Rosa Elena Chavez Gamez

Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
118/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Rosa Elena Chavez Gamez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Rosa Elena Chávez Gámez contra actos de la Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 118/2019-III-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece:. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia **** del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, de un estudio integral de la demanda de amparo, en la especie, la parte quejosa reclama del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria y otra autoridad, lo siguiente: La resolución de catorce de enero del año en curso, dictada en el toca 1/2019, en donde se confirmó el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano el incidente de acumulación del expediente 88/2016, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por María de Lourdes de Gorordo Arzamendi en contra de Rosa Elena Chávez Gámez, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, al diverso juicio sobre nulidad de escritura pública 698/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; y su ejecución. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, en relación con los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese sentido, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Precisado lo anterior, en el caso en concreto la parte quejosa reclama de la Sala responsable y del juez de los familiar - respectivamente - la resolución de catorce de enero del año en curso, dictada en el toca 1/2019, en donde se confirmó el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano el incidente de acumulación del expediente 88/2016, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por María de Lourdes de Gorordo Arzamendi en contra de Rosa Elena Chávez Gámez, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, al diverso juicio sobre nulidad de escritura pública 698/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; y su ejecución. Sin embargo, tales actos no son de aquellos que se consideran de imposible reparación, ya que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, pues versan sobre un derecho adjetivo o procesal, amén de que no se le impide mantener una participación activa dentro de los controvertidos de origen. Cierto, la determinación que en esta vía se reclama y su ejecución, no vulneran algún derecho sustantivo de la impetrante, pues no le restringe su derecho a defenderse tanto en el juicio sobre nulidad de escritura pública, así como en el diverso juicio reivindicatorio. Al respecto, debe indicarse que dichos actos reclamados no afectan directa o inmediatamente derechos sustantivos, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, ya que lo que se reclama no es un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si las resoluciones que recaigan a los negocios principales le resulten favorables a sus intereses, pero, en caso contrario, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones en el amparo directo que, en su caso, intente contra la resolución que ponga fin al juicio. Bajo ese panorama, es incuestionable que los actos que reclama la parte quejosa - resolución de catorce de enero del año en curso, dictada en el toca 1/2019, en donde se confirmó el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano el incidente de acumulación del expediente 88/2016, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por María de Lourdes de Gorordo Arzamendi en contra de Rosa Elena Chávez Gámez, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, al diverso juicio sobre nulidad de escritura pública 698/2018, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; y su ejecución -, no pueden considerarse que sean de imposible reparación para poder ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dichos actos reclamados no afectan de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo de la promovente, al ser susceptible de trascender o no al resultado final -sentencia-. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución, que no pudieran ser reparadas, lo cual no ocurre tratándose de la resolución reclamada, pues se reitera que ésta incluso puede ser reclamada de forma conjunta con la sentencia que resuelva en definitiva los juicios de origen. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Rosa Elena Chávez Gámez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Federico Benítez Cruz, en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto, por así solicitarlo expresamente la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. PROVEÍDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Agréguese a estos autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el Actuario Judicial adscrito, informa las razones por las que no estuvo en posibilidad de notificar personalmente a la parte promovente, Rosa Elena Chávez Gámez, el proveído de ocho de febrero del año en curso; por tanto, se provee: Dado que, de un análisis del contenido de la razón actuarial, se desprende que el domicilio proporcionado por el promovente resulta inexacto, de ahí que, conforme el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo , procede notificar el auto de ocho de febrero en curso, así como las actuaciones que se generen en el presente asunto, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto el impetrante de amparo señale algún domicilio para ese efecto.

  3. Principal

    MESA III NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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