Rosa Blanco Reyes

Expediente 2687/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2687/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa Blanco Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    AVISO. POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa Blanco Reyes, por derecho propio, contra la omisión que reclama del Presidente Auxiliar adscrito a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y del Actuario Notificador adscrito, por considerarla violatoria de los derechos humanos consagrados en los artículos 1° y 17 constitucionales. Formación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 2687/2019. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, analizada que es la demanda de amparo y anexo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Por su parte, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, la omisión reclamada no produce afectación en la esfera jurídica de la quejosa. Los dispositivos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación en la esfera jurídica del quejoso. Por su parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la tesis aislada de la séptima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, tercera parte, página 127, que textualmente indica: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Lo anterior significa que, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hacen consistir, en síntesis, en la omisión de dictar laudo en el expediente 1628/2018-J, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. En ese orden de ideas, es necesario destacar que los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que la partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.] Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." (Lo resaltado es propio de este juzgador). De dichos artículos se advierte que la Junta del conocimiento debe emitir el laudo, ciñéndose a los siguientes términos: a) Diez días a partir de que se cierre la instrucción para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo; b) Cinco días a partir de que los integrantes reciban la copia del proyecto de resolución en forma de laudo, para que, en su caso, soliciten que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo, o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad; y, c) Diez días a partir de que hayan trascurrido los cinco días referidos en el inciso que antecede, para que se lleve a cabo la discusión y votación del proyecto de resolución en forma de laudo. Con base en lo expuesto, se concluye que el acto reclamado, de momento, no causa un perjuicio real y definitivo a la parte quejosa, por lo siguiente: La demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, tal y como se advierte del sello de recepción, en la cual se reclama la omisión de dictar laudo en el expediente 1628/2018-J, del índice de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Por su parte, se tiene a vista la copia simple que se exhibió como anexo a la demanda de amparo, misma que, en términos del artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena en contra de su oferente (parte quejosa). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Novena Época, con número de registro 203516, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo III, Enero de 1996, la cual es visible a página 124, y establece lo que a continuación se transcribe: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..." Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad." De la aludida constancia se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Mediante audiencia celebrada el doce de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, se ordenó cerrar la etapa de ofrecimiento y admisión pruebas y se ordenó abrir el periodo de alegatos, posterior a ello, se ordenó una realizar una investigación para identificar a la fuente laboral y se declaró terminada dicha audiencia. En este contexto, es jurídicamente válido establecer que, a la presente fecha, no se ha cerrado la etapa de instrucción en el juicio laboral de origen, pues, como se vio, en la referida audiencia no se hizo pronunciamiento al respecto. De ahí que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no ha iniciado el término establecido por los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para emitir laudo en el juicio de origen, pues, se reitera, no se ha emitido determinación en la que se haya cerrado la instrucción y que, por tanto, se hayan turnado los autos para la emisión del proyecto de laudo, transcurrieran los cinco días para que los integrantes de la Junta soliciten se practiquen las diligencias necesarias, ni los días otorgados para que dicha autoridad discuta y apruebe el referido proyecto para que esté en aptitud de emitir el laudo correspondiente, lo que es materia del acto reclamado. Por lo cual, de momento, no existe perjuicio real y definitivo a la quejosa -respecto a la omisión de emitir el laudo que reclama- y, de ello, deviene la improcedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis de la Novena Época, con número de registro 201387, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo IV, Septiembre de 1996, la cual es visible a página 633, y establece lo que a continuación se transcribe: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Máxime que, conviene destacar, la parte quejosa en su demanda de amparo no se duele de la omisión de la autoridad responsable de cerrar la etapa de instrucción, sino que toda su causa de pedir, así como sus conceptos de violación, están encaminados a evidenciar que la omisión de emitir el laudo es violatoria de sus derechos humanos. Consecuentemente, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejosa. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, en razón de que el presente asunto es de materia laboral y la parte quejosa es trabajadora, por lo que no deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 12,096 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano