Rosa Cecilia Gonzalez Vargas

Expediente 1279/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Rosa Cecilia Gonzalez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada por ese Tribunal, dentro del recurso de queja 2/2022, interpuesto por Samuel Israel Quintero Aquino, quien se ostentó como representante de la quejosa Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos. Ahora, de la citada resolución se desprende que se declaró infundado el presente recurso de queja en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Samuel Israel Quintero Aquino, quien se ostentó como representante de Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos, contra el proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 1279/2021-5" En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acúsese recibo por la vía que solicita la autoridad oficiante y hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Por último, archívese este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, por instrucción del Magistrado Presidente de dicho Tribunal Colegiado, informa que se admitió el recurso de queja, registrado bajo número 2/2022 de su índice, interpuesto por Samuel Israel Quintero Aquino, quien se ostentó como representante de Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos, en contra del proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. A lo que este Juzgado toma el debido conocimiento. Notifíquese.Así lo acordó y firma Moisés Astengo Palencia, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, encargado del despacho en términos de artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, aplicable en términos del artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", así como de los transitorios VIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO SÉPTIMO del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por vacaciones del Titular, conforme la autorización otorgada por oficio CCJ/ST/4528/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, con asistencia del Secretario Ricardo Ávila Bailón, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa a fin de que cumpliera con la prevención hecha por este Juzgado de Distrito en proveído de diecisiete de noviembre del presente año, le fue notificado de manera electrónica a la parte promovente el veintidós de noviembre del año actual, por lo que dicho término transcurrió del veinticuatro al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, sin contar el veintisiete y veintiocho de noviembre del año en curso, por ser inhábiles, sin que diera cumplimiento al mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Samuel Israel Quintero Aquino, quien se ostentó como representante de Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad Guadalupe Victoria de este Partido Judicial de Mexicali, Baja California.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Demanda. Agréguese el escrito de demanda que promueve escrito de demanda firmado electrónicamente por Samuel Israel Quintero Aquino, quien se ostenta como representante de Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad Guadalupe Victoria de este Partido Judicial de Mexicali, Baja California, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1279/2021-5, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Suspensión de plano. Como preámbulo, se establece que en el escrito de demanda la parte quejosa destaca como acto de reclamo por parte de la autoridad responsable, la omisión o negativa del dictado de medidas de protección dentro de un juicio sumario de alimentos; al respecto, resulta conveniente citar el artículo 126 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del artículo en cita, se desprende que en contra de los actos reclamados que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, procede conceder la suspensión de oficio y de plano. Asimismo, la naturaleza de la suspensión en el juicio de amparo como medida cautelar, tiene como finalidad de manera general en primer lugar, preservar la materia del juicio, y en segundo lugar, prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. A manera de ejemplo, en materia penal, la finalidad de la suspensión de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de ataques a la libertad personal, es la protección a la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resienta la parte quejosa, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave a la quejosa, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. En la especie, del contenido íntegro de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa se encuentra en libertad y no se encuentra en peligro la vida con la emisión del acto reclamado, puesto que ello se infiere de la lectura de los antecedentes del acto reclamado. En atención a ello, con apoyo en el artículo 126, de la ley de la materia, no es el caso pronunciarse respecto del acto referido, en cuanto a la suspensión de plano, en virtud de que para concederla tendría que estar bajo los efectos del acto precisado, esto es, privada de su libertad personal, incomunicada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien, que estuviera en peligro la vida, lo que en caso no acontece, puesto que la concesión de la suspensión de oficio y de plano es con la finalidad de que cesen los actos que de manera real y actual se encuentre sufriendo, sin embargo, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 126 en cita para que resultare procedente la concesión de dicha medida. Prevención. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 114 fracción I y II, de la Ley de Amparo, y por conducto del Actuario Adscrito a este Juzgado, mediante notificación personal que al efecto se haga al promovente, requiérasele para que dentro del término de cinco días, contados al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, aclare su demanda de amparo, en relación a lo siguiente: Único. Exhiba documento idóneo con el que acredite tener el carácter de representante o apoderado legal de Rosa Cecilia González Vargas, así como de sus menores hijos. Lo anterior, toda vez que no exhibe documento alguno con el acredite dicha personalidad y del escrito inicial se desprende que promueve en su nombre, no obstante de acompañar copia de acuerdos emitidos en el juicio de origen, sin embargo, de los mismos se advierte que le asiste el carácter de abogado patrono o procurador, más no de apoderado de los quejosos, para estar en aptitud de promover juicio de amparo en su nombre. Aunado a lo anterior, cabe señalar que tampoco se puede considerar que el promovente lo hace en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, puesto que, como se dijo en párrafos anteriores, no se encuentra en los supuestos que señala el artículo 22 Constitucional o que se encuentre en peligro la vida, para estar en aptitud de presentarlo en es forma. Sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias P./J.23/2009 y P./J. 43/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a fojas siete y cuarenta y ocho, respectivamente del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XXIX abril de dos mil nueve y IV, julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con registros 167431 y 200084 que, a la letra, dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Quedando apercibido el promovente, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del mismo numeral. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la ley de amparo a José Antonio Domínguez Almendárez y Alan Adrián Moreno Rico. Acceso y notificación electrónica. Como se solicita, toda vez que de la búsqueda en el reporte de autorizados para consultar el expediente electrónico, se encontró registro de los usuarios ""AlanMoreno, Almendarez y SamuelQuintero", se autoriza el acceso al expediente electrónico, para ello háganse las adecuaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en cuanto a las notificaciones electrónicas; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y lo previsto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte quejosa, dado que así lo solicita expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia y datos personales Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.

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