Rosa Arcos Jiménez

Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
754/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Rosa Arcos Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    :. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    :. En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 754/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zarate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 14307; Juez acuerda: agréguese a los autos la promoción con número de registro 14307 firmada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado Federal y visto su contenido, téngansele por hechas sus manifestaciones, y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente. Asimismo, expídase a la fiscal Federal adscrita la copia certificada que solicita, previa constancia de su recibo que obre para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, y las demás partes no presentaron algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por otra parte, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento; luego, el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; con lo anterior, se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 754/2022-III promovido por Rosa Arcos Jiménez, por conducto de su apoderado legal Mauricio Córdova Correa, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitida en uno de agosto siguiente, por razón de turno a este juzgado de distrito, Rosa Arcos Jiménez, por conducto de su apoderado legal Mauricio Córdova Correa, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. De las responsables reclamo: a) La violación del Artículo 880 Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo ya que una vez concluido el ofrecimiento de pruebas, la junta resolverá en ese momento las pruebas que se admita, y en caso contrario, podrá reservarse para resolver dentro de los cinco días siguientes. Siendo que, hasta la presente fecha, la junta ha sido omisa en resolver, habiendo transcurrido en demasía el término señalado por la ley. b) La falta de acceso al expediente" SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el uno de agosto de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de dos de agosto siguiente se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 754/2022-III; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman omisiones de un tribunal en materia de trabajo que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juzgado de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en:  La omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas y relacionadas en la audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, en el expediente laboral 948/2020 de su consecutivo. Cabe hacer mención que si bien la parte quejosa precisó en el capítulo de actos reclamados también la falta de acceso al expediente; lo cierto es que, de la lectura íntegra de la demanda, se obtiene que dicho acto se encuentra englobado dentro del antes destacado, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha acudido a consultar el expediente a fin de saber si ya ha sido emitido el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas y se le informa que el expediente no está en archivo; por lo que se concluye que dicha manifestación no conforma un acto reclamado independiente del que se destaca como tal en esta sentencia, sino que patentiza el hecho de que no ha sido emitido el acuerdo sobre la admisión de pruebas ofrecidas en el sumario. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta sentencia. En todo caso, la existencia del acto reclamado se corrobora con la fotocopia certificada de la audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 948/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, que exhibió la responsable a su informe justificado, y la parte quejosa con su demanda de amparo, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, de las cuales se advierte que desde esa fecha la junta responsable se reservó proveer sobre la admisión de dichas pruebas ofrecidas por las partes; sin que a la fecha se hubiera pronunciado sobre la admisión de las probanzas ofrecidas en aquel contradictorio. Por tanto, es cierto el acto atribuido a dicha autoridad. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En relación con el acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta sentencia, consistente en la omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de proveer en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, respecto al juicio laboral 948/2020, de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De la interpretación armónica de los normativos invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis en la contradicción de tesis 325/2015, estimó que el Pleno había dilucidado que dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. En ese orden de ideas, en el caso de la omisión de acordar promociones o de la prosecución en tiempo del juicio, debe tenerse presente que dicha afectación (a derechos sustantivos) no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, que desde luego, incluye los juicios laborales, seguidos ante tribunales de trabajo, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que la autoridad debe proveer lo que en derecho corresponda; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Dichos argumentos encuentran sustento en la ejecutoria que pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia siguiente: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Décima Época Ubicada en publicación semanal 2011580 1 de 1 Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Constitucional, Común)) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora, como se precisó en el considerando tercero de esta sentencia, la parte quejosa se duele de la omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, de proveer en relación con la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia pública de treinta de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 948/2020, de su índice, en la cual reservó proveer lo conducente. Luego, es oportuno precisar que si bien la demanda planteada en el juicio laboral de origen se presentó el quince de octubre de dos mil veinte, como se obtiene de las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, lo cierto es que en este asunto resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes de la reforma contenida en el Decreto publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en términos de su artículo Octavo transitorio, lo cual es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Del numeral transcrito, en lo conducente, se obtiene que después de concluido el ofrecimiento de pruebas, la junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche; en caso contrario, se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Luego, de la documental ofrecida por la junta responsable adjunta a su informe justificado que fue previamente valorada, se advierte que en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de treinta de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen 948/2020, la junta responsable se reservó proveer lo conducente a la admisión o desechamiento de las pruebas ahí ofrecidas por las partes; por tanto, los cinco días hábiles con que contaba la autoridad responsable para emitir la determinación correspondiente a dicha reserva, a partir de esa data, transcurrieron del uno al siete de julio de la presente anualidad. Empero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve dictada en la contradicción de tesis 294/2018, determinó que al resultar difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que para efectos de la tramitación del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo anterior, tomando en consideración que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Luego, al tenor de las consideraciones señaladas, es evidente que la omisión que se impugna, se trata de un acto intraprocesal, que no afecta en forma directa a derechos sustantivos (artículo 17 constitucional), pues debe tenerse presente que la afectación de la que se duele la parte quejosa, no se produce en forma independiente, sino como parte en el procedimiento laboral del cual es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Tampoco se trata del caso de excepción consistente en una abierta dilación o la paralización total del procedimiento, pues si la junta responsable estaba constreñida a proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que reservó en audiencia de treinta de junio de dos mil veintidós, a más tardar el siete de julio de dos mil veintidós, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de julio de dos mil veintiuno), únicamente habían transcurrido 10 días naturales desde que feneció el plazo para que la junta responsable proveyera lo conducente en cuanto la referida reserva. Esto es así, debido a que del siete al veintinueve de julio del año en curso, transcurrieron veintidós días naturales, sin embargo, como se advierte del oficio STYPS/JECA2BJ/1323/VI/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comunicó que del dieciocho al veintinueve de julio del año en curso, transcurrió su primer período vacacional correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, por lo que durante ese periodo no corrieron términos ni plazos; en ese sentido, corresponde descontar los días que comprenden dicho periodo, por lo que del veintinueve de julio de dos mil veintiuno (fecha de presentación de la demanda de amparo), habían transcurrido veintidós días naturales; sin embargo, durante doce días de ese periodo (del dieciocho al veintinueve de julio del año en curso), no se computaba término ni plazo alguno, lo que resulta en un total de diez días naturales desde que feneció el plazo para que la junta responsable proveyera lo conducente en cuanto la referida reserva. Por lo anterior, se advierte que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que la omisión en consulta sea reclamable en amparo indirecto al afectar de manera directa derechos sustantivos de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, enseguida se citan: Décima Época Núm. de Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) Página: 1643 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En este orden de ideas, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. En tales condiciones, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte inconforme en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, por lo que la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión planteada. Sobre el particular tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosa Arcos Jiménez, por conducto de su apoderado legal Mauricio Córdova Correa, contra un acto de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    :. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción con número de registro 13808 a través de la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, con sede en esta ciudad, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la autoridad responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    :. I. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa Arcos Jiménez, por conducto de su apoderado Mauricio Córdova Correa, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en relación con la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, con sello y firmas originales, celebrada en el juicio laboral 948/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; contra actos de dicha autoridad. II. Creación del expediente Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 754/2022-III. Por otra parte, con apoyo en el artículo 64 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense en la secretaría de este juzgado de Distrito los documentos exhibidos y entréguense a la parte quejosa, previa fotocopia certificada que se agregue a autos y toma de razón por su recibo. III. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Rosa Arcos Jiménez, por conducto de su apoderado Mauricio Córdova Correa. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Ténganse como autorizados de la parte quejosa en los términos que indica, a las personas que refiere en su ocurso de cuenta. c. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa señalando la cuenta de correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, de conformidad con los artículos 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 2. Autoridad responsable. a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Federal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. c. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero(s) interesado(s): a. Quién. Se reserva proveer respecto a quién(es) le(s) recae el carácter de tercero(s) interesado(s) hasta el momento procesal oportuno. 4. Representación Social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con fotocopia sin certificar del escrito inicial de demanda. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de varios administrativo 2022 del propio índice, se determinó que a partir de esa fecha se autorizaría la consulta de todos los expedientes que se radiquen en este órgano jurisdiccional a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en esos expedientes, se le realizarían vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del auto de admisión correspondiente, la cual deberá verificarse de manera personal. Por tanto, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del presente acuerdo, la cual deberá verificarse de manera personal. En la inteligencia que la autorización contenida en este acuerdo surtirá efectos siempre y cuando la mencionada fiscal se encuentre adscrito a este órgano jurisdiccional; de lo contrario, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, se revocará dicha autorización. VI. Incidente de suspensión. No es el caso abrir incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó; por lo tanto, con fundamento en el artículo 116 de la Ley de Amparo, remítase fotocopia de la demanda a la(s) autoridad(es) responsable(s). VII. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones y efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional. VIII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. IX. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. XI. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XIII. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 245 de la Ley de Amparo. XIV. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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