Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Expediente 257/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
257/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 257/2021-V-1 siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia Ley, contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Al tratarse de un asunto totalmente concluido; se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Publicación de datos personales Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    J.A 257/2021-V-1 diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Tramitación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por***por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada H. y S. ambos de apellidos G.S., contra actos del Congreso del Estado de Tabasco. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 257/2021, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. Desechamiento de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, antes de proveer lo conducente es menester señalar de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del libelo actio de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión del Congreso del Estado de Tabasco, de iniciar juicio político al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos por violación a los Derechos Humanos de la quejosa y sus menores hijas, en el procedimiento de queja 425/2019 del índice de la Tercer Visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos de Centro, Tabasco. En ese tenor, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como ocurre en relación al acto precisado en el inciso que antecede, en el que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]" El citado numeral permite advertir que la causa de improcedencia del juicio de amparo ahí contemplada surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, y si bien en el caso lo que se reclama es la omisión de iniciar el procedimiento correspondiente, es claro que la misma forma es una decisión soberna y por ende, torna improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, que tiene la finalidad de evitar que otro poder intervenga respecto de decisiones que atañen a su potestad soberana; en el caso particular, la procedencia sobre la solicitud de instauración de juicio político, que tiene la finalidad de verificar que el denunciado sea sujeto de juicio político y que la conducta denunciada sea de aquellas que generan responsabilidad política; es decir, cuestiones derivadas de facultades constitucionalmente concedidas para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que éste sea juzgado, por conductas que entrañan una responsabilidad y, sólo condiciona su actualización, al hecho de que la Constitución Estatal correspondiente confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver de la aludida forma, lo cual acontece en la especie, según lo previsto en los artículos 36, fracción XXV y 67, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los cuales son del siguiente contenido: "Articulo 36. Son facultades del Congreso (.) XXV. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los Juicios Políticos que contra éstos se instauren." "Articulo 67. - El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades de orden político o penal, de acuerdo con las siguientes prevenciones: I. Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esta Constitución a los servidores públicos en ella señalados, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas; y II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal. En ningún caso se requerirá declaración de procedencia por el Congreso del Estado (.)" En relatadas circunstancias, si en el caso el promovente del amparo pretende reclamar en esta instancia constitucional la omisión de dictar el acuerdo de dar trámite al juicio político que refiere, resulta inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia anteriormente estudiada***. Consecuentemente, si se reclama en amparo la omisión de iniciar a trámite el Juicio Político; así como de substanciarlo, aquél resulta improcedente, habida cuenta que dicha omisión forma parte del procedimiento respectivo, el cual -como se indicó- el Congreso del Estado cuenta con facultades para resolver soberana y discrecionalmente. De igual manera, no es óbice que la parte quejosa pueda considerar que la improcedencia consignada en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo se refiera exclusivamente a las resoluciones finales o definitivas dictadas en juicio político y que en el presente asunto se reclame un acto omisivo en su integración; toda vez que el citado precepto legal no establece ningún tipo de condición o circunstancia con relación a la etapa o naturaleza de la resolución reclamada, por lo que, por mayoría de razón, debe estimarse que el juicio de amparo es improcedente, máxime que la omisión combatida no deriva del ejercicio de un derecho de petición auténtico, como cualquier ciudadano, sino de una omisión dentro del trámite respectivo al multicitado juicio político, circunstancia que pone de manifiesto la actualización de manera expresa de la causal de improcedencia que comprende tanto las acciones como las omisiones reprochadas en aquél. Sustenta a lo anterior, la tesis aislada XXIV.2o.13 K (10a.) emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, pagina 2398, de la Décima Época (registro 2021109), cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA." Por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1772/2018 diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual informa los actos realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento alguno toda vez que se encuentra trascurriendo el término otorgado al Consejo Municipal de Macuspana, Tabasco, por auto de dieciocho de marzo del año en curso, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos del presente sumario. Notifíquese.

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