Rosa Carmina Contreras Rodríguez
Expediente 1259/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa Carmina Contreras Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término para que las partes se inconformaran contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías, transcurrió del quince de mayo al dos de junio del presente año, sin que se manifestaran en el término que establece el artículo 202 párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por lo tanto, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Seguimiento de Expedientes. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de conservación en un plazo de tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, los expedientes relativos a los juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en las que se ubica el presente expediente, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y no fue promovido incidente de suspensión. Asimismo, es conservable el presente expediente, y una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, deberá ser transferido al depósito documental que en su momento se designe para tal efecto. DOCUMENTO Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa allegó documentales al presente juicio de amparo; por tanto, REQUIÉRASELE para que dentro del término de SEIS MESES, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlos, APERCIBIDA que de ser omisa, se procederá a su depuración junto con el expediente que nos ocupa.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por *********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista concedida en proveído de ocho de los corrientes, y al efecto realiza manifestación respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia. Por consiguiente y en virtud de que en la propia fecha se tiene por desahogada la vista concedida en proveído de ocho de los corrientes, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada por este Juzgado se resolvió lo siguiente: "En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente los artículos 50, fracción II, así como el diverso 51, fracción I, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo de pago expedido a nombre de la aquí quejosa Rosa Carmina Contreras Rodríguez, con número de folio 0001722039 emitido el doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se cobró al quejoso la cantidad de $60,910.00 (sesenta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pagos de derechos con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la operación consignada en dicho recibo. Lo anterior, para el efecto de que le sea devuelta tal cantidad que pagó por la aplicación de los artículos 50, fracción II, así como el diverso 51, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. [.] Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra clase, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionario del amparo la cantidad que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el referido recibo de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. [.] En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. [.] Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa. Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el citado recibo de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compra-venta donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. [.] Por tanto, también deberá devolverse al impetrante de amparo, la cantidad de $5,537.00 (cinco mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional los artículos 50, fracción II, así como el diverso 51, fracción I de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en los montos totales del recibo 0001722039 emitido el doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se cobró al quejoso la cantidad de $60,910.00 (sesenta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pagos de derechos con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la operación consignada en dicho recibo. Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones." Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad correspondiente efectuó lo siguiente: ? En oficio de dos de mayo de dos mil veintitrés, firmado por Brenda Patricia Armenta Viera, Jefa del Departamento de Amparos y Asuntos Penales en suplencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en representación de la Dirección de Recaudación, remitió copia certificada de la comparecencia de veintiséis de abril de este año, en la cual se advierte que se entregó un cheque a la quejosa Rosa Carmina Contreras Rodríguez, por la cantidad de $ 59,947.80 (cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), expedida a nombre de ésta, de la cual se observa la firma de la persona que recibió el citado título de crédito. En relación con lo anterior, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista establecida en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el cual manifestó lo siguiente: ".que, la parte Quejosa, ya acudió a recibir el cheque a las instalaciones de la oficina de recaudación de rentas donde se generó el acto de aplicación, el cual fue buen cobro. Por tales circunstancias, la sentencia se tiene por cumplimentada en todos sus términos." De lo anterior, se observa la conformidad de la quejosa respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto al fallo protector. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por las autoridades responsables para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMARO Sin que se advierta exceso o defecto en los actos emitidos para acatar el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con la presente determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por Brenda Patric********************, Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales en suplencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, actuando en representación de la Dirección de Recaudación, mediante el cual informa como dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida de que con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en su cumplimiento, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del Director de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que se emitió el cheque número 254, a nombre de la quejosa Rosa Carmina Contreras Rodríguez, por la cantidad de $********************, el cual le fue turnado a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para su entrega a la beneficiaria. En vista de lo anterior, requiérase a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo y remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia, o bien informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, Apartado B, párrafo sexto y séptimo, Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de lo previsto por el numeral 258 de la Ley de Amparo.
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