Rosa Elda Rodriguez Hernandez (Apoderada)

Expediente 1044/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1044/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Rosa Elda Rodriguez Hernandez (Apoderada)

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la quejosa Rosa Elda Rodríguez Hernández, no desahogó el requerimiento que le fue formulado por esta autoridad en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que: a) Manifestara, bajo protesta de decir verdad, si acudía a la presente instancia constitucional a promover únicamente por propio derecho o también en nombre y representación de la moral Universidad Metropolitana de Monterrey, Sociedad Civil, toda vez que a su escrito inicial de demanda de amparo, anexó copia certificada del instrumento notarial número setenta y ocho mil novecientos noventa, de once de abril de dos mil dieciséis, expedido por el Notario Público número Uno, de la ciudad de Puebla, del cual se advierte que la referida moral le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de administración en materia laboral; y, b) Indicara, bajo protesta de decir verdad, a qué autoridad le atribuye la omisión de acordar las peticiones que tilda de inconstitucional, en su capítulo respectivo a los actos reclamados y, cuales son las fechas de los escritos que no se han contestado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1044/2017-B. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II y su penúltimo párrafo, en relación con el diverso 108, fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, dé cumplimiento con lo siguiente: a) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si acude a la presente instancia constitucional a promover únicamente por propio derecho o también en nombre y representación de la moral Universidad Metropolitana de Monterrey, Sociedad Civil, toda vez que a su escrito inicial de demanda de amparo, anexó copia certificada del instrumento notarial número setenta y ocho mil novecientos noventa, de once de abril de dos mil dieciséis, expedido por el Notario Público número Uno, de la ciudad de Puebla, del cual se advierte que la referida moral le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de administración en materia laboral; y, b) Indique, bajo protesta de decir verdad, a qué autoridad le atribuye la omisión de acordar las peticiones que tilda de inconstitucional, en su capítulo respectivo a los actos reclamados y, cuales son las fechas de los escritos que no se han contestado. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa señala como acto reclamado las órdenes de detención, presentación y aprehensión, presuntamente dictadas en su contra; sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que "también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante". Aunado a que a la demanda de garantías, la parte quejosa no adjuntó documental alguna de la que pudiera advertirse la falta de acuerdo a las peticiones de que se duele. Así pues, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para hacer un estudio correcto de la demanda de amparo, pues no se tiene la certeza de la naturaleza del acto reclamado que se pretende combatir. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108 fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por Rosal Elda Rodríguez Hernández, y no por conducto de las personas que autorizan en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a René Méndez García, al haber acreditado contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Y, en términos restringidos a Carlos Serrano Pérez, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, respecto de la petición del ocursante en el sentido de que le sea devuelto el instrumento con el cual acredita su personalidad en la presente instancia constitucional; al respecto, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se acuerde lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la presente demanda de amparo.

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