Rosa Didia Rachet Marquez

Expediente 1543/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1543/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Rosa Didia Rachet Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Rosa Didia Rachet Márquez, con cinco copias que acompaña; mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado por proveído de seis de diciembre del año en curso. Ahora bien, vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; en consecuencia, en el presente caso, se estima que la demanda de amparo debe desecharse al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que la aleguen las partes o se advierta en forma oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de la Materia. En el caso concreto, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Segundo del Ramo Civil del Estado, lo siguiente: ? La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, con suspensión del procedimiento, respecto de la notificación del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario civil por desocupación 670/2022. Asimismo, resulta pertinente señalar que, en tal determinación de trece de septiembre del año en curso, se tuvo a la parte demandada, aquí quejosa, contestado la demanda entablada en su contra y, se decretó la apertura del juicio a prueba dentro del procedimiento natural. De lo anterior relatado, se advierte que dicho reclamado no afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en los derechos fundamentales, pues no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos. En esa virtud, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción V, pues la resolución reclamada en el juicio natural, es de las consideradas como una violación de carácter adjetivo, que no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, ya que dicho acto se ubica en la etapa del trámite, por lo que es inconcuso que el acto combatido no afecta derechos sustantivos sino intraprocesales, y será en la resolución definitiva que emita el juez primario, donde podrá determinarse si se causa perjuicio a sus intereses, o en su caso, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el juicio natural, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del recurso que en su caso sea procedente, o en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que se emita en segunda instancia, en el caso de que éste también le sea desfavorable. Asimismo, debe precisarse que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional, sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo que, previo a exponer los motivos que sustentan tal determinación, cabe precisar que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte;..." Cómo se ve, a partir del tres de abril de dos mil trece, la Ley de Amparo proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. De la literalidad de dicho artículo se obtiene, que el legislador determinó que por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto solo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada, no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, es que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio, solo debe presentarse cuando estos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado; es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal o adjetiva. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquellos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el libro 6, de mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, apoya a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Además, como se hizo referencia, en caso de que el juicio natural se resolviera de manera favorable a los intereses de la parte quejosa, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso interpusiera contra el fallo respectivo, e inclusive, mediante el juicio de amparo directo que promoviera en contra de la sentencia definitiva, en la cual podrá hacerla valer como violación procesal en términos del numeral 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevé expresamente al desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones, siempre que se hayan reunido las condiciones para ello, previstas en el artículo 171, ibídem. Lo anterior así se considera en virtud de que en los casos en que se conceda el amparo en la vía directa por una cuestión de fondo, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla, en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación procesal que afectó sus defensas y trascendió al resultado del fallo. Lo hasta aquí expuesto permite establecer que la interlocutoria que se dicta en un incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Apoya lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 806,634, Quinta Época, Tomo: XC, página 2597, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA. Las resoluciones dictadas en los incidentes de nulidad de actuaciones, cuando éste no prospera, no constituye causa de ejecución real e irreparable en las personas y en las cosas, sino que sólo pueden originar violaciones substanciales del procedimiento, que deben reclamarse hasta que sea dictada la sentencia definitiva.". Asimismo, cobra aplicación la tesis emitida por la misma instancia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 358,747, Quinta Época, Tomo: XLVIII, página 3501, del siguiente tenor: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, NATURALEZA DE LOS (NULIDAD DE LO ACTUADO).- Para que un acto en el juicio, se considere como de ejecución irreparable, debe llenar estos dos requisitos: que entrañe ejecución, pero no ejecución en sentido genérico, sino una ejecución real, efectiva, material, en las personas o en las cosas; y que esa ejecución sea irreparable, es decir, que consumada, desaparezca la materia del juicio, por lo que tratándose de una interlocutoria que declara la nulidad de lo actuado, en virtud de notificaciones mal hechas, aunque tiene efectos procesales definitivos, en cuanto deja insubsistentes determinadas actuaciones, su mismo carácter declarativo indica que no entraña una ejecución real y efectiva, y menos aún irreparable, en el sentido antes apuntado, toda vez que no hace desaparecer la materia del juicio, desde el momento en que los interesados pueden reponer el procedimiento anulado, haciendo que las notificaciones omitidas se practiquen en los términos de ley, sin que para ello obste la circunstancia de que al declararse nulas las actuaciones, se mande reponer al despojado en la posesión de que se le había privado, al practicarse el lanzamiento instaurado en su contra, cosa que importa una ejecución material, ya que para desechar esta objeción, basta tener presente que tal ejecución no es definitiva, puesto que al reponerse el procedimiento anulado, los interesados pueden obtener la posesión de la cosa de que se dicen propietarios." Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es que se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Rosa Didia Rachet Márquez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Estado, que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 1543/2022-V. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, en relación con el 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio; esto es, una para la autoridad responsable, dos para el incidente de suspensión que solicita, una para la parte tercero interesada que señala y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda de amparo y precise lo siguiente: ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En ese sentido, la promovente deberá manifestar con claridad el estado en que se encuentra el juicio de origen y, si ya se dictó sentencia en el mismo. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I1 , de la Ley de Amparo, y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA"2 Circunstancias las anteriores que devienen en imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la procedencia de la acción de amparo. Al caso, resulta aplicable también la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Así como la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, marzo de 2003, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Apercibida la parte promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Juan Carlos Coronado Ayala y Magdalena Hernández Solís, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Carlos Daniel Coronado Sánchez y Araceli Yareni García Salas, en virtud de que no cuentan con su cédula profesional registrada en el referido sistema computarizado y, en los mismos términos a Nancy Karina Contreras Cuevas, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Asimismo, se toma nota de la cuenta de correo electrónico y números telefónicos proporcionados, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto a través del usuario "Coronado". Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano