Rosa Belia De la Cruz Hernández

Expediente 562/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Rosa Belia De la Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere recurso de queja contra del acuerdo de fecha nueve de enero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. V-B

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la quejosa ROSA BELIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, no dio cabal cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 13-16), ya que no exhibió original o copia certificada por funcionario público o autoridad competente del documento con el cual acredite fehacientemente la representación legal que dice tener respecto de los menores de iniciales RVDLC y LVDLC, así como no proporcionó el domicilio actual y exacto del tercero interesado Rigoberto Vásquez Altamirano, dentro del plazo que para tal efecto se le concedió; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído, por lo que, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como la parte quejosa no manifestó durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese; a la parte quejosa mediante lista, por así haberlo solicitado en su demanda inicial. V-B

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. a) Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ROSA BELIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario Civil del Distrito Judicial de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO. a). De la primera autoridad, le reclamo el contenido del acuerdo de fecha tres de diciembre del año dos mil dieciocho, específicamente el apartado en la que acordó y se pronunció, sobre las MEDIDAS PROVISIONALES que solicite en mi escrito inicial de demanda, ya que dicha determinación afecta gravemente mis derechos humanos y la de mis menores hijos. b). De la segunda autoridad, le reclamo la ejecución material del acuerdo antes citado, así como sus consecuencias legales." Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 562/2018. b) Prevención realizada. Ahora bien, como se advierten irregularidades en la demanda de amparo de que se trata, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no; con fundamento en el artículo 114, fracciones II y III, en relación con el 108, fracciones I y II, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en base a las siguientes consideraciones. a) Exhiba original o copia certificada por funcionario público o autoridad competente del documento con el cual acredite fehacientemente la representación legal que dice tener respecto de los menores de iniciales RVDLC y LVDLC. Lo anterior, constituye una obligación que le impone el artículo 10, en su vinculación con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que en la demanda de amparo indirecto se expresará el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número P./J. 43/96, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 48, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, con número de registro 200084 intitulada: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada Tesis: I.8o.A.9 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Página: 2890, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2011974 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA.- De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos. b) Proporcione el domicilio actual y exacto del tercero interesado Rigoberto Vásquez Altamirano, pues de la lectura de la demanda se advierte que a éste le resulta tal carácter al ser el deudor alimentario en el juicio natural de donde deriva el acto aquí reclamado. El anterior requerimiento tiene su fundamento en el artículo 108, fracción II en relación con el diverso 114, fracción II de la Ley de la Materia, al ser uno de los requisitos esenciales de la demanda de amparo. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes para el traslado a las partes en este juicio. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 79, Novena Época, con número de registro 189977, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Por lo tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. c) Domicilio y autorizados. En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, visible en la página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, téngasele únicamente para tales efectos a la persona que precisa, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que lo faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado. Notifíquese mediante lista por así haberlo solicitado la parte quejosa en su demanda de amparo. II-B-Penal

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