Rosa Beatríz Loyola Martínez

Expediente 1708/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1708/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Rosa Beatríz Loyola Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    III- Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido; en ese contexto, hágase del conocimiento de las partes para que dentro del plazo de tres días contado legalmente, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, que resolverá el medio de impugnación interpuesto, por lo que transcurrido dicho plazo, se enviarán el escrito de agravios, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que se estimen pertinentes. Sin que se estime procedente ordenar la suspensión del procedimiento con la interposición de dicho medio de impugnación, en razón de lo siguiente: El artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)" El texto legal transcrito sistematizó los supuestos de procedencia del recurso de queja, y en el inciso e) precisó con claridad el objeto de ese medio de impugnación, traducido en las resoluciones dictadas en la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan de forma expresa el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Concomitante con la interposición del medio de impugnación citado, emerge la obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre la factibilidad de suspender el procedimiento constitucional, facultad que se encuentra estatuida en el artículo 102 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia." La transcripción precedente revela que la suspensión mencionada dependerá de que la ejecución de la resolución impugnada tenga una naturaleza trascendental y grave, con un perjuicio a alguna de las partes. De ahí que la ejecutividad sea la característica fundamental que debe tener en cuenta el juez constitucional para decidir sobre la suspensión del procedimiento, al tiempo de convertirse en un elemento objetivo para distinguir y determinar si es necesario o no suspender la totalidad del procedimiento, o sólo la ejecución de la resolución impugnada en queja. Así pues, emerge la posibilidad de que a pesar de la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, a juicio del juez resulte innecesario suspender la totalidad del procedimiento, sino únicamente los actos que están relacionados con la materia de la resolución impugnada; y no así aquellos desvinculados de aquélla, o que sean reparables como consecuencia de una queja fundada. De conformidad con lo expuesto, el Juez de Distrito al ejercer su facultad discrecional suspensional del procedimiento deberá hacerlo solamente si la resolución impugnada o sus consecuencias afectan o menoscaban algún derecho sustantivo. Un ejemplo sería la admisión y desahogo de una prueba documental, pericial o de inspección que pudiera revelar datos confidenciales de una de las partes. En cambio, si la resolución controvertida es de carácter negativo, o si afecta solamente derechos procesales, como el de defensa o probatorios que la Ley de Amparo concede a las partes, no procederá la suspensión del procedimiento. A guisa de ejemplo puede citarse la solicitud de remisión de constancias que obran en poder de la autoridad responsable, carente de afectación a un derecho sustantivo de alguna de las partes. La negativa a suspender el procedimiento del juicio de amparo guarda identidad incluso, con las características de sencillez, agilidad, concentración y prosecución judicial, que caracteriza al juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VII, Constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (...)" En ese tenor, no se estima que se surtan las condiciones antes mencionadas para considerar que se debe suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, dado que el auto que impugna la parte quejosa se limita en exclusiva al proveído de diez de noviembre de la anualidad, en el que no hubo lugar a reordenar la realización de diligencias ya llevadas a cabo para emplazar a dos terceras interesadas; remitiendo a la parte quejosa a lo ordenado en el auto de siete de noviembre de la anualidad, en el que se le conminó para exhibir los edictos correspondientes. Así pues, se estima que el auto impugnado no genera algún efecto de imposible reparación, dado que el auto que en todo caso pudo haberlo hecho es el de siete de noviembre de la anualidad, y no el diverso de diez, en el que sólo se determinó la remisión a aquél y sus consecuencias legales. Máxime que, aún se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días establecido en aquél, para la exhibición de los edictos respectivos, por lo que no se puede establecer que exista de manera actual y real una afectación de imposible reparación para la parte quejosa.

  2. Principal

    III.- Vista la certificación de cuenta, se aprecia que se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por virtud de las circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la Circular SGP/02/2023, signada por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal; así como los avisos de suspensión de labores emitidos por el Coordinador de Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y Juzgado Mercantil Federal con residencia en Toluca. En consecuencia, dado que ya transcurrieron los días de referencia, se reanuda el procedimiento en el presente asunto. Luego, se advierte que mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el representante legal de las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, solicitó una prórroga de un día hábil posterior al quince de octubre de la presente anualidad, con el propósito de cumplimentar totalmente el fallo protector; sin que a la fecha obre en autos promoción alguna de la cual se advierta lo anterior. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; se requiere al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como al Director General de dicho Instituto (en su carácter de superior jerárquico), para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas legalmente computado, den total cumplimiento al fallo protector y remitan las constancias certificadas que así lo demuestren.

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