Rosa Elena Jiménez Sosa
Expediente 429/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rosa Elena Jiménez Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa y terceros interesados no realizaron manifestación respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, en relación a la vista que se ordenó en proveído de 22 de febrero de 2023; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales en sentencia de 6 de enero de 2023, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Rosa Elena Jiménez Sosa, contra los actos que reclamó a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, y otra autoridad, que fueron los siguientes:???????? "1. Deje insubsistente la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente S.C.A./P/125/2018, en la que se resolvió infundado el recurso de queja interpuesto por la impetrante contra la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Vicefiscal General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en el expediente 015/2018. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la verifique un análisis oficioso de todos los elementos de prueba aportados a la indagatoria a fin de determinar si en la averiguación previa AP/ZN/CAN/01/02/472/3-2016, seguida en contra de la aquí tercera interesada Linda May Ambrosie por el delito de fraude, se actualizó lo establecido en el artículo 35 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, el cual contempla las hipótesis en las que se considera justificado decretar el no ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá tomar en consideración que la obligación de investigar los delitos recae en el Ministerio Público y no en la parte ofendida. En el entendido de que la autoridad responsable no puede variar el estudio realizado respecto de la prescripción de la acción penal, por ser favorable a la aquí quejosa." Por auto de 3 de febrero de 2023, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones de las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo En acuerdo de 22 de febrero de 2022, fue glosado el oficio firmado por la autoridad responsable magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la sentencia dictada el 16 de febrero de 2023, en autos del expediente S.C.A./P/125/2018, con el que dejó sin efectos la resolución de 26 de noviembre de 2020 y resolvió literalmente lo siguiente: "[.] en virtud de que aún faltan elementos para acreditar quien era el propietario del bien inmueble objeto del contrato de promesa de compraventa al momento de su celebración y partiendo de ello, concluir si a través de la mentira LINDA MAY AMROSIE indujo al error a ROSA ELENA JIMENEZ SOSA para obtener un lucro indebido. Por otra parte, del estudio realizado en el que se realizó la suplencia de la queja, RESULTAN ESENCIALMENTE FUNDADOS, en virtud de que el Ministerio Público, en cumplimiento de su obligación de investigar, no recabó los elementos de prueba necesarios para determinar quién era la propietaria del bien inmueble objeto del contrato de compraventa celebrado entre LINDA MAY AMBROSIE y ROSA ELENA JIMÉNEZ SOSA y así poder concluir si se acredita o no, el primer elemento del delito de fraude consistente en inducir al error a través de la mentira y en consecuencia, poder concluir también si la cantidad que se acredito con el ya estudio comprobante de transferencia puede considerar como un lucro indebido. En consecuencia, es procedente dejar sin efectos la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Vicefiscal General del Estado de Quintana Roo, combatida por esta vía, para que en su lugar dicte otra en la que realice lo siguiente:, tomando como referencia el análisis realizado en la presente sentencia, a efecto de que, una vez concluida integralmente, emita una nueva resolución en la que resuelva, de manera debidamente fundada y motivada, la citada Averiguación Previa Para lo anterior, deberá considerar: 1. Recabar elementos de prueba suficientes a fin de concluir si se acredita o no el primer elemento del delito de fraude. 2 Partiendo del resultado anterior, deberá concluir si con el comprobante de transferencia interbancaria, de 1 de abril de 2015, con CUENTA DE CARGO 60541312285 ROSA ELENA JIMENEZ SOSA 08926803 CUENTA ABONO 021691063300216204 LINDA MAY AMBROSIE IMPORTE $950.000.00M N., se puede estimar, o no, que se trata de un lucro indebido. 3. El estudio que esta Autoridad Judicial ya ha realizado del artículo 35 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, para ello deberá verificar si se actualizan o no lo previsto por las fracciones IV y V. En este orden de ideas, y con base en lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se RESUELVE:??????????? 1.- La parte recurrente probó su pretensión, por lo que se determina esencialmente fundado el Recurso de Queja hecho por Rosa Elena Jimenez Sosa ante esta Instancia; ll. - Se REVOCA la resolución recurrida en este procedimiento, por los motivos y fundamentos expuestos en el último Considerando de este fallo, para los efectos establecidos al final del mismo. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Como se ha visto, por acuerdo de 22 de febrero de 2023, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el contenido del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Por ende, es inconcuso que la autoridad acató los lineamientos del fallo constitucional ya que dejó insubsistente la resolución de 26 de noviembre de 2020, dictado en los autos del expediente S.C.A./P/125/2018 y dictó otra, en la que determinó fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, por lo que revocó la resolución recurrida en ese procedimiento, de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Vicefiscal General del Estado de Quintana Roo, para que en su lugar dicte otra en la que ordene remitir la indagatoria AP/ZN/CAN/01/02/472/3-2016, para el efecto de que el Ministerio Público continúe con la investigación de los hechos, tomando como referencia el análisis realizado en esa sentencia, a efecto de que, una vez concluida integralmente, emita una nueva resolución en la que resuelva, de manera debidamente fundada y motivada, la averiguación previa, para lo que deberá recabar elementos de prueba suficientes a fin de concluir si se acredita o no el primer elemento del delito de fraude. De tal modo, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el 16 de febrero de 2023. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa y por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese
- Principal
V- Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en atención a la ejecutoria de amparo, informa en qué términos dio cumplimiento a la misma y remite el copia certificada de la sentencia dictada el 16 de febrero de 2023. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexos de cuenta, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
V-Agréguese el oficio firmado por el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual, solicita la remisión del expediente S.C.A./P/125/2018, en tres tomos, así como un nuevo plazo para que cumpla con el requerimiento de 3 de febrero de 2023. Al respecto, como lo solicita, se ordena la devolución del expediente S.C.A./P/125/2018, en tres tomos, para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad ocursante, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cumplimiento al fallo protector de mérito; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se hará efectiva la medida prevista en acuerdo de 3 de febrero de 2023. Notifíquese.
- Principal
V-Toda vez que de la certificación precedente, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 6 de enero de 2023 por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente S.C.A./P/125/2018, en la que se resolvió infundado el recurso de queja interpuesto por la impetrante contra la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Vicefiscal General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en el expediente 015/2018. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la verifique un análisis oficioso de todos los elementos de prueba aportados a la indagatoria a fin de determinar si en la averiguación previa AP/ZN/CAN/01/02/472/3-2016, seguida en contra de la aquí tercera interesada Linda May Ambrosie por el delito de fraude, se actualizó lo establecido en el artículo 35 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo,7 el cual contempla las hipótesis en las que se considera justificado decretar el no ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá tomar en consideración que la obligación de investigar los delitos recae en el Ministerio Público y no en la parte ofendida. En el entendido de que la autoridad responsable no puede variar el estudio realizado respecto de la prescripción de la acción penal, por ser favorable a la aquí quejosa." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y en el diverso 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
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