Rosa Elena Ruiz Castro

Expediente 23/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
23/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Rosa Elena Ruiz Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil dieciséis. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el último párrafo, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías al Centro de Documentación y Análisis. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Así mismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, estando en audiencia pública Héctor Guzmán Castillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Irma Figueroa Aboytia, que autoriza y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, procedió a celebrar la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, señalada para esta hora y fecha en el presente juicio de amparo. Asimismo, la Secretaria hizo relación de las constancias de autos consistentes en los informes justificados de las autoridades responsables: 1.- Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado, residente en San Luis Río Colorado, Sonora (fojas 18 a la 38). 2.- Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado, residente en San Luis Río Colorado, Sonora (fojas 18 a la 38). A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables en cita. Abierto el período de pruebas, en el cual la Secretaria hace constar que las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado y Junta, residente en San Luis Río Colorado, Sonora, ofrecieron pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos, a lo que el Juez acuerda, ténganse por admitidas dichas probanzas y desahogadas sin más trámite, en atención a su propia y especial naturaleza; por lo que se procede a cerrar dicho período y se inicia la audiencia en su diverso de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló estos, por tanto se concluye el período en mención; acto seguido, se declaran vistos los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 23/2016-3A; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en catorce de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, remitido por razón de turno, a este Juzgado Federal, en dieciocho de enero del año en curso, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por el acto que a continuación se menciona: IV.- ACTO RECLAMADO.- La inobservancia en los plazos y términos estipulados en la Ley Federal del Trabajo en el procedimiento ordinario laboral con número de expediente 339/2015 tramitado ante la H. JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL NOROESTE DE SONORA". SEGUNDO. Garantías individuales. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringida en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. En dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo, la que se registró con el número 23/2016-3A; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le compete; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º., fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el "Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.", por tratarse de actos atribuidos a una autoridad, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Procedencia. Conforme a la técnica que impera en el juicio constitucional, en tratándose del ejercicio de la acción de amparo, sea que las partes lo aleguen o no, el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, en términos del último párrafo del artículo 73, de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de 1985, Parte VIII, que, a la letra, reza: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En mérito de lo anterior, el suscrito juzgador estima que el presente juicio deviene improcedente, por actualizarse, en la especie, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de señalar fecha para el desahogo de pruebas dentro del expediente 339/2015; ahora bien, el quince de diciembre del dos mil quince, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, fijándose en dicho proveído fecha para el desahogo de ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 37). En consecuencia, dado que la autoridad responsable emitió el pronunciamiento cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, resulta incuestionable que sería ocioso otorgar la protección constitucional solicitada por el impetrante, para el efecto de que se emitiera precisamente dicha determinación, por lo que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia que nos ocupa. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." No pasa inadvertido que conforme a la jurisprudencia citada, cuando el acto reclamado consiste en violación al derecho de petición, y de autos se advierte que la autoridad responsable emitió la respuesta cuya omisión constituye el acto reclamado, ésta es susceptible de combatirse en el mismo juicio de garantías; sin embargo, para que tal situación acontezca, es requisito indispensable que el impetrante amplíe su demanda. Tampoco pasa inadvertida la existencia de las jurisprudencias 2ª./J. 44/2007 y 2ª./J. 45/2007, cuyos rubros son: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS" y "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; sin embargo, del contenido de dichos criterios obligatorios deriva que son aplicables desde que se inicia el juicio laboral, hasta que éste concluye con el laudo respectivo o, en su caso, con el convenio correspondiente, mas no a la fase de ejecución. En virtud que fue abandonado dicho criterio con la siguiente jurisprudencia, 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, visible a página setecientos treinta y dos, que, a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.45/2007)". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 63, 65, 73, 74, 75, 76, 77 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ROSA ELENA RUIZ CASTRO, contra el acto reclamado a la autoridad que quedó precisada en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del considerando sexto de la misma.

  3. Principal

    SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL FIJADA PARA EL DÍA DE HOY Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    CON VISTA A LAS PARTES SE AGREGA EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y SE TIENE POR OFRECIDA LA PRUEBA QUE ACOMPAÑA EN APOYO AL MISMO.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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