Rosa Elena de la Cruz Frias

Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Rosa Elena de la Cruz Frias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" . En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que al momento de rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les atribuyen. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dos de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la presente data se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las responsables Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial; Directora de Obras Públicas y; Presidente Municipal, todas del Ayuntamiento del Municipio de Pénjamo, Guanajuato (a la vista de las partes en acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno). DIFERIMIENTO CONSTITUCIONAL En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. Notifíquese.

  3. Incidental

    ... CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidente Municipal de Pénjamo, Guanajuato y Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento, Ecológico y Territorial del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, al momento de rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda haya ofrecido el medio de convicción consistente en la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, dado que no se actualiza alguna en su favor que beneficie a las pretensiones de la parte quejosa. En tales condiciones, toda vez que el medio de convicción de la parte quejosa resulta insuficiente para desvirtuar tales negativas; de ahí que, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negarle la suspensión definitiva que solicita respecto de las citadas autoridades, por falta de materia sobre la cual decretarla. Sustenta al particular, las tesis siguientes: "Registro digital: 1012351 Instancia: Primera Sala Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 918 Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, página 1039 Tipo: Jurisprudencia INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tomo XIV, página 76. Amparo penal.-Revisión del incidente de suspensión.-Dupont Jerónimo.-4 de enero de 1924.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 4047/23.-Sierra Manuel de la.-8 de febrero de 1924.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3266/23.-Navarro Arnulfo.-8 de febrero de 1924.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XIV, página 1922.-Sánchez Vicente.-1o. de abril de 1924.-Unanimidad de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo 91/25.-Gaytán Juan B.-20 de febrero de 1925.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 237, Primera Sala, tesis 286." Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 2275 "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos". Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O'Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época Registro: 319729 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CV Materia(s): Común Tesis: Página: 1330 "SUSPENSIÓN, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes." Amparo administrativo en revisión 1391/50. Sociedad Cooperativa de Pescadores, "Mar de Cortés", S. C. L. 11 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Octavio Mendoza González. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Ahora, por cuanto hace a la autoridad responsable Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pénjamo, Guanajuato, fue omisa en rendir su informe previo pese a encontrarse enterada de su solicitud, como se desprende del acuse de recibo del oficio 10860/2021; por tanto, con apoyo en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. SEXTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que se ordene la paralización de la obra de construcción. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos de tracto sucesivo, que consisten en un hacer de la responsable, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción sucesiva, puesto que el avance de la obra, que según su dicho se realiza sobre una superficie afectada como servidumbre de paso, podría ocasionarle afectación en su esfera jurídica SÉPTIMO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Por lo que ve a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados se le podría causar molestia en sus bienes o derechos. OCTAVO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho- De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se precisa que no se encuentra satisfecho el presente requisito puesto que la parte incidentista no acreditó el interés suspensional para acceder a su concesión. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa no demostró que le asista algún derecho sobre el inmueble que dice goza de la servidumbre de paso que refiere se ve obstaculizada, pues fue omisa en exhibir algún medio de convicción para ello. Lo anterior es así, pues la parte quejosa únicamente refiere, bajo protesta de decir verdad, que el área en donde se va a realizar la construcción del estacionamiento sirve como servidumbre de paso para el acceso a su domicilio, ya que se encuentra enfrente de la entrada al inmueble de su propiedad y la misma se vería obstruida; sin que se haya aportado medio de convicción para evidenciar, si quiera de manera indiciaria, esa circunstancia. En efecto, en los casos en que se defiende algún derecho sobre un inmueble, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere dicho derecho, al menos de manera indiciaria, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Por tanto, era menester que demostrara, aún de manera indiciaria, el derecho que dice tener sobre el inmueble que se ve afectado por obstrucción de la servidumbre de paso que dicen beneficiarse; empero, se reitera, no demuestra el derecho que aduce transgredido, siendo que era necesario que lo probara, al menos de manera indiciaria. De ahí que, no queda acreditado, al menos de manera indiciaria, que la parte quejosa ostenta algún derecho sobre la servidumbre de paso que dice le sirve a su predio; sin que sea suficiente la manifestación, bajo protesta de decir verdad, en ese sentido, ya que del estudio integral de la demanda no se advierte que los actos reclamados se encuentren dirigidos a su persona. Cobra aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia III. 2o. A. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 46, tomo 52, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa". En esa guisa, se insiste, que es requisito para obtener la suspensión de la medida cautelar solicitada, además de la petición de parte agraviada, de que deriva de manera directa e inmediata para la existencia de un agravio, que también deba acreditarse el mismo, aún de manera indiciaria, esto es, el interés que le asiste para obtener la susodicha suspensión; lo que se traduce en la existencia de un derecho que se presuma vulnerado y que tal derecho esté relacionado y acreditado con el del aquí solicitante pues sólo así podría imputársele, precisamente, tal carácter para efectos de la suspensión. Sin embargo, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que, para acreditar el interés jurídico para obtener la suspensión definitiva, la parte quejosa debió acreditar la propiedad o posesión que ostenta sobre el bien que aquí defiende; lo cual no aconteció. Por tanto, si la parte quejosa no demostró la titularidad que dice le asiste sobre ese bien, se colige que no acreditó, ni aun de manera presunta, el interés jurídico para obtener la medida cautelar solicitada. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva, al no acreditar el interés jurídico que pretende proteger. Lo anterior en armonía a la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos trescientos nueve, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva". Tiene sustento a lo anterior, la tesis VIII.A.C.7 K del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, página 2742, de rubro y texto: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés." Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. Se niega a ***, la suspensión definitiva por las razones expuestas en los considerandos cuarto y octavo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios signados por las siguientes autoridades: 1. Directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial; 2. Directora de Obras Públicas y; 3. Presidente Municipal. -Todas del Ayuntamiento del municipio de Pénjamo, Guanajuato -. Misivas mediante las cuales rinden su respectivo informe justificado; en ese sentido, se tienen por rendidos los informes de mérito.1 Dese vista a las partes para que se impongan del contenido de los informes, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. DELEGADOS Y DOMICILIO Finalmente, téngase a las responsables designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indican, y señalando como domicilios para oír y recibir notificaciones los que refieren. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo2 Notifíquese.

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