Rosa Dilia Carranza Gonzalez
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa Dilia Carranza Gonzalez
- Juan Cristobal Ortega Alcantar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo II-300/2021-D, pues transcurrió del treinta de agosto al diez de septiembre del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez dentro del juicio de amparo 300/2021-D, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49 Una vez que se cumplan los tres años del periodo de 7conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, las documentales que allegó al presente asunto, misma que obran en dos tomos de pruebas, así como un disco compacto, lo anterior, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como obra un documento original exhibido por la parte quejosa, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido. Notifíquese por lista, personalmente al quejoso y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe. Monse Razón.- En esta fecha se giraron los oficios 14537 y 14538 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste. Leonardo Rojas Barragán 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 06/10/23 14:30:49
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROSA LILIA CARRANZA GONZALEZ EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ A NOTIFICARSE ANTE EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CITADA RESOLUCIÓN, COMO SE LE COMUNICÓ EN EL CITATORIO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL FUE RECIBIDO EN SU DOMICILIO POR LA PERSONA QUE SE INDICA; LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. DOY FE.
- Principal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: Jueza Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar: Los autos de cinco y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictados dentro del juicio especial oral familiar 109/2020, en los cuales se fijaron convivencias provisionales vía electrónica, entre el padre y los menores. Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar: La ejecución de los proveídos de cinco y veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Tercera. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables consistentes en los autos dictados el cinco y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial oral familiar 109/2020, en los cuales se fijaron convivencias provisionales vía electrónica, entre el padre y los menores. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable ordenadora, consistente en copias certificadas del expediente 109/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el presente caso las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia ni este juzgador, de oficio, advierte la existencia de alguna de ellas; lo conducente es realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En primer término, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Lo anterior,, atendiendo a que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone la obligación de los jueces y magistrados, de suplir en forma total la queja deficiente, cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos de familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior quiere decir que, con independencia de quién comparezca a solicitar la protección constitucional, tratándose de controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, constituye obligación de los juzgadores de amparo, velar y garantizar en todo momento la protección más amplia, a fin de proteger dichos intereses. Por otra parte, tratándose de menores, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo. Incluso a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3º, establece al respecto lo siguiente: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". Sustenta lo antes considerado, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Por ello, aunque a esta instancia comparece la madre de los menores Dilia Fernanda y Cristobal Uriel, de apellidos Ortega Carranza, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, quien tiene la custodia de los menores, contra la determinación emitida por la juez natural, en la que concedió decretar la medida precautoria solicitada por el tercero interesado Juan Cristóbal Ortega Alcantar y se estableció un régimen de convivencia de éste con sus descendientes, el cual comprende los días lunes, miercoles y viernes de las 19:00 a las 19:30 horas, de cada semana, a través de medio electrónicos ya sea por Skype, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio; por las razones asentadas anteriormente, el suscrito emprenderá el estudio del auto reclamado, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pag. 167, Novena Época, registro 175053: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así, en los conceptos de violación identificados como primero, segundo y tercero, la peticionaria de amparo se limita a mencionar que se violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, pero no menciona alguna razón por la cual ello ocurra; agregando que la orden de convivencia entre el aquí tercero y sus menores hijos constituye un tormento de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución. Tales manifestaciones se califican de inoperantes. Es así, porque en ellos la quejosa no controvierte eficazmente las consideraciones de los actos reclamados y únicamente se limita a transcribir fragmentos de los artículos 4º, 14 y 16 Constitucional. Es decir, no ataca las consideraciones contenidas en el auto reclamado, ya que se limita a hacer manifestaciones genéricas y abstractas, sin combatir de forma eficaz lo acordado por la autoridad responsable; de ahí que, ante esa deficiencia argumentativa, los conceptos de violación deficientemente expresados no puedan prosperar y por ende, resulten no aptos para que con fundamento en ellos se proceda a realizar el examen de la falta de constitucionalidad alegada. Se cita por tener aplicación analógica, la tesis aislada, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte, Pag. 73, Séptima Época, registro 239470, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES CUANDO NO COMBATEN LOS ARGUMENTOS DE LA SALA RESPONSABLE PARA. Si la Sala responsable considera que las pruebas aportadas en el juicio natural no son suficientes para acreditar la procedencia de la acción de pérdida de la patria potestad, fundada en las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, y manifiesta a mayor abundamiento, que no puede hablarse de abandono de los deberes del padre respecto de su menor hija, si la entrega de ésta se realizó de conformidad con el convenio de divorcio presentado por los cónyuges, por lo que no podía válidamente atribuirse al padre un abandono que implicara la pérdida de la patria potestad y la quejosa no combate estas consideraciones y, además, no existe violación manifiesta de la ley que la hubiera dejado en estado de indefensión, que ameritara suplir la deficiencia de la queja, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, segundo párrafo de la Constitución y 76 bis de la Ley de Amparo, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y, por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo ni resultan manifiestamente violatorios de la ley, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 32/2002-PL, estableció que aun y cuando para la procedencia del estudio de los conceptos de violación basta la causa de pedir, ello no implica que la parte quejosa se limite a realizar solo afirmaciones sin sustento o fundamento. En relación al tópico de la causa de pedir, el Máximo Tribunal del País ha establecido en diversas jurisprudencia que para que proceda su estudio basta que exista la causa de pedir; sin embargo, también señaló, que los recurrentes no deben limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, sino que al contrario, deben exponer las razones por las cuales estiman inconstitucional o ilegal los actos reclamados. De la ejecutoria del recurso de reclamación señalado, se originó y es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ubicada en el Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, registro digital 185425, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. No obstante la calificativa de los conceptos de violación, al estar involucrados los intereses de los menores Dilia Fernanda y Cristobal Uriel, de apellidos Ortega Carranza, este juzgador debe realizar un análisis oficioso de dicho acto. Sin embargo, en el caso, quien resuelve, considera que los actos reclamados no transgreden los derechos fundamentales de los menores quejosos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando en el caso la peticionaria del amparo y madre de los menores, invoca la protección en beneficio de los menores de edad. Para dar sustento a lo antes afirmado, se debe de establecer en primer término, que con relación al principio de interés superior del menor y su aplicación en casos concretos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 583/2016, ha establecido que es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal. Que esa interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico consistente en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, el cual ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En cambio, que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Con relación a su aplicación, en dicha ejecutoria se estableció que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado; por ello, que son los tribunales quienes han de determinarlo, haciendo uso de valores o criterios racionales. Que los criterios relevantes para la determinación del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, son los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, en dicha ejecutoria se indicó que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Se estableció también que la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro, son figuras complementarias entre sí y garantizan, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. Que la guarda y custodia, se debe entender como la acción de los padres de velar por sus menores hijos y tenerlos en su compañía, la cual forma parte de las funciones personales que -junto con las funciones patrimoniales- integran la patria potestad y que van dirigidas a asegurar el desarrollo pleno e integral del menor y que dentro de estas funciones personales (v. gr. la educación, la formación y la corrección de los hijos), la guarda y custodia es sin duda una de las de mayor importancia. Y que en un entorno de unidad familiar en el que los padres viven una vida en común, la guarda y custodia de los hijos se encuadra dentro del ejercicio dual de la patria potestad, es decir, ambos padres comparten su titularidad indistintamente, con lo que, naturalmente, se garantiza la relación personal y el contacto directo del menor con sus dos padres por igual. Sin embargo, ante el surgimiento de una crisis intrafamiliar que resulta en la separación material de los padres, la facultad de la guarda y custodia se desprende del ejercicio dual de la patria potestad y queda a cargo -por medio de convenio o resolución judicial- de uno de ellos. Por lo que se refiere al régimen de convivencia o derecho de visitas, indicó que se trata de una institución paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Se estableció que desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve, resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones personales de forma simultánea con ambos progenitores; por ello, que es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Que al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres; por ello, que cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Y que al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla; para hacerlo, el Juez de lo Familiar deberá tener en consideración diversos elementos, tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por ello, que bajo las anteriores consideraciones el Juez de lo Familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas y para hacerlo puede establecer que la convivencia entre los menores y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio (v. gr. cumpleaños, día del padre, día de la madre, etcétera); que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona, y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. No obstante lo anterior, en dicha ejecutoria también se indicó que aunque por principio, el contacto regular entre los menores y ambos progenitores es un elemento no sólo beneficioso sino esencial en el desarrollo de la personalidad del menor, también es un hecho que pueden llegarse a presentar situaciones excepcionalmente graves en las que la existencia de una relación familiar con uno de los progenitores puede resultar perjudicial para éste. Y que ante la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, el Juez de lo Familiar, mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia; resaltado que la simple pérdida de la patria potestad no es motivo suficiente para privar al progenitor sancionado del derecho de convivencia, pues el Juez de lo Familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida, de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor. En el entendido de que si determina dicha pérdida, pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia. De la ejecutoria antes referida, derivaron los criterios de tesis que a continuación se citan: Tesis aislada: 1a. CCCVI/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1051, Décima Época, registro 2004703, que dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR. Ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El legislador, teniendo en consideración lo anterior, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores en contextos de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones se encuentran la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad." Tesis aislada: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1063, registro 2004774, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Y la tesis aislada: 1a. CCCVII/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pag. 1064, Décima Época registro 2004775, que dice: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Bajo las anteriores consideraciones, este juzgador considera acertada la decisión de la a quo en establecer las convivencias ordenadas entre los menores y su padre, ya que en la contienda familiar de origen no existen elementos que acrediten que hay indicios de violencia. Así se considera, ya que en las convivencias que la juez de los autos decretó desde el cinco de marzo de dos mil veintiuno, precisó que atendiendo al interés superior de los menores involucrados, las convivencias deberían realizarse los días lunes, miércoles y viernes de cada semana en un horario de las 19:00 a las 19:30, a través de Skype, teléfono, correo electrónico o algún otro medio. Máxime que en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, la a quo desahogó la testimonial a cargo de Angélica María González Ortega, a quien de forma directa le preguntó (minuto 53:30 del primer archivo) si creía que existiera un peligro inminente que ponga en riesgo la vida de los menores si llegasen a convivr con su padre, quien contestó que no. Posteriormente, la fiscal adscrita al juzgado de origen (minuto 15:25 del segundo archivo) solicitó que se desahogue un estudio psicologico que sea practicado a los progenitores y a los hijos con el propósito de poder apreciar de forma objetiva la situación en las que se encuentran, y así poder ver lo referente a las convivencias de forma definitiva. Ante dicha petición, la jueza admitió la pericial psicológica y ordenó girar oficio a la Encargada del Departamento de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que proporcione un perito en la materia quien deberá atender los siguientes puntos: "(.) 7. Idoneidad de la convivencia en relación al padre no custodio; 8. Que determinee estado psicológico y emocional de las partes de este juicio y sus menores; 9. Que determine si existió violencia y quien de las partes fue el generador y en caso de ser afirmativo señale si se les causó algún daño emocional a sus menores de edad, derivado de dicha violencia; 10. Que determine si es necesario se determine un régimen de convivencia y si la mismas es en forma abierta o con horarios establecidos; 11. Cualquier otra circunstancia que resulte para la resolución de este juicio; 12. En su caso las recomendaciones. (.)". En conclusión, de las constancias que obran en autos no se advierte ni siquiera en forma indiciaria que el padre realice actos violentos en contra de los menores. De suerte que, al establecerse la convivencia de esta forma (vía electrónica), contrario a lo que alega la promovente del amparo, se preserva el derecho de los menores a ser cuidados y educados por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, en este caso con el padre, resguardando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlos de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, minimizando con esa forma de convivencia los riesgos de daños físicos, psicológicos o de contagio causado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) de los miembros involucrados en las controversias familiares ya que éstas serán por medios electrónicos y no físicamente. Aunado a lo anterior, debe decirse que a juicio del suscrito y conforme a todas las consideraciones establecidas en los párrafos que preceden, el derecho de convivencia se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia de los menores, en este caso la quejosa, por tratarse de un derecho humano, principalmente dirigido a éstos, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Ello, en atención a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias entre ambos progenitores y que cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo. Finalmente, resta señalar que tampoco son aptas para modificar el criterio que el suscrito asume en esta decisión, las manifestaciones que la quejosa realizó en su demanda, así como en la audiencia llevada a cabo por la responsable el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el sentido que sus menores hijos han manifestado expresamente que no quieren convivir con su padre. Lo anterior, en primer lugar porque dichas manifestaciones no las hicieron los menores; y en segundo lugar porque existen diversos criterios en los que se ha establecido que la opinión de los menores en los procesos jurisdiccionales no es un factor determinante al momento de resolver y que por ello, debe ponderarse junto con todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención. Por ello, este juzgador comparte el criterio asumido por la jueza natural, en el sentido que no existe impedimento para que las convivencias se desarrollen en la forma en las que las decretó, dado que aún no se desahogan las pruebas periciales en psicología que ordenó la responsable en audiencia de ocho de diciembre de la anualidad pasada (foja 85 del tomo de pruebas I) tanto en ambos padres como en los menores, a efecto de determinar no solo la aptitud de los progenitores para detentar la custodia de los infantes, sino para descartar que los menores estén siendo alienados. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.71 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, Civil, Décima Época, Registro 2019069, que dice: "CONVIVENCIAS PATERNO-FILIALES. LA OPINIÓN DEL MENOR NO DEBE ACATARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES QUE DILUCIDAN SU RÉGIMEN, SINO QUE DEBEN PONDERARSE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se concluye que el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin que lo anterior signifique que deba acatarse indefectiblemente ésta en los procesos jurisdiccionales que dilucidan el régimen de convivencias paterno-filiales ya que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención." En tales condiciones, al considerarse infundado los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamó en un inicio a la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, y ahora a la Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Rosa Dilia Carranza González, por sí y en cuanto representante legal de los menores D.F.O.C. y C.U.O.C., contra el acto reclamado a la Jueza y Actuaria adscritas al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, por las razones expuestas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada Juan Cristóbal Ortega Alcantar por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 23 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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