Rosa Angelica Martínez Linares
Expediente 724/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosa Angelica Martínez Linares
- Miguel Angel Reyes
- Rosa Angelica Martínez Linares y Otros.
- Macario Eduardo Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el nueve de julio y dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se recibieron los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueza Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, encargado del despacho de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, respectivamente, a los cuales adjuntaron copias certificadas de diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado en el presente juicio; en tal virtud, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, y es innecesaria su retención en este Juzgado de Distrito, devuélvanse dichas constancias a las mencionadas responsables. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo de este Juzgado, de donde se extrajo para la elaboración del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante encontrarse legalmente notificado de dicha determinación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario. ... Notifíquese. ..
- Principal
Agréguese el oficio 391/2021, signado por el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con residencia en Ciudad Victoria, y téngasele acusando recibido del oficio 22060/2021, por el cual se le notificó el proveído emitido el dieciocho de octubre del año en curso, dentro del presente asunto.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, porque en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: Al respecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" De la interpretación de los artículos transcritos, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales, los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil 10/2021, relativa al recurso de apelación que hizo valer Luz Arely Rocha Zárate y Prissilla Jasset Flores Rocha, por conducto de su abogado Juan Andrés Córdova Alvarado, en contra de la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio sucesorio testamentario 1455/2015, a bienes de M. Isabel Reyes Tovar, denunciado por Rosa Angélica Martínez Linares, en nombre de los menores aquí quejosos, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Por otra parte, de las constancias allegadas por la sala responsable, se observa que desde el uno de marzo de dos mil veintiuno, se notificó a la parte aquí quejosa, actora del juicio natural, la resolución reclamada de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, pues en esa fecha se fijó en los estrados del tribunal, la cédula de notificación correspondiente a esa resolución, en virtud de que la parte actora, ahora quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones (foja 62 del tomo de pruebas formado con las copias certificadas que adjuntó la Sala responsable, relativas al toca civil 10/2021). Sin que en el caso haya sido impugnada dicha notificación. Luego, si desde el uno de marzo de dos mil veintiuno, se notificó el acto reclamado a la parte actora, aquí quejosa, por estrados, al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en segunda instancia, es claro que ha transcurrido en exceso el plazo de quince días que tenía para promover el juicio de amparo, conforme a lo que disponen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto porque la demanda de amparo fue presentada hasta el dos de junio de dos mil veintiuno, esto es, después de dos meses de que concluyó el plazo para su presentación, a saber, del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior si se toma en cuenta que los artículos 55 y 63 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas (ley del acto reclamado), establecen que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación; y que las notificaciones por medio de lista se considerarán hechas al día siguiente del que sean fijadas aquellas; término que transcurrió, tal y como se advierte del siguiente cuadro. Fecha de la presentación de la demanda de amparo. Fecha que se le notificó el acto reclamado por medio de lista que se fija en los estrados Fecha en la que se tuvo por hecha la notificación o en que surtió sus efectos. Empieza a correr termino (día siguiente al que surte efectos la notificación o que se tuvo por hecha) Días inhábiles y no laborables. Concluyeron 15 días para la interposición de amparo. 02 de junio de 2021. 01 de marzo de 2021. 02 de marzo de 2021. 03 de marzo de 2021. Los días 6, 7, 13, 14, 15 20, y 21 de marzo de 2021. El 24 de marzo de 2021. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Apéndice de 2011, página 2121, Materia Común, Novena Época, registro 1003754, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Luego, si como quedó demostrado en párrafos precedentes, a la parte aquí quejosa se le notificó el acto reclamado, por medio de lista, el uno de marzo de dos mil veintiuno, en virtud de no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el toca generador del acto reclamado, y la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue presentada hasta el dos de junio de dos mil veintiuno, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe decretarse el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Tomo IV, página 3015, Materia Común, Décima Época, registro 2012655, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CON BASE EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA ACTUALIZACIÓN REQUIERA DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO O PUEDA SER DESVIRTUADA MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE DETERMINADO MEDIO DE PRUEBA. La posibilidad de dictar una resolución donde se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia, prevista en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, tiene una finalidad relacionada con la maximización del derecho de acceso a la justicia, en tanto privilegia la economía procesal, al evitar que se siga con el trámite del juicio innecesariamente. Por lo anterior, procede exclusivamente cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, esto es, cuando está plenamente demostrada, advirtiéndose en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de su ampliación, de los escritos aclaratorios y de los documentos que hasta ese momento obran en los autos del juicio. En consecuencia, es improcedente decretar ese sobreseimiento con base en una causa de improcedencia cuya actualización requiera de un estudio exhaustivo o pueda ser desvirtuada mediante el ofrecimiento de determinado medio de prueba. Por ello, antes de sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, el Juez debe plantearse las siguientes interrogantes: 1) ¿La actualización de la causa de improcedencia requiere una decisión de mera constatación, o plantea una serie de problemas interpretativos y/o probatorios que ameritan una justificación suficiente que no puede realizarse en un acuerdo de trámite? y, 2) En caso de seguir con la secuela procesal ¿Existe la posibilidad de llegar a una conclusión diversa, con base en los elementos de convicción que pudieren allegar las partes? Si la respuesta es afirmativa, el Juez debe sobreseer fuera de audiencia; si es negativa, éste debe reservar el estudio de la cuestión para el dictado de la resolución constitucional." Asimismo, la tesis del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Tomo IV, página 2646, Materia Común, Décima Época, registro 2019142, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Finalmente, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. ...
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