓN. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, DESTRÚYASE el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de DESTRUCCIÓN (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.

  3. Principal

    Por oficio con número de ingreso 29515, suscrito por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió copia certificada de diversa constancia. Mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó al quejoso el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y a la tercera interesada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubieran desahogado dicha vista. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J. 26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, adjuntó al cual remitió el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 45/2017, que confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución impugnada de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 365/2009 y; En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que se pronuncie sobre la procedencia o no de todas y cada una de las actuaciones y notificaciones materia del recurso de revisión interpuesto, en la inteligencia de que de estimar procedente dicho recurso respecto de alguna o algunas de tales actuaciones o notificaciones deberá analizar las mismas en orden cronológico, a la luz de los agravios expuestos en su contra, en congruencia con las constancias que integran los autos del expediente de origen, exponiendo de forma fundada y motivada las razones que le lleven a resolver como en derecho corresponda el recurso de revisión interpuesto. En el entendido de que deberá considerar que las notificaciones que hayan sido cuestionadas en el recurso de revisión, no pueden ser tomadas en cuenta prima facie, para tener por extemporáneo el recurso.". En atención al requerimiento realizado por este juzgado, mediante oficio número 280/2017-I, recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado y remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre del año en curso. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número 365/2009, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar sin efectos la resolución pronunciada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, que declaró improcedente el incidente de falta de competencia interpuesto por la parte quejosa, emitida en el expediente laboral 365/2009, y emitir una nueva en la que atendió los lineamientos de la ejecutoria, pues con libertad de jurisdicción dictó otra en la que se pronunció sobre las actuaciones y notificaciones materia del recurso de revisión interpuesto por la parte demandada; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice: Por oficio con número de ingreso 29515, suscrito por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió copia certificada de diversa constancia. Mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó al quejoso el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y a la tercera interesada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubieran desahogado dicha vista. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J. 26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, adjuntó al cual remitió el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 45/2017, que confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución impugnada de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 365/2009 y; En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que se pronuncie sobre la procedencia o no de todas y cada una de las actuaciones y notificaciones materia del recurso de revisión interpuesto, en la inteligencia de que de estimar procedente dicho recurso respecto de alguna o algunas de tales actuaciones o notificaciones deberá analizar las mismas en orden cronológico, a la luz de los agravios expuestos en su contra, en congruencia con las constancias que integran los autos del expediente de origen, exponiendo de forma fundada y motivada las razones que le lleven a resolver como en derecho corresponda el recurso de revisión interpuesto. En el entendido de que deberá considerar que las notificaciones que hayan sido cuestionadas en el recurso de revisión, no pueden ser tomadas en cuenta prima facie, para tener por extemporáneo el recurso.". En atención al requerimiento realizado por este juzgado, mediante oficio número 280/2017-I, recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado y remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre del año en curso. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número 365/2009, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al dejar sin efectos la resolución pronunciada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, que declaró improcedente el incidente de falta de competencia interpuesto por la parte quejosa, emitida en el expediente laboral 365/2009, y emitir una nueva en la que atendió los lineamientos de la ejecutoria, pues con libertad de jurisdicción dictó otra en la que se pronunció sobre las actuaciones y notificaciones materia del recurso de revisión interpuesto por la parte demandada; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento.

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