Rosa Elena Salazar Tostado

Expediente 1121/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1121/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad
  • Rosa Elena Salazar Tostado

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa a tres de diciembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos se advierte que en la demanda de amparo el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cristóbal Colón número 583 poniente, local 3, colonia centro de esta ciudad; asimismo, solicitó que sea a través del Sistema Electrónico (FIREL) se notifique al usuario ALFONSODELAROCHA todo lo relativo a la tramitación del juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, no obstante que el auto de catorce de noviembre del año en curso donde se desechó de plano la demanda, fue notificado a la parte quejosa en el domicilio señalado, a efecto de no vulnerar intereses de la parte promovente, notifíquesele también dicha determinación vía electrónica al usuario en cita. Culiacán, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. I. Promovente. Jesús Alfonso de la Rocha Gastélum quien se ostenta como apoderado de Rosa Elena Salazar Tostado. II. Formación del expediente. Visto el escrito de demanda presentada vía electrónica por Jesús Alfonso de la Rocha Gastélum quien se ostenta como apoderado de Rosa Elena Salazar Tostado, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado; fórmese el expediente físico y electrónico, asimismo regístrese bajo el número 417/2019. II. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En acatamiento a dicho precepto, se advierte que en la especie se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos que a continuación se exponen: El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada..." Los artículos 6° y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, establecen: 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta Ley lo permita. "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con esa disposición, el diverso 6° de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Asimismo, tratándose de escritos presentados en forma electrónica, el ordinal 3 de la Ley de Amparo señala: "3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." De igual forma, el acuerdo 34/2014 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), emitida por el propio consejo, en su artículo 2, fracciones XV, XVI y XVII, describe lo siguiente: "2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: [.] XV. FIREL: La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma Electrónica: Es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. XVII. Firmante: La persona física que utiliza su Certificado Digital de la FIREL para suscribir documentos electrónicos y, en su caso, mensaje de datos". Luego, como en el juicio de amparo la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, ello no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo aunque se presentó por medios electrónicos, no contiene la firma electrónica del promovente, entendida como tal el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del signante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control de manera que está vinculada únicamente a él; por lo que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como simple papel, en la que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer precisamente su rúbrica que vincule al escrito inicial de demanda con la voluntad exteriorizada de la parte quejosa, ya que la firma electrónica es el conjunto de símbolos que vinculan el escrito petitorio de amparo con la voluntad del que la promueve, circunstancia la cual obliga a las personas en todos los asuntos jurídicos presentados por la vía electrónica, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido de escrito en que la plasman. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, procede desechar la demanda de amparo al surtirse la causal de improcedencia que se plantea. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 79, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6° y 108, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. No obstante, se tiene como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda y autorizadas en los términos solicitados a las personas que se mencionan.

  3. Principal

    PRIMERO SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA

  4. Principal

    Agréguese el telegrama remitido por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el oficio 21809/2019 fue recibido el trece de noviembre del año en curso, mediante el cual se emplazó a juicio al tercero interesado.

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