Rosa Bernardino López

Expediente 628/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
628/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Rosa Bernardino López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de trece del mes y año en curso; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del Magistrado Miguel Nahim Nicolás Jiménez, para los efectos legales procedentes.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa ***, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión de nueve de mayo del año en curso, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el expediente de donde deriva el presente juicio de amparo, es factible que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17, primer párrafo, y 18, todos de la Ley de Amparo. La lectura de los preceptos legales transcritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto que se reclame, pero también se precisa, que en caso de que se haya tenido conocimiento de dicho acto, debe promoverse desde el día hábil siguiente a aquél o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sobre el particular, cabe destacar que en la contradicción de tesis 45/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente refirió, lo siguiente: "[.] de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una genuina pregunta.- 34. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera: ¿El plazo para la promoción de la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emitió en cumplimiento de una ejecutoria que concedió la protección constitucional, comienza a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, o bien, comienza a transcurrir a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o cuando el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma?.- VI. Criterio Imperante.- 35. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.- 36. La Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (Se cita nota al pie de página) establece, en sus artículos 17 y 18, el plazo para promover la demanda de amparo, sus excepciones, así como los lineamientos para computarlo. Dichos preceptos establecen textualmente lo siguiente:- Plazos para presentar la demanda de amparo.- "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:- "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;- "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;- "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;- "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.".- Cómputo de plazos para la presentación de la demanda.- "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.".- 37. De los preceptos transcritos se desprende, en lo que a esta resolución interesa, que el legislador federal previó un plazo general de quince días para presentar la demanda de amparo, con excepciones específicas de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.- 38. Asimismo, se advierte que, salvo que se trate de normas generales autoaplicativas, el propio el legislador determinó, de manera categórica, tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse ese plazo, a saber:- a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o- b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o,- c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.- 39. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor.- 40. Por tanto, en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, a juicio de este Tribunal Pleno, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma.- 41. Siendo esto así, es posible concluir que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley.- 42. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos, la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto.- 43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente.- 44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático.- 45. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta.- 46. Por tanto, este Tribunal Pleno considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.- 47. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje a los quejosos en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aun cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior.- 48. Así las cosas, este Alto Tribunal considera que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo." Como se advierte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la Ley de Amparo no establece una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que resultara posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma. Concluyendo que, en esos casos, el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Además, precisó que podría darse el supuesto hipotético de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese caso, el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo -la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos-, la parte agraviada estaría en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento completo del acto reclamado. Puntualizando que dicha circunstancia no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta. Así las cosas, como se denota en la anterior transcripción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse "a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución." La aludida contradicción de tesis, dio lugar a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), localizada en el Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se invoca: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Con la finalidad de acreditar la actualización de la causa de improcedencia advertida, es conveniente recordar los siguientes antecedentes del acto reclamado. El Tribunal responsable el uno de agosto de dos mil diecisiete dictó sentencia definitiva, en la cual tuvo por acreditada la excepción de cosa juzgada reflejada, por lo que declaró improcedente la acción intentada. No conforme con el sentido de la determinación anterior, ****, promovió juicio de amparo directo, al cual se adhirió ***, causahabiente del extinto *** y de ***; tal juicio constitucional fue radicado con el número de expediente ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, el cual fue resuelto en sesión de uno de marzo de dos mil dieciocho, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, quien concedió la protección de la Justicia Federal en el amparo principal y en el adhesivo negó el amparo solicitado. En cumplimiento a dicho fallo, el Tribunal responsable el tres de abril de dos mil dieciocho, emitió la sentencia reclamada, a través de la cual condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Determinación que se notificó dentro del juicio de amparo ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, a la ahora quejosa, a través de su autorizada ***, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, asentándose que se le entregó copia autorizada de la resolución reclamada en el presente juicio constitucional; como se advierte de la siguiente imagen: Así, se evidencia que la parte quejosa, tuvo conocimiento pleno de la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, desde el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho (en que le fue notificada personalmente por comparecencia, a través de su autorizada, con la vista del acuerdo de trece de abril de la anualidad citada, asentándose que recibía copia autorizada de la misma), con lo que se surte una de las hipótesis previstas en la contradicción de tesis invocada con antelación, pues existe evidencia plena y fehaciente por así constar en autos, de que la ahora quejosa tuvo conocimiento del fallo reclamado. En efecto, de la imagen inserta se pone de manifiesto que la quejosa, a través de su autorizada, dentro del diverso juicio de amparo directo ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, tuvo conocimiento de la sentencia reclamada, dado que le fue notificada en forma personal; resolución que fue remitida por el Tribunal responsable a fin dar cumplimiento al fallo protector emitido en el mencionado juicio constitucional. Al respecto, debe decirse que no obsta que el conocimiento del acto reclamado haya sido a través de su autorizada, pues del acta de notificación correspondiente (inserta en párrafos precedentes), se obtiene que la ahora quejosa autorizó a Erika Zárate Ventura, para recibir notificaciones, toda vez que así lo asentó el fedatario judicial, quien precisó que se trataba precisamente de su autorizada. Máxime, cuando no pasa desapercibido que de la demanda de amparo origen del presente juicio constitucional, *** también designó como autorizada para oír y recibir notificaciones a ***; circunstancia de la cual se advierte, sin prueba alguna que demuestre lo contrario, que **** sí tiene la calidad de autorizada de la aquí peticionaria de la protección constitucional. Por tanto, se actualiza la hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se tiene conocimiento del acto; siendo esta data la que debe considerarse como base para analizar la oportunidad en la presentación de la demanda, porque como ha sido precisado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los supuestos previstos en el numeral citado, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, siendo clara la intención del legislador de establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo sea a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellas. Es así, pues no debe perderse de vista que el acto aquí reclamado fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el expediente ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por lo que la sentencia materia de la presente controversia fue hecha del conocimiento de la hoy quejosa, dentro de ese mismo juicio de amparo directo, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la que incluso, fue valorada para tener por cumplido el fallo protector -por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. De lo que se concluye que, la impetrante tuvo conocimiento del acto reclamado en distinta fecha a la aducida en su libelo constitucional, a saber, desde el diecisiete de abril de dos mil dieciocho. En tales condiciones, si **** tuvo conocimiento del acto reclamado en términos de la segunda hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, en la data precisada en el párrafo que antecede, entonces el plazo para la interposición de la demanda inició el dieciocho posterior y feneció el nueve de mayo de dos mil dieciocho. Siendo importante destacar que del plazo anterior se descontaron los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, así como uno, cinco y seis de mayo de dos mil dieciocho, al haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Bajo las anteriores premisas, es inconcuso que la demanda de amparo se presentó fuera del lapso de quince días, contemplado por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ello ocurrió el quince de mayo de dos mil dieciocho; lo que corrobora que en el particular se actualizó la segunda hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en virtud del conocimiento fortuito de la existencia del acto reclamado. No se inadvierte que el tribunal responsable, dentro del juicio natural notificó a la aquí peticionaria de amparo, la sentencia reclamada, el veinte de abril de dos mil dieciocho; sin embargo, como se destacó, al tener conocimiento la amparista del acto reclamado el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dentro del diverso juicio de amparo directo ****, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, es inconcuso que debe estarse a esta última fecha para efectos de la oportunidad en la promoción del presente juicio uniinstancial, dado que se cumplió con su fin, esto es, que la quejosa conozca la resolución reclamada. En consecuencia, hágase saber a la parte quejosa, que dentro del término de tres días al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, deberá desahogar la vista decretada, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Túrnese el presente expediente al Magistrado Miguel Nahim Nicolás Jiménez, para que formule el proyecto de resolución, en la inteligencia de que este acuerdo surte los efectos de citación para sentencia.

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