Rosa Elena Kirsch Sánchez

Expediente 690/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
690/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Rosa Elena Kirsch Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. El presente expediente es susceptible de ser destruido, no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la quejosa, el auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el que: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en contra del acto del Director General y Director Corporativo de Administración y Servicios, ambos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que se indica, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En cumplimiento a lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, empero, previamente debe señalarse que en el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta con encontrar un motivo de improcedencia, sino además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable, es decir, que de la simple lectura de la demanda, y en su caso de los documentos adjuntos a la misma, se advierta de manera clara, inobjetable, sin dejar dudas, que el amparo resulta improcedente, supuesto en el cual no es lógico que el Juez Federal admita a trámite un asunto ocioso para su resolución. De la lectura de los antecedentes, actos reclamados y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la promovente del amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables: La omisión de iniciar el procedimiento de jubilación solicitado por la trabajadora, aquí quejosa. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa II, del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, el acto aquí reclamado, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral generada por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, la omisión de iniciar el procedimiento de jubilación solicitado por la trabajadora, aquí quejosa, no es de autoridad, sino que se llevó a cabo dentro una relación obrero-patronal, pues en la misma demanda se aduce que el patrón pretende que trabaje o preste servicios más años, lo cual le causa agravio. De modo que, cualquier decisión adoptada por las personas señaladas como responsables, en su carácter de patrón, con motivo de la relación que guardan frente a la trabajadora, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este Órgano de Control Constitucional. Es decir, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto del cual se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: Las relaciones jurídicas de coordinación; Las de supra a subordinación; y, Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público el cual también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, la cual dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo dispone, por regla general, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese contexto, el término lingüístico "equivalente" consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de los señalados artículos 5, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer la calidad de autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. En suma, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la omisión de dar inicio al procedimiento de jubilación solicitado por la trabajadora, aquí quejosa, porque el patrón pretende que trabaje o preste sus servicios más años; pues la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes de acuerdo al vínculo laboral que existe entre la agraviada y las autoridades señaladas como responsables. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. Entonces, si en el presente asunto el acto reclamado consiste en la omisión de dar inicio al procedimiento de jubilación solicitado por la trabajadora, aquí quejosa; permite concluir que la misma se duele de un acto surgido de una relación de naturaleza eminentemente laboral; por tanto, dicho acto no encuadra en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Asimismo, como lo solicita la promovente, expídase a su costa copia certificada del presente acuerdo, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, previa toma de razón que de su recibo quede agregada en autos para constancia. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a la promovente."

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