Rosa Elena Cuellar Pérez
Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosa Elena Cuellar Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En otro orden, toda vez que se encuentran diversos documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba documental, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las trece horas con treinta minutos. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de diecisiete de junio de dos mil veintidós, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En otro orden, toda vez que se encuentran diversos documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba documental, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las trece horas con treinta minutos. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 460/2022-II-G. Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio ordinario civil 450/2016, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual requirió a la demandada, ahora quejosa, para que en cumplimiento a la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, hiciera entrega material y jurídica del predio urbano ubicado en calle ... apercibida que de no hacerlo, se procederá a su ejecución. Ahora, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, que plasma la quejosa bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, se desprende lo siguiente: 1. Ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se tramita el expediente 450/2016, relativo al juicio ordinario civil. 2. En el mencionado expediente con fecha quince de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia, misma que fue recurrida por la parte actora. 3. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, revocó la sentencia de primer grado. 4. En uno de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio de origen, requirió a la demandada, ahora quejosa, para que en cumplimiento a la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, hiciera entrega material y jurídica del predio urbano ubicado en calle Prolongación Juan Sarabia, esquina con calle Carrillo Puerto, colonia Vergel en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, se procederá a su ejecución. Auto que constituye el acto reclamado. Los antecedentes precisados revelan que el juicio ordinario civil 450/2016, que se tramita ante el Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Con motivo de lo anterior procede realizar el pronunciamiento que sigue: En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el Juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de decisiones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. Así, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o las que ordenan el archivo definitivo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia con el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." En efecto, cuando el acto que se reclame se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se haya ordenado el archivo, el juicio de amparo será improcedente. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias o laudos, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen al fallo que se pretende ejecutar. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva o laudo una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de aquellas decisiones, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En la especie, como se adelantó, se tiene que el acto reclamado consiste en el acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio ordinario civil 450/2016, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual se ordenó requerir a la demandada del juicio de origen, el cumplimiento voluntario de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que revocó la de primer grado, empero esta podrá, en su caso, ser reclamada conjuntamente con la última resolución que se dicte en ese procedimiento, pudiendo impugnarse entonces las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensas a la parte quejosa. En ese contexto, es inconcuso que la determinación reclamada no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos precisados por la Ley de Amparo; por tanto, es incuestionable que el amparo intentado es improcedente, porque los actos combatidos en este juicio de amparo no constituyen la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que no es una actuación en la que se haya tenido por cumplida la sentencia dictada en el juicio precisado, o bien, que determine la imposibilidad para su acatamiento, tampoco es aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que en el procedimiento de origen aún no se ha dictado la última resolución relativa a la ejecución de la sentencia, de ahí que el juicio de amparo promovido por Rosa Elena Cuellar Pérez, no sea procedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Lo anterior, tiene apoyo, en la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Así como la I.1o.C.20 C, visible la página 953, Tomo XV, febrero de 2022, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA..... No se inadvierten los argumentos expuestos por la parte quejosa en el capítulo denominado conceptos de violación, dentro de su demanda de amparo, en el sentido de que se encuentra en curso una denuncia al Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la que solicitó medida cautelar, sin embargo, de la constancia que adjunta únicamente se advierte la formulación de dicha denuncia y su recepción ante esa Comisión, en la que se precisó que una vez que la Secretaría Ejecutiva realice su revisión, se le informará sobre su trámite. En relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por .... Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Juan Ramón Vázquez Vitales, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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