Rosa Antonia Moreno Maya

Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
166/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa Antonia Moreno Maya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito aclaratorio de demanda signado por ********************, mediante el cual cumple con la prevención realizada en autos. De la lectura integral de la demanda es posible establecer que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar la denuncia por responsabilidad administrativa presentada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, contra la Magistrada Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, ante la Auditoria Superior del Estado. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. Marco normativo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De acuerdo con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Por su parte, el numeral 1 °, 2 °, 3 °, fracción XII, 93 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, disponen: "Artículo 1º. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado; tiene por objeto reglamentar el Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y no graves, así como las autoridades competentes para su aplicación". "Artículo 2º. Son objeto de la presente Ley: I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; II. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a los mismos, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; III. Establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y V. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público". "Artículo 3º. Para efectos de esta Ley se entenderá por: XII. Denunciante: la persona física o moral, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de los artículos, 93 y 95 de esta Ley...". "Artículo 93. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones, y de ser necesario brindarán la protección que establece la Ley". "Artículo 95. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas por escrito o de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Estatal Anticorrupción". De acuerdo con las disposiciones normativas transcritas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y no graves, así como las autoridades competentes para su aplicación. Asimismo, la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas por escrito o de manera electrónica. Así, el denunciante es la persona física o moral, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere dicha ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas. En términos de lo anterior, es posible sostener que el procedimiento administrativo de responsabilidad no constituye un medio de defensa por el que sea posible modificar o revocar alguna decisión asumida por una autoridad, aun cuando de algún modo ésta hubiese afectado los intereses particulares de algún miembro de la colectividad. Por el contrario, el único objetivo de ese procedimiento disciplinario es que se determine si un servidor público incumplió o no con alguna de sus obligaciones y, de ser así, que a dicho servidor se le imponga la sanción correspondiente. Circunstancia la anterior permite afirmar que el procedimiento de responsabilidad administrativa tutela el interés público y no intereses particulares, en la medida en que su única finalidad es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública. Análisis del caso concreto. Bajo tal panorama, el hecho de que la responsable se pronuncie respecto de la denuncia presentada por la quejosa no representa un beneficio o perjuicio directo o indirecto para ésta, ya que si bien se ostenta como parte actora en el juicio administrativo ********************, que dio motivo a la denuncia de responsabilidad, lo cierto es que su interés sólo se encuentra ligado al juicio contencioso y no al de la tramitación de la denuncia de responsabilidad, pues la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo, esto es, cualquier miembro de la colectividad está interesado en que se apliquen debidamente las normas disciplinarias sobre las personas que desempeñan una función pública. Esto quiere decir que si bien es cierto que en su momento le asistió a la accionante el derecho para denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en contra de la servidora pública integrante de la sala unitaria referida; no menos cierto es que en contra de las omisiones derivadas de la denuncia, no le asiste prerrogativa constitucional de impugnarlas en el juicio de amparo que nos ocupa, pues al respecto no cuenta con el interés jurídico ni legitimo para combatir actos u omisiones derivados del procedimiento de acusación. En todo caso, sólo es a los servidores públicos a los que les causaría perjuicio la emisión de este tipo de actos y, por ende, sólo ellos tienen el interés para impugnarlos ante el órgano jurisdiccional respectivo, dada la naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad de que se trata, que tiene como finalidad fincar sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en alguno de los supuestos de responsabilidad previstos en las leyes respectivas. De tal suerte, aun cuando la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí otorgue a la peticionaria de amparo la facultad de formular denuncias por los actos u omisiones de los servidores públicos en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, de acuerdo a dicha ley y a las demás leyes aplicables, ello no implica que aquélla pueda exigir de la Auditoria Superior del Estado determinada actuación respecto de su pretensión. Es decir, en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí se reconoce legitimación a cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser miembro de la sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades a fin de que las violaciones en que incurran sean sancionadas y no queden impunes, sin que esa facultad implique un beneficio particular, lo cual sólo le otorga un mero interés simple. En efecto, la referida facultad de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas otorgado a la quejosa, no es otra cosa que el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, en tanto que no es susceptible de tutela judicial, pues no está previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, que contiene el principio de instancia de parte agraviada, por lo que dicho interés sólo permite formular peticiones o denuncias. Así, se concluye que a la quejosa no le asiste interés jurídico ni legítimo para promover la acción constitucional, al no causarle la omisión reclamada un perjuicio inmediato, directo o indirecto a su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar las prevenciones realizadas en proveído de diez y dieciséis de marzo del año en curso; en atención a su contenido, se acuerda: No ha lugar a tenerla por desahogando la prevención realizada en auto de diez y dieciséis de marzo del año en curso, toda vez que en el último proveído también se le requirió a efecto de que en relación con la prueba documental que exhibió manifestara bajo protesta de decir verdad que dicho documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso, manifestación a que se refiere el artículo 3, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, pues una vez analizado el escrito de aclaración, no se advierte dicha manifestación. En tal virtud, no ha lugar a tener a la promovente por desahogando las prevenciones realizadas el diez y dieciséis de marzo del año en curso y, por ende, subsiste el requerimiento formulado el tres de marzo del año en actual. Finalmente, hágase del conocimiento de la quejosa que aún no comienza a correr el plazo concedido mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, toda vez que la parte quejosa fue notificada de dicho proveído vía electrónica el dieciocho del mismo mes y año, por lo que aún no empieza a transcurrir el término de cinco días concedido a la quejosa para dar cumplimiento a la prevención ordenada en dichos autos de diez y dieciséis de marzo del año en curso, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa Juana ********, en atención a su contenido, se provee: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer. Glósese a éste expediente una copia del escrito por el que se expresan los agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Asimismo, de conformidad con los artículos 89 y 26, fracción I, inciso k), ambos de la Ley de Amparo, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído a la parte tercero interesada, a quien deberá correr traslado con copia simple del escrito de agravios respectivo. Con fundamento en el artículo 89 de la ley antes citada, dentro del término de tres días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en turno, los autos de este juicio, el original del escrito de expresión de agravios y una copia para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano