Rosa Casarrubias Méndez

Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Rosa Casarrubias Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ***** por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite información que le fue requerida en proveído de veintiuno de octubre de la presente anualidad. Con la misma, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis I.5o.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se glosó el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de las constancias que remitió como justificación a su informe la citada autoridad responsable refiere haber cumplido con lo solicitado por la parte quejosa, sin que lo acredite en su totalidad. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mediante oficio que al efecto de libre, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten lo manifestado en su informe justificado. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Apercibido que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad para cumplir con ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. En consecuencia, para dar margen a la integración de este expediente, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, en su lugar se fijan DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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