Rosa Cielo Pinto Buerguete y Otros.

Expediente 664/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
664/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • Rosa Cielo Pinto Buerguete y Otros.
  • Rosa Cielo Pinto Buerguete

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 61 a 73), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en su escrito de veintitrés de junio del año en curso, que obran agregados en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTISEIS DE LOS CORRIETNES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas y Actuaria de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue hecho en proveído de veinte de junio del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia; pues tal acto reclamado lo constituye: "ACTOS RECLAMADOS. 1.-De la ordenadora, el Dictamen de fecha 8 de mayo de 2017, emitido por H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA; COMISIÓN DE JUSTICIA, relativa a la demanda de JUICIO POLITICO presentada contra los CC. Gobernador del Estado, ****, del Diputado Distrito I, oriente, **** y del Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, LUIS ****, expediente ****.---2.-de la ejecutora, la notificación del Dictamen que se comenta realizada el dia primero de junio del año en curso, por la C. Actuaria de la Dirección Jurídica del H. Congreso del Estado." Desprendiéndose de la anterior transcripción, así como del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado por los quejosos lo constituye, el dictamen de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente ***, mediante el cual, se desecha de plano por notoriamente improcedente la denuncia de juicio político en contra de ****; Gobernador del Estado de Chiapas, Diputado Distrito I, Oriente y Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente; por no reunirse los requisitos previstos en el artículo 12, incisos a) y c), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. En la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones: El artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;". Énfasis añadido. El artículo en cita establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se impugnen determinaciones emitidas en uso de las facultades soberanas y discrecionales otorgadas en las constituciones locales a las legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes relativas a declaración de procedencia, juicio político, elección, suspensión o remoción de funcionarios. En el caso, el acto reclamado a la autoridad responsable citada en párrafos precedentes, se encuentra inmerso en un procedimiento de juicio político con la finalidad de verificar que el denunciado sea sujeto de juicio político y que la conducta denunciada sea de aquellas que generan responsabilidad política; es decir, cuestiones derivadas de facultades constitucionalmente concedidas para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que éste sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen. Así es, en principio los quejosos, señalaron como acto reclamado el dictamen de ocho de mayo de dos mil diecisiete emitido en los autos del juicio político *****, mediante el cual, se desecha de plano por notoriamente improcedente la denuncia de juicio político en contra de *****; Gobernador del Estado de Chiapas, Diputado Distrito I, Oriente y Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente. Al respecto, es pertinente hacer referencia al procedimiento de juicio político previsto en los artículos 109 al 114 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como en los diversos 5 al 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; que disponen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS TÍTULO DÉCIMO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. CAPÍTULO I DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS "Artículo 109. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este capítulo se considerarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado de Chiapas, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública Estatal, municipal, así como de los órganos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Asimismo, serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. El Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados y Consejeros del Poder Judicial del Estado, los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, así como los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía, serán responsables por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Constitución del Estado, a las leyes que de ellas emanen, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos. Toda persona que desempeñe una función de servicio público en los tres poderes, en los órganos autónomos o en los municipios tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. La ley regulará dicha obligación. Artículo 110. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 111 de esta Constitución, a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurra en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el Código de Organización del Poder Judicial, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. IV. El tribunal de justicia administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo, conforme lo señale la ley respectiva. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control de los entes públicos, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía de Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Artículo 111. Podrán ser sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado; los Diputados Locales; los Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura; el Fiscal General del Estado; los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía; y el Auditor Superior del Estado. Cuando los servidores públicos mencionados, así como los Presidentes Municipales incurran en violaciones graves a la Constitución del Estado y a las leyes que de ella emanen, así como en el manejo indebido de fondos y recursos estatales o municipales, se observará el procedimiento establecido en este precepto. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, el Congreso del Estado erigido en Jurado de Acusación, procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando los servidores públicos mencionados, así como los Presidentes Municipales incurran en violaciones graves a la Constitución del Estado y a las leyes que de ella emanen, así como en el manejo indebido de fondos y recursos estatales o municipales, se observará el procedimiento establecido en este precepto. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, el Congreso del Estado erigido en Jurado de Acusación, procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión del mismo, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia del inculpado. En conocimiento de la acusación, y erigido el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Justicia Administrativa aplicará la sanción correspondiente mediante resolución emitida cuando menos por mayoría de votos de magistrados presentes en la respectiva sesión del Pleno, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, de su defensor y de una Comisión del Jurado de acusación integrada por dos diputados. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión del mismo, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia del inculpado. En conocimiento de la acusación, y erigido el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Justicia Administrativa aplicará la sanción correspondiente mediante resolución emitida cuando menos por mayoría de votos de magistrados presentes en la respectiva sesión del Pleno, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, de su defensor y de una Comisión del Jurado de acusación integrada por dos diputados. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Artículo 112. Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley Penal cometidos por el Gobernador del Estado; por los Diputados Locales; los Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura; el Fiscal General del Estado; los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía; y el Auditor Superior del Estado; el Congreso del Estado o en su caso la Comisión Permanente erigidos en jurado declarará por dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado y los Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura, incurran en delitos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la procedencia o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de reparar los daños y resarcir los perjuicios causados por su conducta ilícita. Artículo 113. De los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, que impliquen responsabilidad administrativa, conocerá el Congreso del Estado como Jurado de Acusación y el Tribunal de Justicia Administrativa erigido en Tribunal de Sentencia; el Jurado de acusación declarará por mayoría relativa de sus miembros presentes si el encausado es o no culpable, si la declaración fuere de no responsabilidad, el servidor público continuará en el ejercicio de su cargo, si fuere la de culpabilidad quedará separado inmediatamente del mismo y se turnará el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, con audiencia del encausado, de su defensor y de una Comisión del Jurado de Acusación integrada por dos Diputados Locales, resolverá por mayoría de votos lo que proceda de acuerdo con la Ley. Las sanciones por responsabilidad administrativa, consistirán en la suspensión, destitución, inhabilitación del servidor público y multa que deberá establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones a que se refiere el artículo 110, fracción III, de esta Constitución, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. La sentencia correspondiente será emitida antes de un año a partir del momento en que conozca el Tribunal de Justicia Administrativa. Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado emitidas en los casos a que se refiere este capítulo son inatacables. En todos los casos señalados en este capítulo en que el inculpado sea Diputado del Congreso del Estado o Magistrado, éste desde luego, será inhabilitado para intervenir en la votación correspondiente. Artículo 114. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 109, de este mismo capítulo. La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 110, de esta Constitución. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años." LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS TITULO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO POLITICO Y DECLARACION DE PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA CAPITULO I SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES (REF. PUBLICADA EN EL P.O. No 151 TERCERA SECC. DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009) ARTÍCULO 5.- EN LOS TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SON SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ÉSTA DETERMINA, ESTO ES: EL GOBERNADOR DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS LOCALES, LOS MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EL FISCAL ELECTORAL, LOS FISCALES DE DISTRITO, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL, LOS COORDINADORES GENERALES, LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS DIRECTORES GENERALES O SUS EQUIVALENTES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, FIDEICOMISOS PÚBLICOS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. ARTICULO 6.- ES PROCEDENTE EL JUICIO POLITICO CUANDO LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, REDUNDEN EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PUBLICOS FUNDAMENTALES O DE SU BUEN DESPACHO. ARTÍCULO 7.- REDUNDAN EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PUBLICOS FUNDAMENTALES Y DE SU BUEN DESPACHO: I.- EL ATAQUE A LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS, ENTENDIDAS ESTAS COMO LOS ESTABLECIMIENTOS U ORGANIZACIONES DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS O DE LA SOCIEDAD; II.- EL ATAQUE A LA FORMA DE GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO Y POPULAR DEL ESTADO, ASI COMO A LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS; III.- LAS VIOLACIONES GRAVES A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES O SOCIALES; IV.- EL ATAQUE A LA LIBERTAD DE SUFRAGIO; V.- CUALQUIER INFRACCION A LA CONSTITUCION LOCAL O A LAS LEYES ESTATALES CUANDO CAUSE PERJUICIOS GRAVES AL ESTADO, A UNO O VARIOS MUNICIPIOS DEL MISMO O DE LA SOCIEDAD, O MOTIVE ALGUN TRASTORNO EN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS INSTITUCIONES; Y VI.- LAS VIOLACIONES GRAVES A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL Y A LAS LEYES QUE DETERMINEN EL MANEJO DE SUS RECURSOS ECONOMICOS. NO PROCEDE EL JUICIO POLITICO POR LA MERA EXPRESION DE IDEAS. EL CONGRESO DEL ESTADO VALORARA LA EXISTENCIA Y GRAVEDAD DE LOS ACTOS Y OMISIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO. CUANDO AQUELLOS TENGAN CARACTER DELICTUOSO SE FORMULARA LA DECLARACION DE PROCEDENCIA A LA QUE ALUDE LA PRESENTE LEY Y SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACION PENAL. ARTICULO 8.- SI LA RESOLUCION QUE SE DICTE EN EL JUICIO POLITICO ES CONDENATORIA, SE SANCIONARA AL SERVIDOR PUBLICO CON DESTITUCION. PODRA TAMBIEN IMPONERSE INHABILITACION PARA ELEJERCICIO DE EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO DESDE UNO HASTA VEINTE AÑOS. CAPITULO II PROCEDIMIENTOS EN EL JUICIO POLITICO. ARTICULO 9.- EL JUICIO POLITICO SOLO PODRA INICIARSE DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL SERVIDOR PUBLICO DESEMPEÑE SU EMPLEO, CARGO O COMISION, Y DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA CONCLUSION DE SUS FUNCIONES. LAS SANCIONES RESPECTIVAS SE APLICARAN EN UN PERIODO NO MAYOR DE UN AÑO A PARTIR DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 10.- CORRESPONDE AL CONGRESO COMO JURADO DE ACUSACIÓN INSTRUIR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL JUICIO POLÍTICO. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 11.- LA COMISIÓN FACULTADA PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO EN TEMINOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE CONSTITUIRA EN COMISIÓN INSTRUCTURA. LAS VACANTES QUE OCURRAN EN LA COMISION, SERAN CUBIERTOS POR DESIGNACION QUE HAGA LA GRAN COMISION EL(SIC) CONGRESO DEL ESTADO. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 12.- LA DETERMINACIÓN DEL JUICIO POITICO SE SUJETARA AL SIGUENTE PROCEDIMIENTO: A) CUALQUIER CIUDADANO BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD Y MEDIANTE LA PRESENTACION DE ELEMENTOS DE PRUEBA, PODRA FORMULAR SU ESCRITO DE DENUNCIA QUE DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMANTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUIEN A SU VEZ LO TURNARA A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS A EFECTO DE QUE LA DENUNCIA SE RATIFIQUE ANTE ELLA DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. B) UNA VEZ RATIFICADO EL ESCRITO ANTE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, LO TURNARA A LA COMISIÓN INSTRUCTURA, PARA LA TRAMITACIÓN CORRESPONDIENTE. C) LA COMISIÓN INSTRUCTORA, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, ACORDARA LA ADMISIÓN DE LA DENUNCIA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL SERVIDOR PUBLICO ACUSADO, ES SUJETO A JUICIO POLÍTICO; SI LA ACUSACIÓN REUNE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PROCEDENCIA; EN CASO CONTRARIO, LA DESECHARA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 13.- LA COMISION INSTRUCTORA AL ADMITIR LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO, DEBERÁ PRACTICAR TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA COMPROBACION DE LA CONDUCTA O HECHO MATERIA DE AQUELLA; ESTABLECIENDO LAS CARACTERISTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Y PRECISANDO LA INTERVENCION QUE HAYA TENIDO EL SERVIDOR PUBLICO DENUNCIADO. DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ADMISIÓN DE LA DENUNCIA, LA COMISIÓN INFORMARÁ AL DENUNCIADO SOBRE LA MATERIA DE LA DENUNCIA, HACIÉNDOLE SABER SU GARANTÍA DE DEFENSA Y QUE DEBERÁ A SU ELECCIÓN, COMPARECER O INFORMAR POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 14.- LA COMISIÓN INSTRUCTORA ABRIRÁ UN PERIODO DE PRUEBA DE TREINTA DÍAS NATURALES DENTRO DEL CUAL RECIBIRÁ LAS PRUEBAS QUE OFREZCA EL DENUNCIANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO, ASÍ COMO LAS QUE LA PROPIA COMISIÓN ESTIME NECESARIA. SI AL CONCLUIR EL PLAZO SEÑALADO NO HUBIESE SIDO POSIBLE RECIBIR LAS PRUEBAS OFRECIDAS OPORTUNAMENTE, O ES PRECISO ALLEGARSE OTRAS, LA COMISIÓN INSTRUCTORA PODRÁ AMPLIARLO EN LA MEDIDA QUE RESULTE NECESARIA. EN TODO CASO, LA COMISIÓN INSTRUCTORA CALIFICARÁ LA PERTINENCIA DE LAS PRUEBAS, DESECHÁNDOSE LAS QUE A SU JUICIO SEAN IMPROCEDENTES. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 15.- TERMINADA LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE PONDRÁ EL EXPEDIENTE A LA VISTA DEL DENUNCIANTE, POR UN PLAZO DE TRES DÍAS NATURALES, Y POR OTROS TANTOS A LA DEL SERVIDOR PUBLICO Y SUS DEFENSORES, A FIN DE QUE TOMEN LOS DATOS QUE REQUIERAN PARA FORMULAR ALEGATOS, QUE DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO PLAZO MENCIONADO. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTICULO 16.- TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS, SE HAYAN O NO ENTREGADO ESTOS, LA COMISIÓN INSTRUCTORA FORMULARÁ SUS CONCLUSIONES EN VISTA DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO. PARA ESTE EFECTO ANALIZARÁ CLARA Y METÓDICAMENTE LA CONDUCTA O LOS HECHOS IMPUTADOS Y HARÁ LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE PROCEDAN. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 17.- SI DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO SE DESPRENDE LA INOCENCIA DEL ENCAUSADO, LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INSTRUCTORA TERMINARÁN PROPONIENDO QUE SE DECLARE QUE NO HA LUGAR A PROCEDER EN SU CONTRA POR LA CONDUCTA O EL HECHO MATERIA DE DENUNCIA, QUE DIO ORIGEN AL PROCEDIMIENTO. SI DE LAS CONSTANCIAS SE DESPRENDE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, LAS CONCLUSIONES TERMINARAN PROPONIENDO LA APROBACIÓN DE LO SIGUIENTE: I. QUE ESTÁ LEGALMENTE COMPROBADA LA CONDUCTA O EL HECHO MATERIA DE LA DENUNCIA; II. QUE SE ENCUENTRA ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DEL ENCAUSADO; III. LA SANCIÓN QUE DEBA IMPONERSE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 8 DE ESTA LEY, Y IV. EN CASO DE SER APROBADAS LAS CONCLUSIONES, SE ENVIÉ LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN CONCEPTO DE ACUSACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES RESPECTIVOS. DE IGUAL MANERA DEBERÁN ASENTARSE EN LAS CONCLUSIONES LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HUBIEREN CONCURRIDO EN LOS HECHOS. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 18.- LA COMISIÓN INSTRUCTORA DEBERÁ PRACTICAR TODAS LAS DILIGENCIAS Y FORMULAR SUS CONCLUSIONES HASTA ENTREGARLAS A LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE SE LE HAYA TURNADO LA DENUNCIA, A NO SER QUE POR CAUSA RAZONABLE Y FUNDADA SE ENCUENTRE IMPEDIDA PARA HACERLO. EN ESTE CASO PODRÁ SOLICITAR DEL CONGRESO QUE SE AMPLIÉ EL PLAZO POR EL TIEMPO INDISPENSABLE PARA PERFECCIONAR LA INSTRUCCIÓN. EL NUEVO PLAZO QUE SE CONCEDA NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS. LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDEN COMPRENDIDOS EN LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES Y AÚN EN LOS RECESOS DEL CONGRESO, EN LOS QUE, LA COMISIÓN INSTRUCTORA FUNCIONARÁ PARA TALES EFECTOS. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 19.- UNA VEZ EMITIDAS LAS CONCLUSIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES, LA COMISIÓN INSTRUCTORA LAS ENTREGARA A LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE DEN CUENTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, QUIEN ANUNCIARA QUE DICHO CONGRESO DEBE REUNIRSE Y RESOLVER SOBRE LA IMPUTACIÓN, DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES, LO QUE HARÁN SABER LOS SECRETARIOS AL DENUNCIANTE Y AL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 20.- EL DÍA SEÑALADO, CONFORME AL ARTÍCULO ANTERIOR, EL PLENO CONGRESO INSTALADO CON LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS SE ERIGIRÁ EN ÓRGANO DE ACUSACIÓN, PREVIA DECLARACIÓN DE SU PRESIDENTE. EN SEGUIDA LA SECRETARIA DARÁ LECTURA A LAS CONSTANCIAS PROCEDIMENTALES O A UNA SÍNTESIS QUE CONTENGA LOS PUNTOS SUSTANCIALES DE ÉSTAS, ASÍ COMO A LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INSTRUCTORA. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 21.- SI EL CONGRESO RESOLVIESE QUE NO PROCEDE ACUSAR AL SERVIDOR PÚBLICO, ÉSTE CONTINUARÁ EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. EN CASO CONTRARIO, SE REMITIRÁN LOS AUTOS A LA SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A LA QUE SE REMITIRÁ LA ACUSACIÓN, DESIGNÁNDOSE UNA COMISIÓN DEL JURADO DE ACUSACIÓN INTEGRADA POR DOS DIPUTADOS PARA QUE SOSTENGAN AQUELLA ANTE EL SUPREMO TRIBUNAL. (REFORMADO, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2004) ARTÍCULO 22.- LA SALA SUPERIOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DENTRO DEL TERMINO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA DEL CONGRESO DEL ESTADO LA ACUSACIÓN RESPECTIVA, ERIGIDO EN TRIBUNAL DE SENTENCIA EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS." De la interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se deriva que el juicio político, es de carácter eminentemente político, con un contenido normativo que sea acorde con el artículo 110 de la Constitución Federal, a través del cual se facultó al órgano político, es decir, a las Legislaturas (federal o locales), la decisión para determinar si un servidor público o funcionario, con su conducta afectó los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, cuestiones que, en sentido estricto, no son delitos penales o faltas administrativas, sino son faltas de carácter político. Además, que el juicio político tiene como finalidad determinar si el servidor público o funcionario, es o no digno de permanecer en ese cargo, esto es, si merece o no confianza por los efectos perjuiciosos y lesivos a que ha dado lugar con su conducta (afectación de intereses públicos fundamentales o de su buen despacho); imponiéndose en todo caso una sanción esencialmente política, consistente en destituirlo y dar por terminado su derecho político de permanecer en el cargo. En esta entidad federativa, los numerales 5 a 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, disponen las reglas y el procedimiento del juicio político, artículos de los que se obtiene en lo que aquí interesa, que: -Corresponde al Congreso del Estado, substanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como jurado de acusación. -La Comisión Instructora del propio Congreso, será la competente para substanciar el procedimiento, encargándose además del examen previo de denuncia del juicio político, funcionando como órgano de instrucción y órgano de acusación. -Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia ante el Congreso del Estado contra alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 5º del ordenamiento en estudio, y sólo por las conductas previstas en el artículo 7º de dicha ley, mismas que quedaron precisadas en párrafos precedentes. -El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. -El escrito de denuncia deberá presentarse ante la Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado y ratificarse en forma personal ante la Dirección de Asuntos Jurídicos dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación. -Una vez ratificada la denuncia, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, la turnara a la Comisión Instructora, para la tramitación Correspondiente. -Dicha Comisión deberá, en un plazo de treinta días naturales, emitir un dictamen en el que determine si es procedente la incoación del procedimiento o si debe desecharse de plano la denuncia. Por su parte, los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refieren, en lo relativo, lo siguiente: "Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. --- Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. --- Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. --- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. --- Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. --- Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables." Lo resaltado es por este Juzgador. "Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. --- Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. --- Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. --- Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. --- Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. --- El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. --- En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. --- Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. --- Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados." En ese sentido, la causal de improcedencia que se analiza se actualiza al revisar las constancias que integran el juicio de amparo, y tomar en consideración las manifestaciones hechas por los quejosos en su demanda, atento a la naturaleza de los actos reclamados y a la aplicación directa de los artículos 110 y 111 de la Constitución Federal y los diversos de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Lo anterior, es así, en atención a que el acto consistente en el dictamen de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente *****, mediante el cual, se desecha de plano por notoriamente improcedente la denuncia de juicio político en contra de *****, por no reunirse los requisitos previstos en el artículo 12, incisos a) y c), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, constituye un acto emitido en ejercicio de las facultades (soberanas y discrecionales) que sobre el tema, concede la Constitución Federal y la Constitución local al Congreso Local, a través de la Comisión de Justicia, en términos del artículo 32, apartados 1) y 2), fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso Local del Estado de Chiapas y los diversos 5 al 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas Ley Responsabilidades. Ello, en virtud de que el procedimiento del que emanan constituye un procedimiento autónomo de competencia exclusiva del órgano legislativo a que se hace referencia, cuya finalidad (constitucional) es verificar que los denunciados sean sujetos de juicio político y que la conducta denunciada sea de aquella que genera una responsabilidad política. Entonces, el propósito se vería afectado con la intervención del Poder Judicial de la Federación, respecto a los actos intermedios; por lo que en el caso resulta improcedente el juicio de amparo. Por tanto, al considerar actualizada la causa de improcedencia, en términos de los preceptos 61, fracción VII de la Ley de Amparo y 110 y 111 de nuestra Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Es pertinente acotar, que la improcedencia del amparo de trato, sustentada en la imposibilidad de analizar actos soberanos y discrecionales de los órganos políticos del Congreso del Estado de Chiapas, no choca con el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; toda vez que todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. De igual manera, no se desatiende la Tesis de Jurisprudencia que invoca el quejoso, de rubro: "JUICIO POLÍTICO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y QUINTANA ROO)". Toda vez, que en sus consideraciones atiende a un acto en el cual se decide no dar trámite a la denuncia de juicio político, no así los actos intermedios del citado juicio, una vez iniciado éste. El anterior análisis se realizó a la luz del criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2004, consultable en la página 6, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 180366, del rubro y texto literal siguiente: "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON INATACABLES, INCLUSO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****** contra actos de la siguiente autoridad: 1. Integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas. 2. Actuaria de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Chiapas. Ciudad. ACTO RECLAMADO "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la ordenadora, el Dictamen de fecha 8 de mayo de 2017, emitido por H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA; COMISIÓN DE JUSTICIA, relativa a la demanda de JUICIO POLÍTICO presentada contra los CC. Gobernador del Estado, MANUEL VELASCO COELLO, del Diputado Distrito I, oriente, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, y del Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, expediente ******. 2-. de la ejecutora, la notificación del Dictamen que se comenta, realizada el día primero de junio del año en curso, por la C. Actuaria de la dirección Jurídica del H. Congreso del Estado". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 664/2017-IX. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia o por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. (.) III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias se estará a lo dispuesto por en el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Ello es así, pues del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos ****** señalaron en el proemio de la misma, que comparecen ante esta instancia por propio derecho, mientras que en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado refiere textualmente que: "Con fecha 22 de febrero del año en curso, los miembros de esta ASOCIACIÓN CIVIL, COLONOS UNIDOS POR TUXTLA; encabezados por JORGE ANTONIO ZUART MORNO, con el carácter de presidente, en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, presentamos un escrito de demanda de Juicio Político en contra del C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas Distrito I oriente de Tuxtla Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla; por las razones expresadas en el escrito en comento".) De lo anterior se patentiza la ambigüedad con la que se conduce la parte quejosa, pues del contexto integral de la demanda no se logra precisar con exactitud la personalidad con la que acude ante este órgano de control constitucional, siendo impreciso en sus pretensiones; es decir, si el promovente comparece ante esta instancia por propio derecho o en representación de la Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla." Asimismo, la parte quejosa únicamente anexó seis copia del escrito de demanda y solo una de ellas con los anexos correspondientes, las que serán distribuidas a las autoridades responsables (2), a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1), terceros interesados (7), por lo que se colige que faltan cuatro copias de la demanda y sus anexos para el traslado de las partes; además cinco copias de los anexos, ello de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO Consecuentemente, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Indiquen con qué calidad comparecen en este asunto, si por propio derecho (persona física) o como representantes de la Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla. 2. Si comparecen como Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla deberán exhibir documento idóneo con la que acrediten debidamente la personalidad con que se ostentan. 3. Exhiban cuatro juegos de copias completas de su escrito inicial de demanda y sus anexos. 4. Exhiban cinco juegos de los anexos de su escrito inicial de demanda. 5. Exhiba copias de su escrito aclaratorio y del documento con que acredite su personalidad, para cada una de las partes. Esto último, en virtud que la demanda de amparo y sus anexos constituyen un todo, pues éstos son inherentes a aquélla, dado que la acreditación de la personalidad con que se acude al juicio de amparo es un presupuesto procesal, sin el cual no prospera la acción constitucional; además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Es aplicable la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". En ese contexto, es necesario que se exhiban copias suficientes de los anexos a la demanda para el traslado a las partes, pues con dichos documentos se acredita la personalidad con la que acude al juicio de amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. ANOTACIONES No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, toda vez que en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, dichas notificaciones requieren la utilización de la firma electrónica, para la cual el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de dicha firma, sin que al momento haya sido implementada en este Vigésimo Circuito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTE DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****** contra actos de la siguiente autoridad: 1. Integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chiapas. 2. Actuaria de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Chiapas. Ciudad. ACTO RECLAMADO "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la ordenadora, el Dictamen de fecha 8 de mayo de 2017, emitido por H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA; COMISIÓN DE JUSTICIA, relativa a la demanda de JUICIO POLÍTICO presentada contra los CC. Gobernador del Estado, MANUEL VELASCO COELLO, del Diputado Distrito I, oriente, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, y del Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, expediente ******. 2-. de la ejecutora, la notificación del Dictamen que se comenta, realizada el día primero de junio del año en curso, por la C. Actuaria de la dirección Jurídica del H. Congreso del Estado". ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 664/2017-IX. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia o por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. (.) III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias se estará a lo dispuesto por en el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Ello es así, pues del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos ****** señalaron en el proemio de la misma, que comparecen ante esta instancia por propio derecho, mientras que en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado refiere textualmente que: "Con fecha 22 de febrero del año en curso, los miembros de esta ASOCIACIÓN CIVIL, COLONOS UNIDOS POR TUXTLA; encabezados por JORGE ANTONIO ZUART MORNO, con el carácter de presidente, en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, presentamos un escrito de demanda de Juicio Político en contra del C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas Distrito I oriente de Tuxtla Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla; por las razones expresadas en el escrito en comento".) De lo anterior se patentiza la ambigüedad con la que se conduce la parte quejosa, pues del contexto integral de la demanda no se logra precisar con exactitud la personalidad con la que acude ante este órgano de control constitucional, siendo impreciso en sus pretensiones; es decir, si el promovente comparece ante esta instancia por propio derecho o en representación de la Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla." Asimismo, la parte quejosa únicamente anexó seis copia del escrito de demanda y solo una de ellas con los anexos correspondientes, las que serán distribuidas a las autoridades responsables (2), a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1), terceros interesados (7), por lo que se colige que faltan cuatro copias de la demanda y sus anexos para el traslado de las partes; además cinco copias de los anexos, ello de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO Consecuentemente, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Indiquen con qué calidad comparecen en este asunto, si por propio derecho (persona física) o como representantes de la Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla. 2. Si comparecen como Asociación Civil Colonos Unidos por Tuxtla deberán exhibir documento idóneo con la que acrediten debidamente la personalidad con que se ostentan. 3. Exhiban cuatro juegos de copias completas de su escrito inicial de demanda y sus anexos. 4. Exhiban cinco juegos de los anexos de su escrito inicial de demanda. 5. Exhiba copias de su escrito aclaratorio y del documento con que acredite su personalidad, para cada una de las partes. Esto último, en virtud que la demanda de amparo y sus anexos constituyen un todo, pues éstos son inherentes a aquélla, dado que la acreditación de la personalidad con que se acude al juicio de amparo es un presupuesto procesal, sin el cual no prospera la acción constitucional; además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Es aplicable la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". En ese contexto, es necesario que se exhiban copias suficientes de los anexos a la demanda para el traslado a las partes, pues con dichos documentos se acredita la personalidad con la que acude al juicio de amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. ANOTACIONES No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, toda vez que en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, dichas notificaciones requieren la utilización de la firma electrónica, para la cual el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de dicha firma, sin que al momento haya sido implementada en este Vigésimo Circuito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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