Rosa Elba Garcia Hernandez

Expediente 1186/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1186/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Rosa Elba Garcia Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI.- ....se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, para ser considerado de relevancia documental, jurídica e histórica. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en el punto décimo primero del referido Acuerdo, una vez hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, con base en los puntos vigésimo y vigésimo primero del ordenamiento en cita, una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, el Centro de Documentación y Análisis, procederá a su destrucción.....

  2. Principal

    MESA VI.-...Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por **************... CSH

  3. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1186/2019-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la jurisprudencia, I.13o.A. J/6, sustentada por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en:  La omisión de la autoridad responsable en dictar auto de requerimiento de pago y embargo solicitado mediante escrito presentado en siete de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral *****. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 , en relación con el artículo 107 , fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Sobre la base expuesta, es evidente que los actos de procedimiento que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que la promovente reclama actos que no le producen de manera directa una afectación de algún derecho fundamental, ya que no causan un perjuicio a sus derechos personales (propiedades, posesiones o derechos), lo anterior en virtud de que el acto reclamado en esencia consiste en la omisión de la autoridad responsable en dictar auto de requerimiento de pago y embargo solicitado mediante escrito presentado en siete de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral *****. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, el acto que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En los términos expresados, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo juicio laboral: omisión de la autoridad responsable en dictar auto de requerimiento de pago y embargo solicitado mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral ****. Aunado a que no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; toda vez que la supuesta omisión de la autoridad responsable en dictar auto de requerimiento de pago y embargo solicitado mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral ****, fue reclamada mediante amparo indirecto ante este juzgado, en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, de lo cual se advierte que únicamente han transcurrido veinte días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de cuarenta y ocho horas que tiene la autoridad para acordar promociones. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." (Lo resaltado no es de origen) En razón de lo anterior, si de lo manifestado por la parte quejosa en su demanda se advierte que el siete de agosto de dos mil diecinueve, presentó ante la responsable un escrito en el que solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, y a partir de esa fecha la autoridad responsable tenía un término de cuarenta y ocho horas para dictar el acuerdo correspondiente; entonces, dicho término feneció el nueve de agosto de dos mil diecinueve. Por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (veintinueve de agosto de dos mil diecinueve) sólo han transcurrido veinte días naturales de dilación. Cabe agregar, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la junta responsable debió legalmente pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que se establece en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que un juicio permanezca inmóvil. Dicho precepto establece un lapso de cuarenta y cinco días naturales para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y además resulta un referente útil, en el presente caso, para determinar cuándo debe considerarse configurada una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas con cuatro minutos, décima época, registro 2019400, Materias Común, Laboral, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo no denota una abierta dilación. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *****. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y por autorizados para los efectos que refiere a las personas que designa, por ser la quejosa la parte trabajadora en el juicio laboral. Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iliana Fabricia Contreras Perales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Ana María Jiménez Rivera, quien autoriza y da fe.

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