Rosa Catalina Quizhpi Guaillas
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosa Catalina Quizhpi Guaillas
- Rosa Catalina Quizhpi Guaillas y Otros.
Actuaciones
- Principal
...el auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida... HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes... archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de junio de dos mil veintidós. Vista lo de cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por los licenciados David Antonio Martínez Cervantes, Hugo Daniel Cuellar Gómez y José Antonio Guerrero Cobos, en favor de Rosa Catalina Quizhpi Guaillas, niña Mebelín Lisseth Criollo Quizhpi y niño Alan Edward Criollo Quizhpi, de nacionalidad ecuatoriana, contra actos del Delegado o responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1038/2022-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado se hace consistir en la orden de privación de la vida, infringir tormento y tortura psicológica, así como las órdenes de expulsión y destierro del país, incomunicación y malos tratos. Ahora bien, en el caso se actualiza una causa de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." El precepto trascrito prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) Que se trate del mismo quejoso; b) Se dirija contra las mismas autoridades; y c) Sea el mismo acto reclamado. En el presente asunto se reclaman los actos apuntados con antelación; mismos que de igual manera están impugnados en el diverso juicio de amparo 1021/2022-M, tramitado ante este mismo órgano de control constitucional, promovido por la misma quejosa y contra la misma autoridad. Procedimiento de amparo que fue admitido, concediéndose la suspensión de plano, por ende, se considera que está en trámite; circunstancia que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, conforme al ordinal 2º de ésta última, constancias que se tienen a la vista. Aplica a lo expuesto, la Jurisprudencia 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época (registro 172215), que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En esas condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues como ha quedado reseñado, la protección constitucional es solicitada en favor de Rosa Catalina Quizhpi Guaillas, niña Mebelín Lisseth Criollo Quizhpi y niño Alan Edward Criollo Quizhpi, de nacionalidad ecuatoriana, contra actos del Delegado o responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, contra actos contemplados en el artículo 22 de la Ley de Amparo, cuyas actuaciones son materia del juicio de amparo 1021/2022-M, de la estadística de este órgano de amparo, de ahí la improcedencia por litispendencia de la nueva demanda de amparo que nos ocupa. En ese sentido, tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 142, Primera Parte, 205-216, del Semanario Judicial de la Federación, 205-216, Séptima Época, registro 232137, que reza: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS.- Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." De igual forma, por lo que informa la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, Enero de 1995, página 260 (registro 209531), de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En tal virtud, es evidente que este asunto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos fundamentales promovida en favor de Rosa Catalina Quizhpi Guaillas, niña Mebelín Lisseth Criollo Quizhpi y niño Alan Edward Criollo Quizhpi, de nacionalidad ecuatoriana. No obstante, se previene a los promoventes se abstengan de presentar por más de una ocasión demandas respecto las mismas autoridades y actos reclamados, toda vez que ello implica la utilización de recursos materiales y humanos en cuestiones que fueron materia de pronunciamiento en un expediente reciente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado, en virtud que el domicilio que señalan los promoventes en la solicitud de garantías, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, asimismo, se les tiene por señalando los correos electrónicos que mencionan en la misma. Con sustento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de acuerdo a la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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