Rosa Elena Román Ortega

Expediente 267/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
267/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Rosa Elena Román Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 92/2023-IV (orden 92/2023) del índice de este Órgano Jurisdiccional, por el que se encomendó notificar a la quejosa ********************, el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte que la misma fue notificada. Asimismo, téngase a la autoridad exhortada devolviendo la citada comunicación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al oficio de veintisiete de febrero del año en curso, de este índice, remite el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ********************de su índice, en el cual, se proveyó lo conducente sobre las pruebas ofrecidas y se procedió a señalar hora y fecha para que tenga verificativo el desahogo de dichas pruebas. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ********************, reclamó del Junta Federal Número Veintinueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, la omisión de resolver sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral ******************** de su índice. Ahora bien, del oficio de cuenta y las copias que anexa el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve Federal de Conciliación y Arbitraje, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que, los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que la autoridad responsable dictó un acuerdo el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, donde se acordó lo conducente a la admisión de las pruebas ofrecidas, por lo que se colige que, en lo que compete a la autoridad responsable, el peticionario de amparo ha quedado restituido en su derecho fundamental de acceso a la justicia. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se deja sin efectos. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 267/2023-IV. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: La omisión de resolver sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral ****. Tan es así que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes y en los conceptos de violación que hace valer, van encaminados a reclamar el acto descrito. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada contra el acto reclamado indicado con antelación. En otro sentido, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, y la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomo en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que exista alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida, que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, se tiene como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere en su escrito de demanda. Luego, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en ********************, es decir, fuera del lugar de residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de que notifique personalmente este acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio citado con antelación; asimismo, la requiera para que dentro del plazo tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibida que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual modo se faculta al Juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal, solicitando respetuosamente que desahogue la solicitud, remitiendo la totalidad de la comunicación oficial. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que indica. Luego, respecto de las pruebas que oferta el impetrante de amparo, consistentes en: La instrumental de actuaciones, consistente en las actuaciones que integran el expediente laboral *** y el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. En ese contexto, tocante a la prueba referida en el arábigo 2, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, por lo que hace a las pruebas enumeradas en los arábigos 1 resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo y se cuente con el informe de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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