Rosa Elena Maldonado Flores

Expediente 1334/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1334/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Rosa Elena Maldonado Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de dieciocho de diciembre último, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe. secb

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** en contra de las autoridades y los actos que reclama, que hace consistir en lo siguiente: 1.- Del Cabildo del Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán: El acuerdo dictado el tres de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria de dicha Municipalidad, en la que, en el punto quinto se aprobó la cancelación de todas las constancias de propiedad dejando sin efectos jurídicos del predio de la ********************, ********************adjudicado en primera instancia a ********************y posteriormente a ********************y ********************, 2.- Del Presidente Municipal de Río Lagartos, Yucatán: Las instrucciones que giró al Director de Seguridad Pública de dicha localidad, a fin de recuperar el bien inmueble ubicado en el predio de la ********************, sin número de la localidad de Río Lagartos; y, 3.- Del Director de Seguridad Pública de Río Lagartos, Yucatán: El desalojo realizado el tres de diciembre del presente año, en el predio antes señalado. REGISTRO Vista la demanda de amparo de cuenta, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1334/2020-IV-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, no resulta posible la admisión de la demanda planteada, al existir jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía el catálogo de actos impugnables del Ministerio Público en la etapa de investigación ante el Juez de Control, a que se refiere el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que dicho recurso debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el Juicio de Amparo. Ahora bien, vista la demanda de amparo permite al suscrito advertir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, razón por la que se debe desechar de plano dicha demanda, en términos de lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Al respecto el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en sus artículos 60, 64 y 68 establece lo siguiente: "Artículo 60. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es la máxima autoridad jurisdiccional en materia contencioso-administrativa y de responsabilidades de los servidores públicos en el Estado de Yucatán. Contará con plena autonomía en el dictado de sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables. Artículo 64. Corresponde al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial, a través del Pleno, conocer y resolver lo siguiente: I. Controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública centralizada y los particulares; II. Controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública paraestatal del Estado y los particulares; III. De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales; IV. De los juicios que se promuevan en contra de los actos fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios; V. De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios en los recursos ordinarios establecidos por las Leyes y Reglamentos respectivos; VI. De los juicios de impugnación contra las resoluciones de responsabilidad por faltas administrativas sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos, en los términos de la Ley de la materia; VII. De los juicios de impugnación contra la resolución del recurso de revocación de la responsabilidad por faltas administrativas sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos, en los términos de la Ley de la materia; VIII. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija; IX. Del recurso de reclamación en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas; X. De los juicios que promueva la administración pública Estatal o Municipal o sus autoridades, para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular, provenientes de autoridades diferentes a este Tribunal. XI. Del incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y XII. De los demás juicios o procedimientos que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que las leyes consideren como competencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa". "Artículo 68. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señale las leyes aplicables en la materia". Asimismo, el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establece: "Artículo 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios". Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de dicha Municipalidad, el tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se aprobó se aprobó la cancelación de todas las constancias de propiedad dejando sin efectos jurídicos del predio de la ********************, ********************adjudicado en primera instancia a ********************y posteriormente a ********************y ********************; así como el desolojo de la quejosa, de dicho predio. Ahora bien, de la interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, es competente legalmente para conocer y resolver juicios contenciosos administrativos contra cualquier acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por la Administración Pública Paraestatal del Estado o de los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades, en agravio de personas físicas o morales. Asimismo, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, el suscrito estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por la Administración Pública Paraestatal del Estado o de los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del acto reclamado por la quejosa que lo constituye el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de dicha Municipalidad, el tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se aprobó se aprobó la cancelación de todas las constancias de propiedad dejando sin efectos jurídicos del predio de la ********************, ********************adjudicado en primera instancia a ********************y posteriormente a ********************y ********************; así como el desalojo de la quejosa de dicho predio, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Además, debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo; en estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la quejosa, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acuerdo del cabildo de Río Lagartos, Yucatán, reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se ejecutó en agravio de la promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque la quejosa no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad". De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, en la página 152, con número de registro 223170, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******************** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, localizable en la página 648, del Tomo IX, de enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en el escrito de demanda y como sus autorizados con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en dicho escrito, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXHORTACIÓN A LA TRAMITACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO PARA ENTABLAR COMUNICACIONES NO PROCESALES. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por el similar 25/2020, en relación con el periodo de vigencia, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. ORDEN DE FORMAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, en atención a la solicitud que realiza por cuanto hace a la devolución de documentos que anexó a la demanda de amparo, entréguense en su oportunidad a la parte quejosa por conducto de quienes señala, previa identificación oficial actualizada de la misma, a satisfacción de este Juzgado y recibo que deje en autos. Para lo cual, prevéngase a la parte quejosa, solicite una cita mediante la obtención del código "QR", el cual puede tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo señala el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo; lo anterior, a fin de que comparezca a este Juzgado Federal a recoger los documentos de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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