Rosa Delia Centeno Ochoa
Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/04/2022
Partes del expediente
- Rosa Delia Centeno Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de abril de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte, que mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó devolver el tomo correspondiente a la autoridad responsable, sin que asi se haya hecho, en consecuencia, provee: II. Devolución de constancias. Mediante oficio que derive del presente proveído, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial de Querétaro y al Juez Séptimo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, las constancias que remitieron a este sumario (TOMO I Y TOMO II), previo desglose que se haga de la caratula del tomo de prueba. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de marzo de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, los tomos de pruebas que remitieron como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron con las mismas; sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Expide copias certificadas. Visto lo de cuenta, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós se recibió el escrito signado por la parte quejosa registrado bajo número de folio 2266 , en el cual solicitó copias certificadas, sin que se haya acordado al respecto; y por tanto, con fundamento en el artículo 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada de lo que solicita, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega. En el entendido de que deberá acudir ante este órgano jurisdiccional, en el horario que corresponde a este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual deberá generar el código QR a que alude el mencionado Acuerdo, ello debido a las circunstancias de salud que imperan en la actualidad, para lo cual se deberá acatar en todo momento las medidas preventivas de salud, seguridad y sana distancia. Es necesario hacer de su conocimiento que la obtención de las copias que solicita estará sujeta a las labores del Centro de Copiado, por lo que si no es posible hacer entregar de las fotocopias solicitadas con su debida certificación, dentro del plazo que se concede al promovente para permanecer en este recinto judicial, o bien, al personal este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General previamente invocado, deberá generar otra de cita y código QR para la recolección de las mismas. No obstante, se hace de su conocimiento que en términos del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consulta un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, ya que cuando estas incluyan la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que del informe justificado rendido por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se advierte que informó que en el Juicio Ejecutivo Mercantil ........., de su índice, promovido por ............, en contra de la quejosa .........., el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demanda, diligencia que no se ha ejecutado. Lo anterior, se corrobora con las copias fotostáticas certificadas que la aludida autoridad responsable acompañó a su informe justificado, deducidas del Juicio Ejecutivo Mercantil ............, a las que de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se les confiere plena eficacia probatoria toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades y provienen de un expediente judicial que por su naturaleza es un documento público, de cuyo contenido se observa la emisión del auto controvertido. Se cita la Jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." II. Precisión de acto reclamado. En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado, se hace consistir en el siguiente: "La orden de embargo del domicilio ubicado en ............; y, la ejecución de dicha orden." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." III. Sobreseimiento por definitividad. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, comprendida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: a) Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; c) En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento; d) Además, prevé que es optativo para la parte quejosa interponer el medio ordinario de defensa, cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Luego, de la revisión a este sumario constitucional se llega a la conclusión de la actualización de la causa de improcedencia invocada, de tomar en cuenta que de las constancias allegadas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se revela la existencia de un juicio ejecutivo mercantil instado contra la aquí quejosa (en su carácter de parte demandada), con número de expediente ............, en cuyo auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el citado juzgador dictó auto de exequendo en donde ordenó requerir de pago y/o embargo a la demandada aquí impetrante, así como la práctica del emplazamiento a juicio relativo. Luego, si bien en el caso, la parte quejosa reclama tal determinación (auto de radicación con efectos de mandamiento de emplazar y posiblemente embargar en el domicilio ubicado en ............), no debe perderse de vista que al llevar aparejado el auto reclamado una ejecución, la legislación adjetiva de la materia y fuero permite la impugnación de ese tipo de actuaciones a través de la interposición del recurso de revocación que se haga valer en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, el cual establece: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Lo anterior se concatena con el contenido de los numerales 1,339 y 1,345 de dicha codificación que establecen: "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a ............por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (.)" "Artículo 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: I. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda, o de los medios preparatorios a juicio; II. Contra el auto que no admite a trámite la reconvención, en tratándose de juicios ordinarios; III. Las resoluciones que por su naturaleza pongan fin al juicio; IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales; VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos; VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento; IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este Código." Luego, si en la especie la suerte principal demandada en el juicio de origen asciende a la cantidad de ..........), y como dicha suma no rebasa lo establecido en el citado artículo 1339 del Código de Comercio ...........), por ende, cabe la interposición del recurso de revocación previo a acudir a esta vía extraordinaria, por lo que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Se hace patente que contra la determinación contenida en auto de exequendo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, procede el recurso de revocación, a través del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado, tomando en consideración que constituye un auto que atañe a una cuestión que trae aparejada ejecución y, por tanto, puede ser recurrido mediante el aludido recurso, pues respecto al diverso de apelación, procedente a razón de cuantía, expresamente así lo dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 146/2015. Al respecto, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de revocación de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza irreparable del acto combatido (auto de exequendo), de tomar en cuenta que ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad en la forma analizada en el presente asunto. Robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017117, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual manera, por identidad de razones, es aplicable al respecto, la jurisprudencia 113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De esta suerte, si la parte promovente del amparo, según se revela de las constancias allegadas por el juzgado responsable, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación mercantil le concede (recurso de revocación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene improcedente el presente juicio constitucional. Ello es así, pues se insiste, aun cuando el acto pudiera catalogarse de ejecución irreparable, ello no exime a la parte quejosa que deba agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos humanos, y así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, a lo que se suma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, concluyó que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. A lo expuesto se adiciona que de forma expresa, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, ha sustentado que previo a la promoción del juicio de amparo contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil, debe observarse el principio de definitividad, como así se desprende la Jurisprudencia número 12/2016 (10a.), la cual es visible en la página 979 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011695, de rubro y contenido siguientes: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente". Lo anterior es así, pues con independencia que en la jurisprudencia de trató, la referida Sala del Alto Tribunal del País no haya distinguido si quien pretende acudir a esta sede extraordinaria a combatir actos como los aquí reclamados se trata de persona extraña a juicio o tercero extraño en su carácter de equiparado, lo cierto es que los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes en la jurisprudencia mencionada, aluden a ambos supuestos relacionados con la calidad del impetrante dentro del amparo promovido (tercero extraño lato sensu o equiparado). En efecto, de los antecedentes que informan la contradicción de tesis 146/2015, la Sala del máximo Tribunal que la resolvió, dejó en claro lo siguiente: ".TERCERO. Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa resolvió el amparo en revisión .........., correspondiente al diverso ........... del índice del Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimo Segundo Circuito, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes: .........., por conducto de su representante demandó en la vía ejecutiva mercantil de ..........(aval) y .......... (aval), el pago de US$........... (...........americanos) como suerte principal del documento base de la acción, el pago de intereses moratorios, gastos y costas. De esa demanda conoció el Juez Décimo Primero Civil del Distrito Federal, quien previo requerimiento y su respectivo desahogo, admitió la demanda y dictó auto con efectos de mandamiento, para lo cual giró exhorto al Juez Civil competente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en atención a que el domicilio de los codemandados se encontraba fuera de su jurisdicción. Dicho exhorto fue turnado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, quien ordenó su diligenciación, y al efecto, ordenó remitir el instructivo de notificación a la Central de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de ese distrito judicial; dicho emplazamiento, fue realizado mediante diligencia de la actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios referida. Inconforme con esa diligencia, ............., promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo, el auto en el que se ordenó dar cumplimiento al citado exhorto, así como la diligencia en la cual se cumplimentó el referido exhorto y el embargo ordenado como acto futuro e inminente. Correspondió conocer de esa demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que estimó que si bien el auto de exequendo, por su naturaleza y efectos jurídicos es trascendente y puede causar un daño de imposible reparación; atendiendo al monto de la suerte principal y a lo dispuesto por el artículo 1339 del Código de Comercio, antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió interponer recurso de apelación, y no estaba exento de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. En desacuerdo con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, el que lo admitió y en cumplimiento al oficio .........., suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el que confirmó la sentencia recurrida con base, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones: Confirmó que en el caso efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado, consistente en el auto de exequendo emitido en el juicio ejecutivo mercantil de origen y su ejecución, materializada en diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, procede el recurso de apelación a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio. Señaló que si en contra del auto reclamado existe un medio ordinario de defensa en virtud del cual era factible modificarlo, revocarlo o anularlo, es evidente que para cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, era indispensable que el quejoso agotara previamente ese medio ordinario de defensa. En ese sentido, aclaró que el actor demandó por concepto de suerte principal, la cantidad de US$........ americanos), equivalentes a ............), cantidad superior a la que estipula el artículo 1339 del Código de Comercio para determinar el monto de los juicios mercantiles, por lo que era procedente el recurso de apelación, con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar al quejoso perjuicios de imposible reparación, circunstancia que no constituye una excepción al principio de definitividad, que necesariamente debe observarse. Lo anterior, porque la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos; es decir, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Adujo que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto de exequendo, es un acto de ejecución irreparable, toda vez que sólo puede reclamarse, en su caso, a través del amparo indirecto; tal circunstancia no pugna con el hecho de que en contra de dicho auto, previo a instar el amparo, deba interponerse el recurso de apelación, y la sentencia que lo resuelva sea impugnable a través del amparo, puesto que a través de dicho recurso, se analiza el cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, lo que no se examina en otro momento del juicio. Máxime que el recurso de apelación cumple con los requisitos de ser idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado, además de eficaz para repararlo en un plazo razonable pues acorde con el artículo 1165, último párrafo, del Código de Comercio, es de tramitación inmediata por lo que no hay que esperar a la conclusión del proceso; acorde con el diverso 1336 de la misma ley, se persigue que el tribunal de alzada confirme, reforme o revoque la resolución del inferior y, finalmente, el diverso 1345 bis 8 de la misma ley se refiere a la suspensión del acto. Por otra parte, calificó de inoperantes los agravios relativos a que el sobreseimiento trasgrede lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de Amparo al contradecir la jurisprudencia de rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO"; así como que el sobreseimiento también viola los artículos 228, 229 y 230 de la Ley de Amparo, al no haber sido interrumpida esa jurisprudencia y que el artículo 62 de la Ley de Amparo, no permite desatender o desobedecerla. Lo anterior, porque la parte recurrente no señala las razones del porqué se violan los citados preceptos, ni porqué el sobreseimiento recurrido, contradice la jurisprudencia señalada. Por lo tanto, confirmó la sentencia y sobreseyó en el juicio. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el ocho de julio de dos mil diez, el amparo en revisión .........., ejecutoria de la que se desprenden los siguientes antecedentes: ..........., por conducto de su administrador único, promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto dictado por el Juez Primero de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco, en el juicio ejecutivo mercantil .........., en el que se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a la empresa quejosa, ahí demandada. De esa demanda conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien la admitió y posteriormente, sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues el acto que se reclama es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 1341 del Código de Comercio, por lo que previamente al amparo, se debió promover dicho recurso. Inconforme, el quejoso interpuso el recurso de revisión del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el que revocó la sentencia recurrida y ordenó la prosecución del juicio de amparo, con base en las siguientes consideraciones. Consideró sustancialmente fundados los agravios hechos valer en el recurso. Adujo que del artículo 1339 del Código de Comercio se desprende que en materia mercantil el recurso de alzada que se interpone contra un auto emitido durante el curso del procedimiento, debe sustanciarse conjuntamente con el trámite de la apelación de la misma parte apelante contra la sentencia definitiva, por lo que a pesar de que proceda dicho medio de impugnación, el inconforme debe esperar la conclusión del proceso y, de ser desfavorable la sentencia, recurrirla y junto con ella tramitar la apelación que hubiera interpuesto contra cualquier acuerdo previo. Señaló que la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente abrogada) dispone que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, pues tratándose de actos en los que se ponen en juego los derechos fundamentales, procede analizar de inmediato la constitucionalidad de lo reclamado, sin necesidad de esperar el resultado del fallo. Por otro lado, consideró que uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consagrado en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo contra resoluciones respecto de las que la ley ordinaria conceda recurso o medio de defensa, por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, de forma que si mediante el juicio de garantías se pretende combatir un acto dictado dentro de un juicio mercantil contra el que procede recurso de apelación en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, es indudable que se surte una excepción al principio de definitividad, dado que tal medio no revocaría, nulificaría o modificaría la determinación recurrida, habida cuenta que debe tramitarse de manera conjunta con la apelación que en su caso se haga valer contra la sentencia definitiva que se emita en el proceso. Concluyó que exigir en ese supuesto que se agote el recurso ordinario, desatendería la urgencia del análisis constitucional de un acto que requiere ser estudiado con prontitud, y no basta que la ley prevea la existencia de un medio de defensa, sino que el mismo debe ser apto para modificar, anular o revocar la determinación recurrida sin mayor dilación que su propia tramitación, lo que no sucede si se posterga su sustanciación para que sea simultánea a la de la impugnación de la resolución definitiva, dado que implicaría tolerar la eventual afectación durante todo el tiempo que dure el proceso. Por lo que revocó el auto recurrido y ordenó al juez federal continuar con el trámite del juicio constitucional.". Luego, como se ve de lo transcrito, en uno de los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes, se revela que el quejoso respectivo acudió al amparo indirecto con motivo de la ejecución del auto de exequendo girado en su contra dentro de un juicio ejecutivo mercantil donde le devino el carácter de parte demandada; en tanto que en el segundo de aquéllos, se trató de un impetrante que con el mismo carácter acudió a la vía constitucional a combatir el sólo dictado de un auto idéntico, sin que se hubiere llevado a cabo su ejecución, o al menos, así se desprende de su lectura. De esta suerte, se tiene que si la Primera Sala del Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de mérito, en el mismo sentido adoptado en este fallo (atinente a que previo a acudir a la vía extraordinaria para combatir el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es condición necesaria agotar el principio de definitividad), no realizó distinción alguna en el carácter con que pudiera ostentarse la parte impetrante en los juicios constitucionales de origen (tercero extraño lato sensu o equiparado); es inconcuso que tal cuestión no fue materia del tema toral debatido, y en esa virtud, si como en el caso ocurre, la parte aquí impetrante acude a esta sede extraordinaria a combatir un auto de exequendo dictado en su contra, dentro de un procedimiento mercantil donde le deviene el carácter de parte demandada, pero que aún no se ha logrado ejecutar ya que se dejó citatorio de espera para la práctica de la diligencia, el cual fue recibido en su domicilio por un familiar; tal circunstancia además de ubicarlo dentro de uno de los supuestos contenidos como antecedentes del criterio jurisprudencial que rige esta resolución, haciendo idónea su aplicabilidad, no puede hacer pasar inadvertido el hecho de que contra un auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede amparo indirecto de conformidad con lo previsto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio, pero de ejecutarse la orden de embargo inmersa en él no es factible analizar su legalidad, ya que en su caso, tal perjuicio no puede repararse dentro de juicio ni con el dictado de una sentencia favorable; de ahí que casos como en el que se ubica la parte aquí quejosa, si bien reclama un acto de esa naturaleza, en modo alguno, como se dijo, la exenta de agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo. De ahí que, se reitera, si la parte quejosa omitió agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio, previo a la promoción de esta instancia constitucional, lo que procede es sobreseer el presente juicio en términos del artículo 61 fracción XVIII en concordancia con el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, con relación al acto que atribuye al Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y Actuario de su adscripción. Así como la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad". Al respecto, tampoco resulta trascendente el hecho de que el recurso de revocación de que se ha hablado, como medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió agotar antes de acudir a este juicio, no suspenda el procedimiento de origen, dado que esa sola circunstancia tampoco da lugar a que se exceptúe agotar tal medio ordinario de defensa contra el auto de exequendo, porque tal evento no se encuentra contemplado como una excepción al principio de definitividad en materia jurisdiccional. Tampoco puede estimarse que por el hecho de que la ley establezca un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, se deje en estado de indefensión a la parte quejosa y que se le prive de sus bienes durante el proceso, pues válidamente podría haber agotado tal medio de defensa haciendo valer los argumentos que estimara pertinentes y con posterioridad, de ser el caso, promover el juicio de amparo indirecto. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." IV. Inexistencia de actos respectos de las diversas autoridades. Así también, se tiene que la parte quejosa atribuyó el acto reclamado a las diversas autoridades responsables: Autoridades Responsables Sentido Informe 1 Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 2 Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 3 Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 4 Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 5 Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 6 Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio .... y ....) 7 Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 8 Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 9 Juez Primero de Primera Instancia Especializado en Oralidad del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 10 Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad del Distrito Judicial de Querétaro Niega (folio ....) 11 Juez Primero Menor Civil de Querétaro Omisa 12 Juez Segundo Menor Civil de Querétaro Acepta parcial (folio ....) 13 Juez Tercero Menor Civil de Querétaro Niega (folio ....) 14 Actuario adscrito al Juzgado Primero Menor Civil de Querétaro Omisa 15 Actuario adscrito al Juzgado Segundo Menor Civil de Querétaro Omisa 16 Actuario adscrito al Juzgado Tercero Menor Civil de Querétaro Omisa En este contexto, se tiene que las citadas autoridades responsables marcadas con los números del 1 al 10 y 13, negaron categóricamente la existencia del acto que se les reclama, sin que el agraviado haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Por su parte, el Juez Segundo Menor Civil de Querétaro, aceptó parcialmente los actos reclamados, y al efecto informó que en el Juicio Ejecutivo Mercantil ..........., de su índice, promovido por ............, en contra de la quejosa ............, el tres de septiembre de dos mil veinte, ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demanda, diligencia que se entendió con la misma el seis de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora desistiéndose de la acción por haberle sido cubiertas las prestaciones reclamadas, entregándose el pagaré documento base de la acción a la demandada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, y dándose el asunto como concluido; de ahí que por dicha autoridad también se tenga por inexistente el acto aquí reclamado. Sin que sea obstáculo, el hecho de que el Juez Primero Menor Civil de Querétaro y los Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Menor Civil de Querétaro, hayan sido omisos en rendir sus informes justificados solicitados, lo cierto es que aún cuando se les presuma cierto el acto reclamado conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría a la misma determinación aquí tomada, en razón de la naturaleza del acto aquí reclamado, ello conforme a la causal de improcedencia comprendida en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con la fracción 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." V. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que en el caso no no se está en el supuesto establecido en la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO.", ya que el sobreseimiento fuera de audiencia que aquí nos ocupa fue decretado debido a que se actualizó la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en relación a los actos que resultaron ciertos, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, mientras que las diversas autoridades expresaron la inexistencia de los actos reclamados, de ahí que el presente sobreseimiento fuera de audiencia no se determinó debido a la inexistencia de los actos reclamados, sino a la actualización de la diversa causa de improcedencia apuntada. VI. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VII. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VIII. Razón actuarial. Agréguese a los autos, la razón suscrita por el Actuario de la adscripción de la que se desprende la imposibilidad de emplazar a ..........., en su carácter de tercero interesado, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, en razón de la determinación aquí tomada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
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