Rosa Aurora Lara Pérez
Expediente 217/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/04/2023
Partes del expediente
- Rosa Aurora Lara Pérez
- José Luis Ortiz Pizá
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Queja
1. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14 y 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el escrito electrónico de cuenta de la quejosa, Rosa Aurora Lara Pérez, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en que se actúa. 2. Se autoriza a la promovente a consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie el nombre de usuario que se proporciona al citado expediente y con el cual se registraron en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, de autos se colige que ha transcurrido el plazo de diez días concedido en el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, a la quejosa Rosa Aurora Lara Pérez, así como a la autoridad tercera interesada, Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con base en las constancias de autos, se procede a verificar, de oficio, si la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida y si hay o no exceso o defecto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese sentido, de conformidad con el artículo 1961 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por el pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, o si incurrió en exceso o defecto, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO En sesión de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se resolvió el amparo directo 217/2020, promovido por Rosa Aurora Lara Pérez, por propio derecho, donde se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil veinte, en el recurso de revisión 1724/2019. 2. Emita una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, dada la inconstitucionalidad de la porción normativa contenida en el artículo 161 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil diecisiete, el cual entró en vigor el ocho siguiente, en cuyos considerandos octavo, noveno y décimo, al interpretar la expresión: "el órgano judicial de amparo" contenida, entre otros, en el párrafo segundo del citado artículo 196, el Alto Tribunal concluyó que la competencia para resolver sobre el acatamiento de una sentencia de esa naturaleza, para determinar si existe imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo directo u ordenar el archivo definitivo del asunto, así como para pronunciarse sobre las denuncias de repetición del acto reclamado, corresponde al presidente de un tribunal colegiado de circuito. En relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México remitió el oficio TJA/SGA/7102/2021, a través del cual agregó copia certificada de la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos del recurso de revisión 1724/2019; de cuyo contenido se advierte que, en atención al punto 1 de los efectos del amparo, se dejó insubsistente la sentencia reclamada. Asimismo, en acatamiento a lo previsto en el numeral 2 de los efectos de la sentencia, la sala del conocimiento, en el considerando cuarto, estimó fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, al considerar que el artículo 161, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente al dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, contravenía los principios de seguridad y certeza jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al consignar que el monto del saldo de la cuenta individual cuya devolución no fuera solicitada por la o el beneficiario dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que fueran exigibles, quedaría a favor del instituto. Que, por tanto, la autoridad demandada no podía concluir que cuando la parte quejosa solicitó la devolución del fondo de reintegro por separación, habían transcurrido más de los cinco años que señala el citado artículo 161, para poder reclamarlo. En consecuencia, la sala modificó la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio administrativo 278/2019, por el magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, declarando la invalidez del oficio de diez de enero de dos mil diecinueve, emitido por el titular de la Jefatura del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, condenando a la autoridad demandada a realizar lo siguiente: "Emita una nueva respuesta al escrito de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte actora solicitó realizar el cálculo correspondiente para poder retirar sus aportaciones al fondo de pensiones, pero, sin que se le aplique el artículo 161 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Notifique a Rosa Aurora Lara Pérez esa diversa contestación, en términos de los artículos 25 fracción I y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." Establecidos que han quedado los argumentos de la responsable en la sentencia pronunciada el nueve de spetiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 1724/2019, que remitió en cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la ejecutoria dictada por el pleno de este tribunal se encuentra acatada, sin que se advierta que exista exceso o defecto en su cumplimiento. Ello, pues de la confrontación entre los efectos del fallo constitucional con las acciones que realizó la responsable para acatarlo, se obtiene que ésta no incurrió en defecto, dado que con su actuación atendió a todos los lineamientos establecidos por el pleno de este órgano colegiado en la ejecutoria de que se trata, sin que haya omitido observar algún aspecto para los cuales se concedió la protección federal. Tampoco cometió un exceso, ya que no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo protector, pues no fue más allá de lo que se ordenó en éste, es decir, su resolución se ajustó a lo estrictamente establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones se afirma que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Finalmente, en relación con las manifestaciones realizadas por la quejosa, en las que alega que el sistema de capitalización individual contempla dos supuestos, el de aportaciones obligatorias y el de voluntarias y que, en el caso, pretende retirar lo de la cuenta individual obligatoria; y [2] que únicamente combatió el oficio de diez de enero de dos mil diecinueve, en lo relativo a la negativa de regresar las cuotas aportadas desde el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro hasta el dieciocho de julio de dos mil doce; debe decirse que dichas circunstancias no podrían ser materia de análisis en el presente acuerdo. Ello, en virtud de que los efectos del amparo únicamente fueron para que la responsable emitiera una nueva resolución en la que ordenara a la autoridad demandada que diera respuesta al escrito de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la quejosa solicitó realizar el cálculo correspondiente para poder retirar sus aportaciones al fondo de pensiones, sin que le aplicara el artículo 161 el artículo 161 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; por tanto, las consideraciones emitidas en ese sentido son ajenas al estudio aquí efectuado, porque en la ejecutoria de amparo nada se dijo al respecto; en el entendido de que pueden ser combatidas a través del medio de impugnación oportuno. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.120/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por el pleno de este tribunal colegiado en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley la presente resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito electrónico de cuenta de la quejosa, Rosa Aurora Lara Pérez, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veinte de septiembre del año en curso; en atención a lo anterior, ténganse por hechas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar, las que serán consideradas llegado el momento procesal oportuno, de resultar procedente. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.
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