Rosa Concepcion Rivera Ramos
Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Concepcion Rivera Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 527/2023-II, tomando en cuenta que transcurrió el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículos 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es conservable. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es conservable, debido que tal medida suspensiva se concedió. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Razón actuarial Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el fedatario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, a la parte tercera interesada ********************, por los motivos que expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg. Sentencia que en lo conducente dice: se resuelve: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a R**********************************, por su propio derecho y en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés , en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, en específico del informe justificado rendido por la autoridad responsable, no se constata el auto dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, así como su notificación a las partes, dentro del expediente administrativo número ********************, tramitado ante la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, constancias que resultan necesarias para resolver el presente juicio y toda vez que el suscrito Juzgador está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias antes aludidas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del doce de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Carrera Judicial, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal al tercero interesado, la resolución de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de la resolución de mérito al tercero interesado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 527/2023-II y, I. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Mediante escrito de demanda ********************por su propio derecho y en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado. La quejosa en su escrito inicial de demanda lo precisó de la siguiente forma: "El acuerdo dictado con fecha TRES (03) DE MARZO (03) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), por medio del cual DESECHA LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, acuerdo que NO FUE DEBIDAMENTE FUNDADO NI MOTIVADO POR LA RESPONSABLE, violentando en mi perjuicio la garantía contenida en el artículo 16 constitucional, ya que el acto emitido no se adecua a la norma en que se apoya. EN CONSECUENCIA, la imposición a la suscrita ********************, la multa equivalente a CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN dentro del expediente administrativo número ********************, impuestas mediante el acuerdo de fecha veinticinco de enero del dos mil veintitrés, misma que fue recurrida mediante recurso de reconsideración." Asimismo, en escrito aclaratorio señala como acto: "La sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés." II. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe previo manifestaron ser cierto el acto reclamado, consistente en la emisión del auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se hizo constar que la hoy quejosa interpuso recurso de reconsideración en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. III. Determinación sobre la medida cautelar respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el tres de marzo de dos mil veintitrés. Al no configurarse ninguna de las hipótesis para el otorgamiento de la suspensión de oficio o de plano, se procede a examinar si en el caso concreto se configuran las exigencias que aluden los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, al aperturarse esta incidencia a petición de parte, preceptos legales que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I.- Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II.- Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." De esta normatividad, se puede advertir que la suspensión se decretará cuando la solicite la parte quejosa y, además, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En suma, se impone la obligación a la juzgadora de amparo que, una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. Asimismo, del artículo 131 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando el quejoso solicita la suspensión aduciendo un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando acredite: 1) el daño inminente e irreparable a su pretensión y, 2) el interés social. Por su parte, el párrafo segundo de dicho precepto prevé una limitante consistente en que, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. No obstante, dicha condición no resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no implica una restricción o traba para el promovente de amparo, sino un parámetro que debe observar la juzgadora federal al momento de pronunciarse en cuanto a la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado, ya que no es factible conceder la suspensión cuando, entre otros supuestos, con ésta se puedan constituir derechos que antes de la presentación de la demanda no tenía el solicitante, lo cual es acorde con la naturaleza de la medida cautelar, pues ésta únicamente tiene como finalidad garantizar el derecho que se está cuestionando, pero nunca constituir uno nuevo. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza jurídica y consecuencias legales del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva que se solicita, por los motivos que a continuación se expondrán: La resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés dictada por la autoridad responsable, dentro del expediente ******************** que combate constituye un acto declarativo, puesto que únicamente tuvo por efecto desechar el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En tal virtud, queda de manifiesto que el acto materia de la controversia por sí sólo carece de ejecución, por ser meramente declarativo ya que para darse la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa se requeriría de actos con ejecución real y material, que en el caso concreto no se analizan. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que de concederse la misma en los términos solicitados por la parte quejosa, no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que equivaldría a constituir derechos a favor de la promovente de amparo, aunado al hecho de que por su naturaleza, como ya se dijo, el acto combatido carece de ejecución por ser meramente declarativa. Aunado a que está relacionado con el fondo del asunto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. En la inteligencia que la presente determinación, puede ser modificada al resolver sobre la suspensión definitiva, con base en el informe previo y pruebas que allegue la responsable. Sirve de apoyo a la presente determinación la tesis jurisprudencial número I.7o.A.48 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CARECE DE EJECUCIÓN REAL Y MATERIAL." Asimismo, resulta aplicable la tesis I.2o.A.1 K (10a.), pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1955, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, con número de registro digital 2005860, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NO ES CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." IV. Determinación sobre la medida cautelar respecto del acto reclamado consistente en imposición de multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Ahora bien, respecto a las consecuencias del acto reclamado, se desprende que la naturaleza de éste permite la suspensión solicitada por la parte quejosa, en virtud de que se actualizan los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, la suspensión fue solicitada por la parte agraviada, con tal otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, y en caso de ejecutarse el acto reclamado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Además, por el solo hecho de ser parte dentro del procedimiento de origen acreditan el interés que tienen para que se conceda la suspensión de que se trata. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esa Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la ejecutoria que se pronuncie dentro del expediente principal del que emana la presente cuerda incidental. Sentado lo anterior, toda vez que concurren los requisitos de procedencia de la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo y al ser parte en el procedimiento, la parte quejosa acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de negarse la suspensión del acto reclamado; con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado en estos términos: Únicamente para que las cosas se mantengan en el estado que guardan por cuanto hace a la multa decretada, esto es, para que la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, se abstenga de ejecutar el cobro de la multa impuesta a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, decretada dentro del expediente ********************, equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), respecto del cual mediante resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, se desecha por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto se informe que causó ejecutoria la sentencia que se emita dentro del expediente principal. La suspensión definitiva se concede sin perjuicio que si se sobresee o niega el juicio de amparo del cual emana la presente incidencia, la sanción administrativa impuesta a la quejosa pueda ejecutarse. Salvedades. La suspensión no surtirá efectos si el acto reclamado ya fue ejecutado, pues se estaría en presencia de un acto consumado, respecto del cual sería improcedente la suspensión. Asimismo, la concesión de la medida cautelar no suspende los actos tendientes a ejecutar la sentencia en el expediente ********************, toda vez que la ejecución de las sentencias es de orden público y reviste especial importancia para la sociedad su cumplimiento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, por lo que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo para su procedencia en esos efectos, pues se sigue perjuicio al interés social y se contravendría disposiciones de orden público. Se precisa a las autoridades responsables que la suspensión definitiva aquí concedida es únicamente para el efecto de que no se realice el cobro de la multa impuesta a la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva la ejecutoria de amparo. Fijación de garantía. Toda vez que la quejosa acude al amparo por derecho propio, solicitando la tutela de un derecho personalísimo como es el cobro de una multa que afecta su patrimonio personal; motivo por el cual no se encuentra exceptuado de exhibir la garantía prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surtirá efectos, pero la parte quejosa deberá dar cumplimiento al requisito de efectividad consistente en la garantía a que se refiere el artículo 135 de la propia ley, esto es, mediante el depósito del quejoso ante la autoridad exactora, en cualquiera de las formas que establece la ley, del monto al que asciende la multa consistente en cien Unidades de Medida de Actualización; en el entendido de que la efectividad de la suspensión se condiciona al depósito de dicho numerario ante la autoridad responsable. En efecto, se impone a la quejosa la obligación de hacer el depósito correspondiente de la cantidad mencionada; por lo cual deberá presentar la documentación probatoria que justifique plenamente el pago respectivo ante este tribunal dentro del término de cinco días. Cobra aplicación la jurisprudencia del rubro siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." Asimismo, es aplicación la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A (10a.) de la Décima Época, sustentada por el Pleno de Circuito, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO." Notificación a tercera interesada. Se instruye al Actuario para que notifique la presente determinación a la parte tercera interesada ********************, en el domicilio ubicado en ****************************************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************por su propio derecho y en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de ********************, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************por su propio derecho y en su carácter de Oficial Mayor del Ayuntamiento de ********************, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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