Rosa Azucena Raviela Sánchez

Expediente 703/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
703/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Rosa Azucena Raviela Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la sentencia de doce de septiembre del año en curso, autorizada el día trece del mismo mes y año, se le notificó a la parte quejosa por medio de lista publicada el diecinueve del presente mes; sin embargo debió notificársele de manera personal, en razón de que dicha sentencia se emitió un día después de su fecha señalada para la audiencia constitucional; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la notificación practicada y se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el domicilio señalado en su escrito inicial de demanda y le notifique de manera personal la resolución de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 703/2016; y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rosa Azucena Raviela Sánchez, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora. Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. Ejecutoras. Juez y Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial De los Bravo. Delegado Estatal de la SEDATU en Guerrero. Todos residentes en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS: "La falta de emplazamiento a juicio y descuento por concepto de alimentos". SEGUNDO. Por acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis, se registró en el libro de gobierno respectivo la demanda de amparo con el número 703/2016 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio especial de alimentos tramitado ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Sobre el particular se estima que se actualiza la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual señala "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda". Esto, ya que del auto de radicación dictado en el juicio natural, se advierte que el juez responsable emitió las siguientes determinaciones: (1) por concepto de pensión alimenticia provisional decretó el cuarenta por ciento a favor del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, (2) ordenó su emplazamiento y (3) giró oficios para investigar la capacidad económica de las partes; para cumplimentarlas, respecto a la primera de ellas y a la tercera giró los oficios relativos, los cuales dejó a disposición de la parte actora (ahora quejosa) y en relación con la segunda expidió un exhorto a su homólogo; cuya omisión de dos de éstas se reclama en esta instancia. Ahora, tomando en consideración que el juez natural para cumplimentar la segunda de esas determinaciones, puso a disposición de la parte actora el oficio para su entrega; por tanto, atento a las reglas señaladas en la Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL "; se estima que se surte a favor de este juzgador la competencia para conocer de este asunto (a prevención), ya que la única autoridad que interviene es el juez ante quien se radicó al reunir el carácter de ordenadora y el de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Rosa Azucena Raviela Sánchez, como parte actora en el juicio especial de alimentos 383-3/2016, reclama. I. Del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. A. La falta de emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román. B. La abstención de llevar a cabo el descuento ordenado en el auto admisorio, del cuarenta por ciento, por concepto de pensión alimenticia a favor del menor Kevin Fabrizio Ávila Raviela. II. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo y del Actuario adscrito ese juzgado primero. La omisión de diligenciar el exhorto ordenado en el auto admisorio girado para emplazar al demandado y requerir a la fuente de trabajo para que informe sobre lo solicitado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo. III. Del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero. La abstención de realizar el descuento del cuarenta por ciento por concepto de pensión alimenticia ordenado el treinta de marzo del dos mil dieciséis, ordenada en oficio 325/2016. TERCERO. La Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo y la Secretaria Actuaria de su adscripción, así como el Delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero, residentes en la ciudad de Chilpancingo, negaron los actos reclamados; manifestación que se acepta en sus términos, pues así se advierte de las actuaciones que el exhorto 156-3/2016, remitida por la primer autoridad, las cuales hizo suyas la segunda de las citadas y de aquélla enviadas por el último de los mencionados; a las cuales se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, como a continuación se expondrá. Esto es así, teniendo en cuenta que cuando se reclama un hecho negativo que se traduce en la omisión de la autoridad de realizar una conducta en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, implica un no actuar de la misma, por regla general corresponde a la responsable demostrar con un hecho positivo que no incurrió en tal omisión, de acuerdo con la Tesis CLXXV/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 392, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario". Lo anterior es así, pues de las documentales remitidas se advierte que: Mediante oficio 3039 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad remitió el exhorto 156-3/2016, en el cual se ordenó el emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román, así como de requerir a la fuente de trabajo para que informe sobre lo solicitado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, en relación con el oficio por el cual se le conminó a hacer el descuento del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que aquél obtenga en su fuente de trabajo. En cumplimiento a lo solicitado, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo ordenó su diligenciación por encontrarse ajustado a derecho y la Secretaria Actuaria de su adscripción en diligencia de trece de julio de dos mil dieciséis, hizo constar su imposibilidad para llevarla a cabo y en relación con el emplazamiento asentó que: "JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ARTEAGA, quien manifestó ser el Jefe de Recursos Humanos de la SEDATU, agregando que el domicilio laboral correcto porque ahí labora, ante tales manifestaciones y previamente identificada, le pregunté por el ciudadano MOISÉS ÁVILA ROMÁN, argumentando el entrevistado a la suscrita actuaria que el ciudadano MOISÉS ÁVILA ROMÁN, causó baja de la dependencia antes mencionada desde el día treinta de abril del dos mil dieciséis con motivo de término de nombramiento, toda vez que era un nombramiento temporal por un periodo de hasta diez meses, para desempeñar el puesto de: Subdelegado Jurídico en la Delegación Estatal en Guerrero, adscrito a la Delegación Estatal en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado de Guerrero ." . Por lo que ve a la entrega del oficio, la fedataria hizo constar que: ". JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ARTEAGA . manifiesta que recibe el oficio antes mencionado para dar de nueva cuenta contestación al diverso 258/2016 de fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, girado por la Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, toda vez que mediante oficio 0001993 de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, y recibido mediante oficial de partes del Distrito Judicial de los Bravo, el día tres de junio del presente año, fue dirigido a la Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, mismo que exhibe en copia fotostática simples .". En ese acto tuvo por recibido el oficio 000193 de uno de junio de dos mil dieciséis, con el cual acreditó lo informado por la persona que atendió dicha diligencia . De lo narrado se concluye que no es factible atribuir a las citadas autoridades responsables la omisión reclamada, pues se llevó a cabo las diligencias ordenadas para cumplimentar el exhorto, en las cuales se asentó que la parte demandada en el juicio especial de alimentos desde el treinta de abril de dos mil dieciséis dejó de laborar en la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Chilpancingo, Guerrero (lugar designado también para llevar a cabo el emplazamiento a juicio de dicha parte procesal). Sin que el quejoso aportara prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo; por lo que al no haberse acreditado la existencia de los actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Es cierto los actos reclamados a la Juez Cuarto de Primera Instancia, en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, no obstante que al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados; pues las constancias que integran el juicio especial de alimentos 383-3/2016 que promovió la quejosa en contra de Moisés Ávila Román, a las cuales dada su naturaleza de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; se advierte que a la fecha de presentación de la demanda no se había emplazado a juicio a la parte demandada ni hecho efectivo el descuento ordenado en el auto admisorio. QUINTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto de la falta de emplazamiento del demandado Moisés Ávila Román, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal . Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de emplazar a juicio al demandado Moisés Ávila Román y dicha parte procesal compareció el trece de julio del año en curso a apersonarse al juicio de alimentos promovido en su contra; lo que se corrobora con la documental que se adjuntó al informe con justificación, cuyo valor probatorio quedó señalado en el considerando que antecede; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que ha dejado de existir, quedando la parte quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera nacido, pues la sola emisión del oficio por el que se informó lo solicitado y su entrega ante la autoridad que lo peticionó, restituye a la quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de esa omisión, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el derecho a la jurisdicción, lo que ya se realizó. De ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo; sin que sea factible analizar la legalidad de esa diligencia por no constituir el acto reclamado el acto reclamado. Por último, respecto del diverso acto identificado con la letra B, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII , de la Ley de Amparo, en virtud de que aun subsistiendo el acto reclamado, éste ha dejado de surtir sus efectos legales. Se justifica lo anterior, porque de autos se advierte que: Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el juicio especial de alimentos promovido por la quejosa en representación de su menor hijo Kevin Fabrizio Ávila Raviela, se decretó a favor de éste, como medida provisional, por concepto de pensión alimenticia el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que obtenga en su fuente de trabajo ; y para dar cumplimiento a aquel auto, entre otras determinaciones, se giró exhorto a fin de emplazar a juicio al demandado y se envió oficio a la fuente de trabajo para hacer efectivo el descuento de referencia. Por cuestión de turno, la diligenciación del exhorto correspondió al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, quien lo tuvo por recibido el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, asimismo ordenó su cumplimentación y ante la imposibilidad para llevar a cabo lo indicado en dicho comunicado oficial, por no laborar dicha parte procesal, lo devolvió sin diligenciar; y el juez natural el siete de junio siguiente lo tuvo por recibido y dio vista a la actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, desahogada la vista, se ordenó girar nuevo exhorto a fin de dar cumplimiento al auto admisorio y requiriera al Delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero, diera cumplimiento a lo ordenado por la Juez Segundo en aquella materia y distrito judicial; y de ese comunicado oficial correspondió su diligenciación al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares . En diligencia de trece de julio de dos mil dieciséis, llevada a cabo por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román, asimismo, notificó el oficio al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero . Mediante oficio 0002592 el Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Chilpancingo, Guerrero, en cumplimiento a lo solicitado informó que el demandado "ya no labora para esta Dependencia y tuvo como último día de trabajo, por terminación del nombramiento temporal en el puesto de Subdelegado Jurídico en la Delegación Estatal en Guerrero (se anexa copia fotostática de nombramiento) el día 30 de abril de 2016, por tanto, su servidor se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento. . Lo cual también informó a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. De lo expuesto se tiene, que la inactividad en el juicio especial de alimentos aún subsiste al no llevarse a cabo el descuento ordenado en el auto admisorio, relativo al cuarenta por ciento, por concepto de pensión alimenticia a favor del menor Kevin Fabrizio Ávila Raviela; sin embargo, el hecho de que la parte demandada ya no labore en la dependencia a la cual se ordenó girar el oficio para llevar a cabo dicho descuento se constituyó un impedimento para que se materialice la medida provisional decretada en el auto admisorio y dada la naturaleza del acto reclamado no sería posible la restitución del derecho fundamental que aduce la quejosa le fue transgredido, debido a que su materia dejó de existir, en razón de que la omisión acusada no deriva de un actuar negligente por parte de la responsable; de ahí que ante la evidencia de que la parte demandada dejó de laborar en la fuente de trabajo señalada por la actora, es inconcuso que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para ello. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anterior, es procedente concluir que en el presente asunto queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente , máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 703/2016. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman....

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ROSA AZUCENA RAVIELA SÁNCHEZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 703/2016; y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rosa Azucena Raviela Sánchez, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora. Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. Ejecutoras. Juez y Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial De los Bravo. Delegado Estatal de la SEDATU en Guerrero. Todos residentes en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS: "La falta de emplazamiento a juicio y descuento por concepto de alimentos". SEGUNDO. Por acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis, se registró en el libro de gobierno respectivo la demanda de amparo con el número 703/2016 y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio especial de alimentos tramitado ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Sobre el particular se estima que se actualiza la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual señala "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda". Esto, ya que del auto de radicación dictado en el juicio natural, se advierte que el juez responsable emitió las siguientes determinaciones: (1) por concepto de pensión alimenticia provisional decretó el cuarenta por ciento a favor del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, (2) ordenó su emplazamiento y (3) giró oficios para investigar la capacidad económica de las partes; para cumplimentarlas, respecto a la primera de ellas y a la tercera giró los oficios relativos, los cuales dejó a disposición de la parte actora (ahora quejosa) y en relación con la segunda expidió un exhorto a su homólogo; cuya omisión de dos de éstas se reclama en esta instancia. Ahora, tomando en consideración que el juez natural para cumplimentar la segunda de esas determinaciones, puso a disposición de la parte actora el oficio para su entrega; por tanto, atento a las reglas señaladas en la Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL "; se estima que se surte a favor de este juzgador la competencia para conocer de este asunto (a prevención), ya que la única autoridad que interviene es el juez ante quien se radicó al reunir el carácter de ordenadora y el de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Rosa Azucena Raviela Sánchez, como parte actora en el juicio especial de alimentos 383-3/2016, reclama. I. Del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. A. La falta de emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román. B. La abstención de llevar a cabo el descuento ordenado en el auto admisorio, del cuarenta por ciento, por concepto de pensión alimenticia a favor del menor Kevin Fabrizio Ávila Raviela. II. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo y del Actuario adscrito ese juzgado primero. La omisión de diligenciar el exhorto ordenado en el auto admisorio girado para emplazar al demandado y requerir a la fuente de trabajo para que informe sobre lo solicitado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo. III. Del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero. La abstención de realizar el descuento del cuarenta por ciento por concepto de pensión alimenticia ordenado el treinta de marzo del dos mil dieciséis, ordenada en oficio 325/2016. TERCERO. La Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo y la Secretaria Actuaria de su adscripción, así como el Delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero, residentes en la ciudad de Chilpancingo, negaron los actos reclamados; manifestación que se acepta en sus términos, pues así se advierte de las actuaciones que el exhorto 156-3/2016, remitida por la primer autoridad, las cuales hizo suyas la segunda de las citadas y de aquélla enviadas por el último de los mencionados; a las cuales se les concede valor probatorio pleno de acuerdo con los numerales 129, 197 y 202 del citado ordenamiento adjetivo aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, como a continuación se expondrá. Esto es así, teniendo en cuenta que cuando se reclama un hecho negativo que se traduce en la omisión de la autoridad de realizar una conducta en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, implica un no actuar de la misma, por regla general corresponde a la responsable demostrar con un hecho positivo que no incurrió en tal omisión, de acuerdo con la Tesis CLXXV/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 392, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario". Lo anterior es así, pues de las documentales remitidas se advierte que: Mediante oficio 3039 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad remitió el exhorto 156-3/2016, en el cual se ordenó el emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román, así como de requerir a la fuente de trabajo para que informe sobre lo solicitado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, en relación con el oficio por el cual se le conminó a hacer el descuento del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que aquél obtenga en su fuente de trabajo. En cumplimiento a lo solicitado, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo ordenó su diligenciación por encontrarse ajustado a derecho y la Secretaria Actuaria de su adscripción en diligencia de trece de julio de dos mil dieciséis, hizo constar su imposibilidad para llevarla a cabo y en relación con el emplazamiento asentó que: "JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ARTEAGA, quien manifestó ser el Jefe de Recursos Humanos de la SEDATU, agregando que el domicilio laboral correcto porque ahí labora, ante tales manifestaciones y previamente identificada, le pregunté por el ciudadano MOISÉS ÁVILA ROMÁN, argumentando el entrevistado a la suscrita actuaria que el ciudadano MOISÉS ÁVILA ROMÁN, causó baja de la dependencia antes mencionada desde el día treinta de abril del dos mil dieciséis con motivo de término de nombramiento, toda vez que era un nombramiento temporal por un periodo de hasta diez meses, para desempeñar el puesto de: Subdelegado Jurídico en la Delegación Estatal en Guerrero, adscrito a la Delegación Estatal en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado de Guerrero ." . Por lo que ve a la entrega del oficio, la fedataria hizo constar que: ". JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ARTEAGA . manifiesta que recibe el oficio antes mencionado para dar de nueva cuenta contestación al diverso 258/2016 de fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, girado por la Licenciada Norma Sanny Alfaro Zapata, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, toda vez que mediante oficio 0001993 de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, y recibido mediante oficial de partes del Distrito Judicial de los Bravo, el día tres de junio del presente año, fue dirigido a la Licenciada NORMA SANNY ALFARO ZAPATA, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, mismo que exhibe en copia fotostática simples .". En ese acto tuvo por recibido el oficio 000193 de uno de junio de dos mil dieciséis, con el cual acreditó lo informado por la persona que atendió dicha diligencia . De lo narrado se concluye que no es factible atribuir a las citadas autoridades responsables la omisión reclamada, pues se llevó a cabo las diligencias ordenadas para cumplimentar el exhorto, en las cuales se asentó que la parte demandada en el juicio especial de alimentos desde el treinta de abril de dos mil dieciséis dejó de laborar en la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Chilpancingo, Guerrero (lugar designado también para llevar a cabo el emplazamiento a juicio de dicha parte procesal). Sin que el quejoso aportara prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos que reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo; por lo que al no haberse acreditado la existencia de los actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Es cierto los actos reclamados a la Juez Cuarto de Primera Instancia, en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, no obstante que al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados; pues las constancias que integran el juicio especial de alimentos 383-3/2016 que promovió la quejosa en contra de Moisés Ávila Román, a las cuales dada su naturaleza de documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; se advierte que a la fecha de presentación de la demanda no se había emplazado a juicio a la parte demandada ni hecho efectivo el descuento ordenado en el auto admisorio. QUINTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto de la falta de emplazamiento del demandado Moisés Ávila Román, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal . Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de emplazar a juicio al demandado Moisés Ávila Román y dicha parte procesal compareció el trece de julio del año en curso a apersonarse al juicio de alimentos promovido en su contra; lo que se corrobora con la documental que se adjuntó al informe con justificación, cuyo valor probatorio quedó señalado en el considerando que antecede; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que ha dejado de existir, quedando la parte quejosa en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera nacido, pues la sola emisión del oficio por el que se informó lo solicitado y su entrega ante la autoridad que lo peticionó, restituye a la quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de esa omisión, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el derecho a la jurisdicción, lo que ya se realizó. De ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo; sin que sea factible analizar la legalidad de esa diligencia por no constituir el acto reclamado el acto reclamado. Por último, respecto del diverso acto identificado con la letra B, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII , de la Ley de Amparo, en virtud de que aun subsistiendo el acto reclamado, éste ha dejado de surtir sus efectos legales. Se justifica lo anterior, porque de autos se advierte que: Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el juicio especial de alimentos promovido por la quejosa en representación de su menor hijo Kevin Fabrizio Ávila Raviela, se decretó a favor de éste, como medida provisional, por concepto de pensión alimenticia el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que obtenga en su fuente de trabajo ; y para dar cumplimiento a aquel auto, entre otras determinaciones, se giró exhorto a fin de emplazar a juicio al demandado y se envió oficio a la fuente de trabajo para hacer efectivo el descuento de referencia. Por cuestión de turno, la diligenciación del exhorto correspondió al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, quien lo tuvo por recibido el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, asimismo ordenó su cumplimentación y ante la imposibilidad para llevar a cabo lo indicado en dicho comunicado oficial, por no laborar dicha parte procesal, lo devolvió sin diligenciar; y el juez natural el siete de junio siguiente lo tuvo por recibido y dio vista a la actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, desahogada la vista, se ordenó girar nuevo exhorto a fin de dar cumplimiento al auto admisorio y requiriera al Delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero, diera cumplimiento a lo ordenado por la Juez Segundo en aquella materia y distrito judicial; y de ese comunicado oficial correspondió su diligenciación al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares . En diligencia de trece de julio de dos mil dieciséis, llevada a cabo por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento a juicio del demandado Moisés Ávila Román, asimismo, notificó el oficio al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Guerrero . Mediante oficio 0002592 el Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Chilpancingo, Guerrero, en cumplimiento a lo solicitado informó que el demandado "ya no labora para esta Dependencia y tuvo como último día de trabajo, por terminación del nombramiento temporal en el puesto de Subdelegado Jurídico en la Delegación Estatal en Guerrero (se anexa copia fotostática de nombramiento) el día 30 de abril de 2016, por tanto, su servidor se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento. . Lo cual también informó a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. De lo expuesto se tiene, que la inactividad en el juicio especial de alimentos aún subsiste al no llevarse a cabo el descuento ordenado en el auto admisorio, relativo al cuarenta por ciento, por concepto de pensión alimenticia a favor del menor Kevin Fabrizio Ávila Raviela; sin embargo, el hecho de que la parte demandada ya no labore en la dependencia a la cual se ordenó girar el oficio para llevar a cabo dicho descuento se constituyó un impedimento para que se materialice la medida provisional decretada en el auto admisorio y dada la naturaleza del acto reclamado no sería posible la restitución del derecho fundamental que aduce la quejosa le fue transgredido, debido a que su materia dejó de existir, en razón de que la omisión acusada no deriva de un actuar negligente por parte de la responsable; de ahí que ante la evidencia de que la parte demandada dejó de laborar en la fuente de trabajo señalada por la actora, es inconcuso que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para ello. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anterior, es procedente concluir que en el presente asunto queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente , máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 703/2016. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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