Rosa Elda Crespo Torres
Expediente 760/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Elda Crespo Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y que carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 760/2021, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Seguidamente el secretario da cuenta con las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda, acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda; notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado de las responsables. Asimismo, se informa que ha fenecido el término concedido al quejoso en auto de veintitrés de junio del presente año para que ampliara su demanda respecto de la contestación emitida por la autoridad responsable, Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto. Acto seguido, el secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar y toda vez que feneció el término que se le concedió a la parte quejosa en proveído de veintitrés de junio del presente año, para que ampliara su demanda respecto del acto señalado, sin que haya hecho manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo, por lo que este asunto se resolverá por los actos reclamados señalados inicialmente en la demanda de amparo. Abierto el período de pruebas el secretario da cuenta con las documentales remitidas en su informe justificado por la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, así como la documental, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por la quejosa en su escrito de demanda. El secretario encargado del despacho acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la Secretaría da cuenta con el alegato ministerial 332/2021 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone solicita se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal, o en su caso, se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el secretario encargado del despacho acuerda: se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de cuenta, para ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 760/2021-III, promovido por Rosa Elda Crespo Torres, contra actos de la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (en su correcta denominación) y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, Rosa Elda Crespo Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Directora del Catastro, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Director General, todos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, así como solicitar a las autoridades responsables su informe justificado. Tercero. Vista de ampliación de demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán a lo solicitado; sin embargo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna en lo que concierne a la vista otorgada, por lo que mediante acta que antecede, se determinó que este asunto se resolverá únicamente por los actos reclamados de manera primigenia. Previo diferimiento, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en el acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General Número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos que carecen de ejecución pero presentado ante este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La omisión de dar contestación a su escrito de uno de marzo de dos mil veintiuno. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Director General ambos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán negaron los actos reclamados. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto del acto reclamado lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. En esas condiciones, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. La Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto al rendir su correspondiente informe con justificado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, de su informe justificación se advierten diversas manifestaciones que evidencia su certeza, por lo que se tiene por existente. Quinto Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto del acto que reclama la parte quejosa consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su solicitud de uno de marzo de dos mil veintiuno, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La casual de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si hubiera concedido el amparo. En efecto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su solicitud de uno de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, se considera actualizada esta causal toda vez que de las copias certificadas remitidas por la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, autoridad responsable, a las que este órgano de control constitucional les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio número INSEJUPY/DCAT/PROC/342/2021, de doce de mayo de dos mil veintiuno, se dió respuesta al escrito de uno de marzo de dos mil veintiuno el tres del mismo mes y año; contestación que le fue notificada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el seis de mayo de dos mil veintiuno. En las relatadas consideraciones, resulta incuestionable que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de dar contestación a su solicitud de uno de marzo de dos mil veintiuno presentado el tres del mismo mes y año, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que dio contestación a dicho memorial, y lo hizo del conocimiento de la parte peticionaria del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que obste a lo anterior, que no se haya emplazado a la tercera interesada señalada en la demanda de amparo, toda vez que dado el sentido de la presente resolución no le causa perjuicio alguno. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosa Elda Crespo Torres, en contra de la Directora del Catastro, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Director General, todos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte, que se encuentra transcurriendo el término que se le dio a la parte quejosa en proveído de veintitrés de junio de esta anualidad, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en lo que refiere al acto reclamado. Por tanto, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.Heidy
- Principal
AVISO-PARTE QUEJOSA. MESA III. Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, en el sentido que del informe justificado rendido por el Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se advierte el oficio INSEJUPY/DCAT/PROC/342/2021 de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, emitido en contestación a lo solicitado por la quejosa mediante Ahora bien, en términos del artículo 111, en relación con el diverso artículo 17 de la Ley de la Materia, requiérase a la quejosa Rosa Elda Crespo Torres, para que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la citada autoridad a lo solicitado, y en su caso, exhiba las copias necesarias de su escrito para correr traslado a las partes, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, el presente asunto se resolverá únicamente respecto del acto señalado de manera primigenia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas del veintidós de julio de dos mil veintiuno. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.(.)
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