Rosa Araceli García Díaz y Otros.

Expediente 770/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
770/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
21/09/2017

Partes del expediente

  • Rosa Araceli García Díaz y Otros.
  • Rosa Araceli García Díaz
  • Nicte Ha Domínguez Ávila y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 770/2016-II, promovido por XXXXXXXX. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido a este Juzgado por razón de turno el dieciocho siguiente, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, de quienes reclamó, esencialmente, lo siguiente: Ley General del Servicio Profesional Docente, en concreto los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y décimo primero transitorios. El aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción la función por incentivos en la educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. La emisión de los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. Ley de Educación Estatal en lo dispuesto en su artículo 205, así como el cuarto transitorio. El cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, que reflejó en el recibo de pago de 15 de julio de 2016, que no se realizó conforme a el sistema de estímulos y prestaciones con el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre el contenido del referido aviso o a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El pago realizado sobre la base del referido aviso, que se realizó a los maestros de la sección 42 del Subsistema de Educación del Estado de Chihuahua. La contestación efectuada por el ICHITAIP, con número de folio 050462016, realizado en fecha O 1 de agosto de 2016, en la que afirmó que se dejaron de aplicar el sistema de estímulos y prestaciones en congruencia y apego a la referida Ley General de Servicio Profesional Docente. SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 3, fracción III, 14, 16, 123, apartado B, fracciones IV y VI, 127, fracción I y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito de demanda. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó formar expediente y registrar la demanda como amparo indirecto 770/2016-II; previa aclaración, el diecisiete del mismo mes y año se desechó la demanda de amparo; por lo que el treinta y uno de agosto se recibió el escrito mediante el cual la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del proveído en cita. Así, en sesión de doce de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver los autos del recurso de queja administrativa 712/2016, determinó declarar fundado el recurso de queja y ordenó admitir a trámite la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se recibió en este órgano jurisdiccional el testimonio de dicha resolución y se admitió a trámite el asunto; se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento y, finalmente, señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto promovido contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama los actos siguientes: 1. A la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidente de la República, Titular del Diario Oficial de la Federación y Secretario de Educación Pública, la aprobación, expedición, promulgación, publicación y aplicación de la: Ley General del Servicio Profesional Docente, en concreto los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y décimo primero transitorios. 2. Al Secretario de Educación Pública Federal: El aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. La emisión de los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. 3. Al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y al Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, todos ellos del Gobierno del Estado de Chihuahua, la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la: Ley de Educación Estatal en lo dispuesto en su artículo 205, así como el cuarto transitorio. 4. Al Secretario de Hacienda y Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas, consistente en: El cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, que reflejó en el recibo de pago de 15 de julio de 2016, que no se realizó conforme a el sistema de estímulos y prestaciones con el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre el contenido del referido aviso o a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El pago realizado sobre la base del referido aviso, que se realizó a los maestros de la sección 42 del Subsistema de Educación del Estado de Chihuahua. 5. Al Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua: La contestación efectuada por el ICHITAIP, con número de folio 050462016, realizado en fecha 01 de agosto de 2016, en la que afirmó que se dejaron de aplicar el sistema de estímulos y prestaciones en congruencia y apego a la referida Ley General de Servicio Profesional Docente. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época; tomo XIX, abril de 2004, página 255, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberá contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Constitucional y el Director adjunto del Diario Oficial de la Federación aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, específicamente los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y decimoprimero transitorios. Del mismo modo, el Gobernador Constitucional, el Congreso del Estado y el Jefe del Departamento de Talleres Gráficos, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua; aceptaron la existencia del acto reclamado, relativo a la aprobación, expedición y promulgación del Decreto legislativo mediante el cual se expidió la Ley Estatal de Educación, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 104 de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, misma que contiene los ordinales 205 y cuatro transitorio; así como del Decreto 401-2014- 11 P.O., mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos, entre los que se encuentran los ya señalados, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 22 de quince de marzo de dos mil catorce. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia de los procesos legislativos reclamados por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados o de que se haya tenido por presuntivamente cierta, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época; tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por su parte, el Secretario de Educación Pública (federal) fue omiso en pronunciarse respecto al acto que se le endilga, relativo al aviso por el que se dieron a conocer los incrementos en las remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica; y los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierta la existencia de los actos que se le atribuyeron. En otro contexto, al rendir su informe con justificación, el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Secretario de Educación y Deporte del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada las constancias que informa el presente expediente, así como con el propio informe que rindieron, pues al negar la existencia respectiva justificaron su proceder, con lo que implícitamente aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron; máxime que son las encargadas de realizar el cálculo para determinar el salario de los quejosos e incluso, la segunda de las mencionadas, aceptó que realizó la contestación efectuada por el módulo de transparencia, con número de folio 050462016, de primero de agosto de dos mil dieciséis; de ahí que se deba tener por cierta la existencia de los actos que se les imputaron. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia que se actualizan. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 1. Improcedencia del juicio respecto de actos que no fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que invocaron las autoridades responsables, Secretario de Educación Pública, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Educación y Deporte del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en los siguientes términos: SEGUNDO.- Se actualiza también la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 10 y 50 del citado ordenamiento, en virtud de que los actos que señala la parte quejosa ante esa instancia federal y que pretende relacionar con la legislación que impugna, los reclaman en su carácter de trabajadores. La parte quejosa se duele de actos que derivan de relaciones jurídicas de coordinación, esto es, entre el Estado y la ahora impetrante; que son aquellas relaciones que, como sujeto de derecho privado, celebra y caen dentro de las normas de derecho del trabajo. En este caso, si el Estado emite un acto que trascienda a la relación de sus servidores públicos, es la materia laboral la que regulará dicho conflicto; el cual no puede ser ventilado en un juicio de amparo. Al respecto, la causal invocada se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia. El precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Sobre el tema que se analiza, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, página 373, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, interpretó el artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, similar al artículo 61 actual, en los siguientes términos: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en tomo a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Acorde acuerdo con este criterio, la improcedencia del juicio de amparo, con base en el artículo en comento, solamente puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. En ese sentido, la interpretación, a contrario sensu, de los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, evidencian que el presente juicio de amparo es improcedente. Al respecto, estas últimas normas establecen: 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo artículo define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis 1.130.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, página 1620, febrero de dos mil cinco, Novena Época, del siguiente rubro y texto son del siguiente tenor: ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 10. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, ha delimitado el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, como puede observarse en el contenido de la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, este juzgador constitucional concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Todo lo anterior, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: 1. Que su emitente tenga características de órgano público; 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, 3. Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En ese orden de ideas, también se concluye con todo sustento que el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. Luego, es importante señalar que la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Entonces, es imprescindible aclarar que el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica de la interesada, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella o por disposición expresa de la ley. Bajo ese contexto, se advierte que los quejosos reclaman del Secretario de Educación Pública Federal: El aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. La emisión de los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. Asimismo, del Secretario de Hacienda y Secretario de Educación y Deporte, ambos del Estado de Chihuahua, les atribuyen: El cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, que reflejó en el recibo de pago de 15 de julio de 2016, que no se realizó conforme a el sistema de estímulos y prestaciones con el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre el contenido del referido aviso o a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El pago realizado sobre la base del referido aviso, que se realizó a los maestros de la sección 42 del Subsistema de Educación del Estado de Chihuahua. Y por último, del Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua reclaman: La contestación efectuada por el ICHITAIP, con número de folio 050462016, realizado en fecha 01 de agosto de 2016, en la que afirmó que se dejaron de aplicar el sistema de estímulos y prestaciones en congruencia y apego a la referida Ley General de Servicio Profesional Docente. Tales actos los hacen depender del cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis, que considera que se debió realizar conforme a el sistema de estímulos y prestaciones por el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre la base del referido aviso, ni de la Ley General del Servicio Profesional Docente; lo que la parte quejosa considera vinculado con el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica y Criterios para asignar el Estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. Ahora, de los conceptos de violación expresados en la demanda se advierte que las quejosas realmente se duelen de las afectaciones al salario y prestaciones que obtuvieron a partir del quince de julio de dos mil dieciséis, pues al recibir el pago del retroactivo salarial producto de la negociación anual, consideran que se vieron afectadas varias prestaciones, como el incremento salarial sólo en una parte del sueldo básico, lo que aducen les genera una disminución en otras prestaciones que se calculan considerando estos conceptos, en contravención a diversos pactos sindicales realizados con la Sección Sindical a la que pertenecen. En ese tenor, quien resuelve considera que los reseñados actos que reclaman, de acuerdo con su naturaleza, no se emitieron bajo la conceptualización de una persona de derecho público o de autoridad, sino acto de particular, pues en la emisión de los mismos el Secretario de Educación Pública Federal, el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, no actuaron con el imperio de su soberanía, que es la nota distintiva de los actos de autoridad. En efecto, el artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esa ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, con las salvedades ahí previstas. Al respecto conviene destacar que se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, cuando el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, cuando quien promueve el juicio de amparo reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral, es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la parte que se considera agraviada y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, materia común, página 1639, del siguiente tenor: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Sobre esta base jurídica, los actos que se reseñaron en líneas previas, evidentemente, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. Al efecto, el apartado B del artículo 123 Constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Así, cualquier decisión que adopte la Secretaría de Educación Pública, el Secretario de Hacienda y Secretario de Educación y Deporte, ambos del Estado de Chihuahua, como las autoridades encargadas de determinar, aplicar y liberar los fondos económicos, relativos a los conceptos y montos de las prestaciones que los trabajadores al Servicio del Estado reciben como contraprestación de sus servicios (salario), así como a establecer los programas de promoción en la función por incentivos en educación básica y los criterios para su otorgamiento, en el caso los trabajadores del sistema educativo estatal, son evidentemente efectuadas en su carácter de ente patronal, pues la modificación o reducción del sueldo de los trabajadores, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral, aun cuando se trate de una secretaría de Estado que desempeñe una función pública; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. De lo anterior, es evidente que las aludidas autoridades actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa dependencia con su personal, pues prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. De tal manera que si los trabajadores, aquí quejosos, estiman violados sus derechos laborales, entonces, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter; lo que significa que cualquier decisión que se atribuya al patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, de ahí que su reclamo deberán hacerlo ante las instancias correspondientes que conocen de las relaciones laborales entre el trabajador y el ente patronal. Sirve de apoyo la tesis XV.5o.3 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1500, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. De igual forma, por las razones que sostiene, se cita la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, pagina 3436, Décima Época, de rubro y texto: ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, que establece que para efectos del amparo, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la nueva legislación, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si este reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable. Sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino solo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que exigen de requisitos indispensables que dependen básicamente del tipo de relación en la que se generen, esto es, que se emitan en un plano de supra a subordinación y de manera unilateral. Así es, no es posible reclamar a través del juicio constitucional todos los actos de particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino solo aquellos equivalentes a los de autoridad y que estén determinados por una norma general, en el supuesto en que la autoridad particular se ubique en una relación de supra a subordinación, respecto de un gobernado y ejerza una fuerza pública, entendida en el sentido de imperio y no de poder coactivo material y actuando como si fuera una entidad pública, caso que no se actualiza en la especie. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, respecto de los actos consistentes en: El aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. La emisión de los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. El cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, que reflejó en el recibo de pago de 15 de julio de 2016, que no se realizó conforme a el sistema de estímulos y prestaciones con el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre el contenido del referido aviso o a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El pago realizado sobre la base del referido aviso, que se realizó a los maestros de la sección 42 del Subsistema de Educación del Estado de Chihuahua. La contestación efectuada por el ICHITAIP, con número de folio 050462016, realizado en fecha 01 de agosto de 2016, en la que afirmó que se dejaron de aplicar el sistema de estímulos y prestaciones en congruencia y apego a la referida Ley General de Servicio Profesional Docente. 2. Improcedencia del juicio respecto de los actos de publicación de las normas impugnadas Respecto de los actos reclamados al Titular del Diario Oficial de la Federación y al Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Chihuahua, consistente en los actos de publicación de las normas que se tildan de inconstitucionales, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII; en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama del Titular del Diario Oficial de la Federación y del Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Chihuahua, la publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en concreto los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y décimo primero transitorios y la Ley de Educación Estatal en lo dispuesto en su artículo 205, así como el cuarto transitorio, respectivamente; pero sin impugnar, por vicios propios, esa intervención en el proceso legislativo que dio origen a las normas tildadas de inconstitucionales; de ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada 1.70.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. Esta guisa, al quedar patentizada la actualización de la causa de improcedencia analizada, se impone sobreseer en el juicio respecto de la publicación de las normas precisadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En otro contexto, al no existir causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes referida respecto de los actos reclamados por los que no se ha decretado el sobreseimiento o alguna cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, enseguida se analizará la constitucionalidad de los artículos impugnados, al tenor de los motivos de inconformidad que, en su caso, se hayan expuesto en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. A continuación se procede al examen de los argumentos vertidos en el escrito de demanda de amparo, siendo innecesaria su transcripción en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son inatendibles, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su beneficio, como enseguida se pone de relieve. En el cúmulo de conceptos de violación que los quejosos dejaron vertidos en la demanda de amparo se advierte que aducen, en lo medular, las siguientes consideraciones: Los quejosos se encuentran agremiados a la sección 42, perteneciente al subsistema de educación estatal del estado de Chihuahua, el cual rige su escalafón y aumentos salariales de acuerdo a los convenios realizados con el Gobierno del estado de Chihuahua, en virtud del convenio celebrado el 06 de julio de 1987, convenios del 11 de Febrero de 1987, minuta de fecha 4 de junio de 1997, convenio 8 de septiembre de 1981, convenio del 23 abril de 1990, convenio del 23 de octubre de 1999 en el que se establece una serie de beneficios y estímulos que integran el sueldo tabular de dicho gremio. Los quejosos no cuentan, ni se han integrado en momento alguno al plan de estímulos de la carrera magisterial, esto es, de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, en lo que hace al estado de Chihuahua la sección 42, no firmó el convenio de adhesión para incluirse en el plan de carrera magisterial, de ahí que ninguno de los quejosos sea parte de las plazas transferidas, por lo tanto no les resulta aplicable el aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de la Ley De Coordinación Fiscal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de julio del 2016. Al aplicar en perjuicio de los derechos adquiridos por los hoy quejosos la Ley General de del Servicio Profesional Docente, el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica, en relación con el aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, ello se traduce en un acto de aplicación perjudicar de dicha legislación, llevado a cabo por la autoridad ejecutora, que en el caso concreto, es el Gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua. Al aplicar la Ley General de del Servicio Profesional Docente, el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica, en relación con el aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de la Ley De Coordinación Fiscal, se producen las siguientes violaciones: 1. Violación a lo previsto en el artículo 3 fracciones III Constitucional, toda vez que de forma flagrante se ven afectados los derechos de naturaleza laboral adquiridos por los hoy quejosos. 2. Violación a lo previsto en el artículo 14 Constitucional, en específico a la parte que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en virtud de que no existe un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado en virtud del cual se le restrinjan sus derechos previamente adquiridos, pues la aplicación de dicho normatividad, genera un perjuicio patrimonial, sobre los derechos laborales adquiridos. 3. Les aplicaron la Ley General de del Servicio Profesional Docente, el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica, a través del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, siendo que no les resulta aplicable, porque los quejosos no se rigen por el plan de carrera magisterial. 4. No obstante lo anterior, es decir, que indebidamente les aplican la normatividad descrita en el párrafo que antecede, lo hacen en perjuicio a sus derechos laborales adquiridos, pues les aplican el aumento tomando únicamente el sueldo de la plaza inicial, y no el sueldo tabular, publicado al menos los de los ejercicios pasados, en la página del portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. Se vulneraron diversas derechos fundamentales consagrados en la Constitución, así como en tratados internacionales, dejando sin efectos derechos adquiridos pactados en el convenio celebrado con el Gobierno del estado de Chihuahua con el sindicato de los hoy quejosos, en los que se prevén prestaciones laborales mayores, a las que se aplican en el aviso antes referido, tal como que al momento de llevar a cabo los aumentos salariales se tomarán el sueldo tabular, mismo que no obstante que las disposiciones relativa de la Ley de transparencia ordenan su publicación en el portal oficial de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. A los hoy quejosos no se les puede privar de sus derechos adquiridos especialmente aquellos de naturaleza laboral, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Tales argumentos son inatendibles. Para evidenciar esta aseveración, es necesario considerar que en el considerando cuarto de la presente sentencia se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados que se atribuyeron al Secretario de Educación Pública Federal, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y al Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, consistentes en: El aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículos 26 y 26-a, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil dieciséis; el incremento de los catálogos y tabuladores al programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica. El programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. La emisión de los criterios para asignar el estímulo de Carrera Magisterial al personal idóneo, sujeto a promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. El cálculo para los aumentos salariales realizado, en aplicación del aviso por el que se da a conocer el incremento en remuneraciones acordado para el personal a que se refieren los artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal, que reflejó en el recibo de pago de 15 de julio de 2016, que no se realizó conforme a el sistema de estímulos y prestaciones con el que se rige la sección 42 del Subsistema de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua y no sobre el contenido del referido aviso o a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El pago realizado sobre la base del referido aviso, que se realizó a los maestros de la sección 42 del Subsistema de Educación del Estado de Chihuahua. La contestación efectuada por el ICHITAIP, con número de folio 050462016, realizado en fecha 01 de agosto de 2016, en la que afirmó que se dejaron de aplicar el sistema de estímulos y prestaciones en congruencia y apego a la referida Ley General de Servicio Profesional Docente. En esa medida, si los conceptos de violación esgrimidos esencialmente se encuentran encaminados a combatir la aplicación retroactiva de las normas jurídicas tildadas de inconstitucionales, no desde el punto de vista de la constitucionalidad de las normas por su contenido intrínseco, sino de la forma en que las autoridades encargadas de aplicarla lo realizaron. Por ende, es incontrovertible que devienen inatendibles, porque en el considerando cuarto de esta resolución, se sobreseyó en el juicio respecto de los actos concretos en los que se desarrollaron las normas jurídicas que se tildan de inconstitucionales, por considerarse que se trata de actos que no provienen de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que se emitieron bajo la relación que se da entre el Estado patrón y sus trabajadores, lo cual hace jurídicamente imposible su estudio, pues no existe materia sobre la cual analizar la inconstitucionalidad plasmada en los aludidos motivos de disentimiento; de ahí que resultan inatendibles los argumentos que se encuentran encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los referidos actos. Sustenta la conclusión anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación analógica, publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En otro contexto, del capítulo de actos reclamados se advierte que la parte quejosa reclama de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, así como del Presidente de la República, la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y décimo primero transitorios, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que estatuyen: 37. Las Autoridades Educativas Locales operarán, conforme a las reglas que emita la Secretaría, un programa para que el personal que en la Educación Básica realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener Incentivos adicionales, permanentes o temporales, sin que ello implique un cambio de funciones. La participación en ese programa será voluntaria e individual y el personal de que se trate tendrá la posibilidad de incorporarse o promoverse si cubre los requisitos y se evalúa conforme a lo previsto en los artículos 38 y 39 de esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. El Instituto aprobará los componentes de evaluación y la Secretaría establecerá el programa a que se refiere este artículo, conforme a la disponibilidad presupuestal. 40. Quienes participen en alguna forma de Promoción en la función distinta a lo establecido en este Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. Artículos transitorios Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto. Tercero. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. Décimo Primero. El programa de Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo del año 2015. Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajuste los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias para transitar al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. La XXII etapa de Carrera Magisterial para los docentes de Educación Básica se desahogará en los términos señalados por la convocatoria correspondiente a dicha etapa. Asimismo, del Congreso del Estado y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, los quejosos reclaman la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 205 y cuarto transitorio de la Ley Estatal de Educación, que estatuyen: 205. Quienes participen en alguna forma de promoción a cargos con funciones de dirección, de supervisión o de inspección distinta a lo establecido en el Capítulo IV del Título Segundo de la Ley General del Servicio Profesional Docente o en esta Ley, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. Artículos transitorios ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado de Chihuahua, reconocerá íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación, y la titularidad de las relaciones laborales colectivas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedirse esta Ley. De la interpretación de las anteriores transcripciones, de deduce que las Autoridades Educativas Locales operarán, conforme a las reglas que emita la Secretaría, un programa para que el personal que en la Educación Básica realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener Incentivos adicionales, permanentes o temporales, sin que ello implique un cambio de funciones. La participación en ese programa será voluntaria e individual y el personal de que se trate tendrá la posibilidad de incorporarse o promoverse bajo las condiciones que establece la Ley. Asimismo, señala que aquellos que participen en alguna forma de Promoción en la función distinta a lo establecido en este Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. Igualmente señala que los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta Ley y que el programa de Carrera Magisterial continuaría en funcionamiento hasta en que entrara en vigor el referido programa, cuya publicación debería ser realizada a más tardar el treinta y uno de mayo de dos mil quince, lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajustara los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, pudiera realizar las acciones necesarias para transitar al mencionado programa. Del mismo modo prevé que los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al citado programa. Por su parte, la legislación estatal señala que aquellos que participen en alguna forma de promoción a cargos con funciones de dirección, de supervisión o de inspección distinta a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente o de la Ley Estatal de Educación, autorizaran o efectuaran algún pago o contraprestación u obtuvieran algún beneficio, incurrirían en responsabilidad y se harían acreedores a las sanciones correspondientes. Finalmente, la legislación estatal señala que el Ejecutivo del Estado de Chihuahua reconocería íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación, y la titularidad de las relaciones laborales colectivas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedirse esta Ley. Frente al contenido normativo de los preceptos transcritos, los quejosos no formularon concepto de violación, ante bien, expresamente señalaron que: Es meritorio señalar que el presente amparo no pretende tildar de inconstitucional aquellas porciones normativas relativas a la evaluación de los docentes, sino solo aquellas porciones normativas cuyos efectos directos e indirectos restringe y priva de derechos adquiridos bajo sistemas anteriores. En tal tesitura, este Juzgado Federal no advierte que exista materia sobre la cual se deba suplir la deficiente expresión de conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte trabajadora la que acude al presente juicio de amparo, cuenta habida que los preceptos legales tildados de inconstitucionales únicamente prevén un marco general sobre la implementación de un programa para que el personal que realiza funciones de docencia, dirección o supervisión en la educación básica, pueda obtener Incentivos adicionales, permanentes o temporales, sin que ello implique un cambio de funciones, de manera voluntaria e individual; sin embargo, tales preceptos no desarrollan las modalidades específicas, ni establecen el reconocimiento o desconocimiento de derechos adquirido en lo particular que es de lo que realmente se duelen los quejosos. Sobre estas bases, no se advierte que exista materia sobre la cual emprender un análisis constitucional oficioso de las normas impugnadas, pues se itera, lo que impugnaron los impetrantes es precisamente la manera en que la implementación de ese programa impactó en su salario, lo cual se analizó en diverso considerando, en el cual se concluyó que la aplicación de las normas en los términos indicados por el ente patronal y presupuestario, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como los que surgen de la relación laboral entre el Estado patrón y sus trabajadores. Luego, dado que este Juzgador no deduce, en suplencia de la queja, que las normas transcritas lesionen algún derecho humano de los impetrantes de amparo, antes bien, señalan enfáticamente que los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial es de carácter voluntario y no podrían verse afectados en el tránsito al citado programa; por tanto, las afectaciones que señalan en todo caso se encuentran inmersas en la aplicación de esas normas que realizaron los entes patronales, pero no derivan de la legislación en abstracto y, por ende, no existe materia sobre la cual deba suplirse la deficiencia de los motivos de impugnación constitucional de las normas reclamadas. En tales condiciones, no desvirtuada la constitucionalidad de los artículos 37 y 40, así como el segundo, tercero y décimo primero transitorios, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como de los diversos 205 y cuarto transitorio de la Ley Estatal de Educación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 770/2016-II, respecto de los actos y autoridades que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a XXXXXXXX , respecto de los actos y autoridades que fueron materia de análisis en el último considerando de este fallo, por las razones expresadas en el mismo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXXX , ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXX. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio 12210/2017, suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que anexa las copias certificadas del juicio de amparo 770/2016-II, promovido por XXXXXXX y otros, en virtud de que el auto por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, en contra del auto que admite el presente asunto, ha quedado firme. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Establecido lo anterior y toda vez que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, desechó el recurso de queja interpuesto, se levanta la suspensión del procedimiento decretada mediante auto de trece de marzo del año en curso (tomo II, foja 243) y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio, por lo que se señalan las doce horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado XXXXXX , Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio 12210/2017, suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que anexa las copias certificadas del juicio de amparo 770/2016-II, promovido por XXXXXXX y otros, en virtud de que el auto por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, en contra del auto que admite el presente asunto, ha quedado firme. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Establecido lo anterior y toda vez que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, desechó el recurso de queja interpuesto, se levanta la suspensión del procedimiento decretada mediante auto de trece de marzo del año en curso (tomo II, foja 243) y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio, por lo que se señalan las doce horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado XXXXXX , Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el representante del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el cual exhibe las copias del escrito de queja que le fueron requeridas; atento su contenido, resérvese acordar lo conducente, hasta que obre en autos el acuse postal de la pieza de correo mediante la cual se le formuló el requerimiento, a efecto de determinar si se desahogó oportunamente el requerimiento de que se trata. En estas condiciones y toda vez que aún no ha sido remitida la pieza postal librada para la notificación del oficio *******, dirigido al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el que se le previno para que exhibiera copias del recurso de queja en contra del auto en el que se admitió la demanda de amparo a trámite; se requiere Administrador de Correos de Ciudad Juárez, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe a este juzgado el tratamiento dado al referido oficio registrado bajo el código ******* o, en su caso, remita copias certificadas de dichos acuses. Apercibido que de no cumplir con lo que este auto ordena se le impondrá una multa equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 236 en relación con el diverso artículo 259, ambos de la ley de Amparo vigente, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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