Rosa Elena Rivera Barboza
Expediente 1117/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- Rosa Elena Rivera Barboza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México; a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Presidente de la República, por medio del cual solicita copia de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 289/2017. Atento a lo anterior, remítasele copia simple de dicha resolución. Aunado a lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante en representación del Presidente de la República, se INSTRUYE al personal encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", hacer los ajustes necesarios a efecto de habilitar la notificación vía interconexión a la misma y a partir de la presente determinación judicial ya se puedan notificar por dicho medio las determinaciones que por su trascendencia así lo requieran. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por acreditados como delegados de su parte a las personas que mencionan. Fundamento: Artículo 3, penúltimo párrafo, 9, párrafo primero y 31, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México; seis de octubre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Estado procesal. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad jurídica del actuario adscrito a este juzgado de dar cumplimiento a lo ordenado en la determinación de veintitrés de septiembre del año en curso, esto es, notificar su contenido a la parte quejosa, por los motivos expuestos en la misma. En tal virtud, y atendiendo a la imposibilidad que esgrime el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para llevarla a cabo; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena notificar por medio de lista, la determinación de veintitrés de septiembre dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aún las que deban ser de manera personal, hasta en tanto se señale domicilio en la Ciudad de México. Notifíquese; y por medio de lista el presente auto, así como el de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós.
- Incidental
Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta signada por el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, la determinación de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; en ese tenor, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que dicha resolución se le notifique por lista que se fije en el local de este Juzgado de Distrito y las subsecuentes notificaciones que deban ser en forma personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad para tal efecto. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: flavio.joffre.romero@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE ACUERDO, ASÍ COMO EL DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vistos; para resolver, los autos del juicio de amparo 1117/2020, promovido por Rosa Elena Rivera Barboza, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito electrónico recibido en la Oficina de Correspondencia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, Rosa Elena Rivera Barboza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia (fojas 2-26). SEGUNDO. Turno. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, mismo que la admitió a trámite; emplazó a las partes, solicitó los informes justificados de las autoridades responsables, dio intervención al Agente del Ministerio Público de esa adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley (fojas 35-38). TERCERO. Remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Con posterioridad, mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en atención al Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 , el juzgado de origen remitió el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que le diera el turno correspondiente (fojas 135-137). CUARTO. Turno y radicación en este juzgado. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 1117/2020; en ese acuerdo, se reconoció la validez de lo actuado, y se señalaron hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 140-142), la cual se llevó a cabo al tenor del acta que obra glosada en autos; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.2 SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes:3 La expedición, aprobación y promulgación Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en relación con los artículos señalados en la demanda. Cabe señalar que el decreto materia de reclamo se impugnó con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como autoaplicativo, dado que la parte quejosa estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por la política de Estado denominada austeridad republicana detallada en el citado decreto, dado que se trata de una jubilada del servicio público federal. A la precisión de actos que antecede es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS."4 CUARTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, así como del Presidente de la República, que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La expedición, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en relación con los artículos señalados en la demanda. Es importante mencionar que, tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."5 No existen más actos sobre los cuales calificar su existencia, por lo que se procede al estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes o advertidas de oficio por este juzgado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. Debido a ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. En primer lugar, se debe señalar que, aunque no haya un reclamo de forma destacada sobre todas y cada una de las disposiciones contenidas en el decreto impugnado, ni conceptos de violación encaminados a controvertirlas de manera específica, se hará el estudio correspondiente respecto de todas ellas, tomando en consideración que el cuestionamiento es respecto de la política de Estado denominada austeridad republicana establecida en dicho decreto. Hecha tal precisión, se debe señalar que las causas de improcedencia advertidas oficiosamente son las que a continuación se analizan. I. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (ausencia de interés jurídico) El juicio de amparo es improcedente en contra de todos los artículos que integran el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que, a saber, son los siguientes: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30, así como los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, para quedar como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con un segundo párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La causa que justifica la improcedencia del juicio en relación con las citadas disposiciones legales obedece a que, con su sola entrada en vigor, no produjeron perjuicio alguno en contra de la quejosa, dado que se trata de una Magistrada jubilada del Poder Judicial de la Federación, respecto del cual el decreto reclamado estableció un régimen de aplicación mediata y condicionada a la emisión de los acuerdos, manuales o circulares que habrán de emitir las autoridades administrativas correspondientes para su acatamiento. Dicho en otras palabras, si bien la parte quejosa es destinataria del decreto impugnado,6 lo cierto es que el diseño legislativo de las disposiciones que lo integran dejó a salvo el cumplimiento de éstas en favor de las autoridades ejecutoras de gasto de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las pertenecientes a los órganos constitucionales autónomos. Por esta razón, las disposiciones del decreto no son de aplicación inmediata para los servidores públicos de esos poderes y órganos autónomos, sino que, como se dijo, están condicionadas a la emisión de los actos administrativos de carácter general que al efecto elaboren estas instituciones por conducto de sus áreas técnicas y operativas. Se explica. El decreto combatido dio origen a la Ley Federal de Austeridad Republicana y modificó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De modo que estas tres leyes u ordenamientos son el material jurídico a que se refiere el decreto. El artículo 1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana establece que el objeto de este último ordenamiento es regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal, así como coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El propio artículo 1 establece que las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, en cambio, tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior, pone en evidencia que el legislador identificó entre los destinatarios de la norma dos regímenes distintos y diferenciados. Un primer régimen comprende a las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal, para quienes la Ley Federal de Austeridad Republicana es de aplicación directa e incondicionada. El segundo régimen comprende a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos para quienes la citada ley es de aplicación indirecta y está condicionada a la normatividad aplicable a cada uno de ellos cuando se les asignen recursos fiscales en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo. En este sentido, si la parte quejosa es un servidor público de uno de los poderes u órganos constitucionales autónomos comprendidos en el segundo régimen, es posible concluir que ningún perjuicio le generó la entrada en vigor del decreto combatido, puesto que respecto de los servidores públicos ubicados en dicho régimen las disposiciones de la ley se verán reflejadas a través de su normatividad interna (en vía de acuerdos generales, circulares o actos administrativos concretos) con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Por tanto, en el caso, es válido concluir que no se acreditó argumentativa ni probatoriamente el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio. En efecto, se estima que el tipo de interés que facultaría a la parte quejosa a combatir el decreto reclamado en este juicio es el jurídico -no el legítimo-, dado el carácter de jubilada del servicio público con el que se ostentó y demostró la parte justiciable, por lo que corresponde atender las condiciones para acreditar el interés jurídico que, en su caso, harían procedente el juicio de amparo. Es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades legislativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que de ordinario se identifica con la pretensión misma, por lo que debe ser analizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis con número de registro 2004008, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." 7 Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 61, fracción XII, de la ley de la materia, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio de amparo, se desprende que dicha disposición exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado. En otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por otro lado, de la reproducción precedente también deriva el concepto de interés legítimo introducido por el Constituyente Permanente. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. De lo anterior se infiere que, con independencia de lo que se conceptualice como interés jurídico o legítimo, el legislador constitucional estableció para la procedencia de la acción en vía de amparo, la existencia de una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En ese orden, quien ejerce la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho, individual o colectivo, que según su apreciación personal, se ve afectado por la actuación de las responsables y, precisamente por tal causa tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección Federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía o derecho fundamental que le otorga la Constitución y que alega ha sido infringido porque a su consideración, ha resentido un perjuicio, un menoscabo, o una ofensa en su esfera jurídica a un derecho reconocido por el orden jurídico, bien sea a un derecho propio, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Se advierte así, que quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho subjetivo que alega ha sido infringido por las autoridades, causándole con ello un perjuicio y un agravio a un interés que es propio y excluyente pues la norma lo protege de manera directa, por lo que tiene un derecho subjetivo derivado de la misma, o bien, se ostenta titular de un derecho objetivo, que supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De conformidad con los artículos 107, fracción I, constitucional y 5º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio, pues sólo éste puede acudir a la instancia constitucional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, subjetivo u objetivo; y, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona un derecho subjetivo propio, reconocido por el orden jurídico, o bien, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho subjetivo pero sí uno objetivo, esto es, la situación jurídica derivada del propio orden jurídico, es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En el caso, como fue precisado con antelación, la parte quejosa reclamó la expedición, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, con motivo de su sola entrada en vigor, esto es, como norma autoaplicativa. La improcedencia del juicio respecto del decreto mencionado se explica si se tiene en cuenta que, con su sola entrada en vigor, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa, habida cuenta que no fue acreditado de manera fehaciente con alguna de las pruebas permitidas por ley que la sola vigencia de las disposiciones que integran el decreto combatido le generó un perjuicio. Por el contrario, como se demostró al inicio de este considerando, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa podrá darse en todo caso al momento de ser aplicadas las disposiciones del decreto combatido, tomando en cuenta que por sí mismas no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de los mismos para que puedan verse afectados los intereses jurídicos de quienes se ubican dentro de sus supuestos normativos. Esto es así, pues, como se vio, la parte quejosa se ubica en el régimen que comprende a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos, para quienes en términos del artículo 1º de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la aplicación de las disposiciones que integran el decreto que dio origen a dicho ordenamiento son de aplicación mediata y condicionada. En efecto, en relación con los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, el citado artículo 1º estableció que deberán tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. En este sentido, la sola entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana no obligó a los Poderes Legislativo y Judicial, ni a los órganos constitucionales autónomos a su acatamiento, sino que estableció una remisión a los órganos de gobierno, de dirección o instancias administrativas internas para que ellas determinen el modo, términos y circunstancias en que habrán de acatarse el conjunto de disposiciones relativas a la política de Estado denominada austeridad republicana. El diseño legislativo del decreto impugnado corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa por su sola entrada en vigor, pues, como se dijo, el modo y términos en que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, deberán cumplir la Ley Federal de Austeridad Republicana no son inmediatos, sino que están condicionados a la emisión de las reglas, manuales, procesos y procedimientos que, en su caso, habrán de establecer las autoridades administrativas de cada uno de esos poderes y órganos autónomos. La Ley Federal de Austeridad Republicana es, pues, para los sujetos comprendidos en un régimen distinto al de la Administración Pública Federal, una "norma de remisión" por lo que no puede considerarse que su sola vigencia generó a la parte quejosa el interés cualificado exigido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo para reclamar en vía de amparo leyes con motivo de su sola entrada en vigor. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS."8 Así, conforme a lo señalado en la Ley Federal de Austeridad Republicana, corresponde a los órganos administrativos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, establecer la forma en que se dará cumplimiento al sistema de austeridad desarrollado en dicho ordenamiento, lo cual implicará en su caso la emisión de acuerdos, manuales o disposiciones reglamentarias que, con base en sus facultades legales, habrán de emitir las áreas correspondientes con el objeto de dar operatividad a lo señalado en dicha legislación. Debido a lo anterior, ante la falta de acreditamiento de interés jurídico de la parte quejosa, puesto que, como se expresó, no se encuentra demostrado en autos que la sola emisión del decreto cuestionado causó una afectación a la parte solicitante de amparo que le haya habilitado a reclamarlo como autoaplicativo, procede sobreseer en el juicio con fundamento en los artículos 61, fracción XII; 107, fracción I, inciso b); 5º, fracción I; en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; así como en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN."9 "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO."10 "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." La causa de improcedencia advertida hace improcedente el juicio de amparo en su totalidad; sin embargo, por razones de exhaustividad, se hará enseguida el estudio de una diversa causa de improcedencia que también se estima actualizada en este asunto. III. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia). Además de las razones apuntadas, es preciso reiterar que, aun y cuando no se reclamaron de manera aislada, sino como parte de la política de Estado denominada austeridad republicana, se hará pronunciamiento específico en relación con la naturaleza jurídica de los artículos cuya naturaleza no es autoaplicativa, sino que requieren de un acto concreto de aplicación para que su reclamo sea procedente en vía de amparo. Los artículos que en la consideración de este órgano jurisdiccional no son autoaplicativos y, por tanto, no pueden reclamarse con motivo de su sola entrada en vigor, son los siguientes: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (salvo la fracción IV), 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30, así como los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, para quedar como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con un segundo párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En cambio, los artículos que este órgano jurisdiccional considera que sí pueden reclamarse desde su entrada en vigor porque su naturaleza es autoaplicativa, son los siguientes: Artículos 16, fracción IV, 22 y el sexto transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana Respecto de estos últimos artículos, sin embargo, el juicio resultó improcedente en términos de este considerando, habida cuenta que, aunque su naturaleza es autoaplicativa, no fue acreditado que generaron un perjuicio a la parte quejosa por su sola vigencia, pues, se refieren al régimen previsto para todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Sobre este aspecto, no se soslaya que la parte quejosa con base en las probanzas que aportó al sumario, se advierte es jubilada del Poder Judicial de la Federación; empero, aun y con esa calidad no le da interés jurídico para controvertir las normas citadas en parágrafos precedentes, no obstante que éstas se refieren a: - La prohibición de contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro especiales; lo anterior, con excepción de aquellos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o Condiciones Generales de Trabajo; y, - A la prohibición para contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, el elemento de la individualización incondicionada no se encuentra presente, porque como se acotó líneas atrás, la parte quejosa no se ubica en el régimen previsto para todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal a cuyos sujetos van dirigidos dichos preceptos; es decir, al no formar parte de ese régimen su observancia y cumplimiento no es de aplicación inmediata e incondicionada. Ahora bien, la disposición legal que vincula a este órgano jurisdiccional a verificar la procedencia del juicio en función de la afectación a los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa cuando se reclaman leyes que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, se ubica en la última parte de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto legal transcrito, se desprenden tres hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: a. Cuando se impugnan actos que no afectan los intereses jurídicos del quejoso; b. Cuando se reclaman actos que no afectan los intereses legítimos del quejoso; y, c. Cuando se combaten normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso interesa el supuesto descrito en el inciso c), por lo que se procede a su estudio. Para ello, es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. . Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos constitucionales transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquellos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquellas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquellas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."13 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA)."14 En esa tesitura, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Lo anterior se corrobora en las tesis jurisprudenciales y aisladas 2a./J. 36/2008 (9ª), 2a./J. 153/2007 (9ª), 2a./J. 128/2002 (9ª), 2a. XCII/2002 (9ª) y s/n (7ª) (registro 232151), de rubros: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY."15 "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO."16 "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN." "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS."18 "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY."19 Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª) (registro 200276), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO."20 Cabe señalar que, el Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Informa lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 77/97 (9ª) (registro 196954), de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, la tesis aislada 2a. XVI/94 (9ª) (registro 206323) y la tesis s/n (registro 232029), cuyos rubros son: "ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE."21 "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE."22 Establecido lo anterior, se debe retomar que la parte quejosa reclamó la política de Estado denominada austeridad republicana, regulada, entre otros artículos, en los siguientes: Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (se exceptúa en este apartado la fracción IV), 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30, así como los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Artículos 7, con las fracciones X, XI y XII, recorriéndose la actual X, para quedar como XIII, y un segundo párrafo; 49, con una fracción X; 53, con un segundo párrafo; 59, con un segundo párrafo; 60 Bis; 63 Bis y 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los artículos señalados prescriben la austeridad republicana, entendida esta última como una conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Lo relevante al caso, sin embargo, consiste en determinar si por su sola vigencia y sin encontrarse sujeta a una condición posterior, es decir, a algún acto concreto de aplicación subsecuente, las disposiciones señaladas establecieron a la parte quejosa alguna obligación, prohibición o sanción cuyo obligatorio cumplimiento pueda ser suspendido o cancelado a través de una eventual concesión de amparo. Para dilucidar lo anterior, se propone acudir al siguiente esquema en el que se establece si las disposiciones son hetero o autoaplicativas en función de las reglas de procedencia del juicio de amparo; esquema que enseguida se muestra: .. A. Consideraciones sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Las disposiciones reproducidas de la Ley Federal de Austeridad Republicana y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son heteroaplicativas para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, se limitan a establecer directrices, funciones y regulaciones sobre la política de Estado que comporta la austeridad republicana. Algunas de dichas disposiciones están formuladas a modo de prohibición u obligaciones de hacer en relación con sus destinatarios; sin embargo, falta el elemento necesario que dispara la posibilidad de reclamarlas en función de su hetero o autoaplicatividad, a saber, la individualización incondicionada de la norma; aspecto cuya ausencia inhabilita al gobernado a impugnar una ley como autoaplicativa. El elemento de la individualización incondicionada no se encuentra presente en el caso por dos razones. Primero, porque la parte quejosa no se ubica en el régimen previsto para todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal; es decir, al no formar parte de ese régimen su observancia y cumplimiento no es de aplicación inmediata e incondicionada. Segundo, porque por su estructura deóntica, las disposiciones reproducidas solamente establecen directrices, funciones y regulaciones sobre la política de Estado denominada austeridad republicana; es decir, no impusieron obligaciones o prohibiciones que por su sola entrada en vigor hayan impactado en la esfera de derechos de la parte quejosa, sino que requieren de la existencia de una ulterior aplicación para que en su caso se produzca una afectación a alguno de los derechos tutelados por el orden constitucional. Cabe señalar que la imposibilidad de impugnar una ley como autoaplicativa no implica dejar al gobernado en estado de indefensión, dado que aún podría combatir las disposiciones una vez que se materialicen sus supuestos a través de un acto concreto de aplicación, siempre y cuando sea el primer acto en el que se actualicen tales extremos. B. Consideraciones sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Austeridad Republicana Ahora bien, las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 28 a 30 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, refieren hipótesis dentro del esquema del derecho administrativo sancionador que operan igual que normas de carácter penal. Al respecto, es necesario destacar que las normas del derecho administrativo sancionador, cuando contienen obligaciones de hacer o no hacer, están condicionadas a la realización de la conducta contemplada en la misma, la cual, una vez consumada, da base a la aplicación de la sanción respectiva. En este sentido, si las normas reclamadas definen y sancionan el incumplimiento de la política de Estado denominada austeridad republicana, es posible concluir que su sola vigencia no causó perjuicio alguno a la parte quejosa, puesto que requieren de la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que, en su caso, haría factible la procedencia del juicio de amparo promovido en su contra. En otras palabras, el legislador no creó en los citados numerales, ex profeso, infracciones administrativas o penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona determinada, sino que se emitió el supuesto jurídico cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, sino en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético y, por tanto, se sancione a una persona concreta. Por tanto, si en el caso la parte quejosa combatió los preceptos reclamados como autoaplicativos, y de sus propias manifestaciones se desprende que no existía un acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, ni se acreditó la existencia de alguno de ellos durante la tramitación de la misma, se estima que el juicio de amparo es improcedente respecto de dichos artículos, dado que es notoria su naturaleza heteroaplicativa y no hubo aplicación. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 162/2015 (10a.) y P./J. 72/2009, de rubros: "CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL." "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA."24 En razón de lo anterior, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. No se inadvierte que la parte quejosa tiene el carácter de jubilada sobre quien pudiera proceder la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, esta institución procesal atañe al fondo del asunto y no a la procedencia del juicio al ser éste un aspecto de orden público que no puede sortearse, aun y cuando se haga bajo el argumento de la suplencia de la queja, o bien, del derecho humano a un recurso judicial efectivo. Ciertamente, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Aunado a lo anterior, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos. De forma que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Son aplicables las jurisprudencias 380, con número de registro 1005178, 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), de rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."25 "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."26 "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."27 En atención al sobreseimiento decretado, no es factible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en contra de los actos materia del juicio, puesto que tales cuestiones involucran un estudio propio del fondo del asunto que, de suyo, es impracticable, dada la improcedencia del juicio. Es aplicable la tesis con registro 232302, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL."28 Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Elena Rivera Barboza. Notifíquese.
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