Rosa de la Cruz García

Expediente 147/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
147/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Rosa de la Cruz García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa **, mediante el cual solicita copia certificada del acuerdo en el que se desecha la demanda de amparo y se ordena el archivo el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la promovente las copias solicitadas, teniéndose por autorizado para recibirlas a la persona que menciona para ese efecto, en el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá asentar la razón de recepción correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. RECEPCIÓN DE OFICIO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese el oficio que remite el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y sus anexos, consistentes en: a) Oficio 389/2019; b) Amparo Directo 55/2019que contiene; 1.- Informe de la Autoridad 2.- Original de la demanda de amparo promovida por ****************; 3.- Despacho 25/2019; c) Seis copias de la demanda de amparo. ACUSE DE RECIBO y REGISTRO DEL ASUNTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 147/2019-IV. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama:  La sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación 732/2018 del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, derivado de la sentencia definitiva de diez de septiembre del dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 22/2017, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Lerma, México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Previo a analizar la causa de improcedencia que se actualiza en el presente juicio debe precisarse que para el suscrito constituye un hecho notorio los diversos asuntos que se tramitan en este juzgado, el cual se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y se obtiene que el juicio de amparo 146/2019, guarda estrecha relación con el presente sumario, y de este se advierten los antecedentes del acto aquí reclamado, a saber: 1. **************, en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Eulalio Zarco Hernández, demandó de Isela Zarco de la Cruz entre otras prestaciones la nulidad absoluta del contrato de donación de doce de agosto de dos mil diez, dentro de los autos del juicio 22/2017, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Lerma, México. 2. Admitida la demanda se ordenó el emplazamiento de la demandada, quien dio contestación y opuso defensas y excepciones; así seguido el trámite del juicios el diez de septiembre de dos mi dieciocho. 3. Inconforme con esa determinación la demandada interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien radicó el toca 732/2018, y substanciado el procedimiento el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia, en la que ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de llamar en su calidad de litisconsorte activa necesaria a la aquí quejosa. La indicada determinación constituye el acto reclamado en el presente sumario. En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Los citados artículos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, en el presente caso, la resolución de segunda instancia reclamada por la quejosa, que ordenó dejar insubsistente la sentencia del juez de primer grado a fin de integrar a la relación jurídico procesal en su calidad de litisconsorte activa necesaria a la propia impetrante del amparo, no es una resolución que pueda considerarse de ejecución irreparable, puesto que el acto reclamado no es susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de la quejosa que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así ya que la reposición del procedimiento, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, y en el caso que nos ocupa, las consecuencias de la reposición del procedimiento tiende a llevar a cabo la integración del litisconsorcio, relación jurídico procesal, por lo que, en todo caso, podría estarse frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. En relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, que la resolución que ordena dejar insubsistente la sentencia de diez de septiembre de dos mil dieciocho constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, esto, dado que consideró en la ejecutoria que dio origen al mencionado criterio jurisprudencial, que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implican una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta. Lo anterior deriva de la tesis 2a./J. 23/2008 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Común, página 593,del tenor literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Además, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de criterio, el sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, con registro 2006589, visible a página 39, cuyo rubro y texto, son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, la resolución reclamada, no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no dejar sin defensa a la quejosa porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la resolución que ponga fin al procedimiento. Por tanto, se estima que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la hoy quejosa, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ****************, por propio derecho, contra actos los Magistrados que integran la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada conforme al numeral 12 de la Ley de Amparo a ****************. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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