Rosa Delgado Diaz
Expediente 968/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Delgado Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 88 de la Ley de Amparo, trascurrió del ocho al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis; sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal, con fecha tres de agosto del presente año. Cuernavaca Morelos, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede.- Conste.- Cuernavaca Morelos, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal, con fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con ocho minutos del día tres de agosto de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2447/2016, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 968/2016, promovido por ********************, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda, así como las que allegaron las responsables, al rendir su informe justificado, entre las que constan copias certificadas de la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, por la que se resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa, documento que también fue allegado por la impetrante. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Por consiguiente, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 968/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, **************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Prestaciones Económicas de la Clínica 20 y del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes les reclamó: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: LA RESOLUCIÓN DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 2016 EMITIDA EN CONSECUENCIA DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, POR HABERSE DECRETADO INFUNDADO Y SE DEJE SIN EFECTO POR SER INCONSTITUCIONAL Y ME DEJA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN, POR LO QUE SOLICITO SE ME MANTENGA EL DERECHO A RECIBIR ASISTENCIA MÉDICA POR LO MENOS A QUE TERMINE EL TRATAMIENTO QUE TENGO PRESCRITO" Acto que consideró violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis, previo desahogo de la prevención decretada, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. A la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. . Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48,49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de las autoridades responsables: La resolución de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por Rosa Delgado Díaz y se confirma la resolución número 15/793446 de fecha dos de octubre de dos mil quince, mediante la cual se negó a la quejosa la pensión de invalidez que solicito al Instituto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así las cosas, este órgano de control constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. El Director de la Unidad de Medicina Familiar número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, negó la existencia del acto, pues refirió que no fue él quien emitió la resolución de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, ya que no cuenta con facultades y atribuciones expresas para emitir ese tipo de resoluciones. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 5º, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que no fue dicha autoridad quien emitió el acto reclamado, de modo que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Esto es así, ya que la citada autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado negó el acto que se le atribuye, sin que en autos obre prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 5º (aplicado a contrario sensu). Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia identificada como I.5o.P. J/3, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del primer Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, en la página 1363, la que por rubro y texto se dice: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". En tales condiciones, válidamente puede concluirse que debe declararse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el artículo 5º, disposiciones todas de la Ley de Amparo, por lo que se refiere al Director de la Unidad de Medicina Familiar número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, pues a dicha autoridad no se le puede atribuir la emisión del acto aquí reclamado. CUARTO.- El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo dicha negativa queda desvirtuada con las constancias allegadas por dicha responsable, consistente en la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, a las que con fundamento en los artículos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se concede valor probatorio pleno como documental pública. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Quien resuelve, estima que asiste razón a la autoridad responsable Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último numeral interpretado en sentido contrario, ya que el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el caso en particular, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Precisado lo anterior, resulta oportuno traer al contexto lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En esos términos, es evidente que para la aplicación de la citada fracción debe relacionarse con otro precepto que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. En relación a ello, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, define que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, como puede verse en la transcripción siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.. [.]" Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el último aplicado a contrario sensu, se infiere que el juicio de garantías solo procede contra actos de autoridad, por lo que, a contrario sensu, cuando se reclame un acto que no sea emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente. Se entiende por autoridad para los efectos del juicio de amparo, a todo aquel ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que, por tanto, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de aquélla; de ahí que una característica que distingue a los actos de autoridad es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Asimismo, conviene imponerse de la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, publicada en la página treinta y nueve, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En primer lugar, es importante destacar que tanto la Ley como la Jurisprudencia, han establecido que Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter; el primero de organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; mientras que el segundo de ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social, como en la especie aconteció. Por tanto, la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, en la que se resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa, emitida por el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por tratarse de una cuestión derivada de una prestación en especie, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque si bien, dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; además la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida omisión resulta improcedente. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis jurisprudencial 2a./J. 134/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 160995, que expresa: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Pues se reitera, la actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social es, no como organismo fiscal autónomo, sino como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquel. Por consiguiente, como se dijo, tiene el carácter de ente asegurador, y no de autoridad, por ende, no actúa en un plano de supra a subordinación frente a la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial VIII.2o.P.A./J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en la página 2032, tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 164027, que expresa: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." De lo anterior se concluye que el amparo promovido contra el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, resulta improcedente y debe sobreseerse en el juicio respecto a dicha autoridad; en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso número 5o, fracción II, a contrario sensu y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********************, contra el acto y las autoridades señaladas en el resultando primero de la presente resolución, en términos de los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, que firma y da fe. Doy fe. .
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término a las partes para imponerse del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable; consecuentemente, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo. Al caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 54/2000, que aprobó la contradicción de tesis 29/98-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE. EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,"), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito deber diferir, de oficio y por y una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la Ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Secretario del H. Consejo Consultivo de la Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados a las personas que designa y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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