Rosa Angélica López García
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Angélica López García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Archivo. En ese orden de ideas y dado que con esta fecha se está ordenando el archivo definitivo del juicio en que se actúa; con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es conservable la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Autoridad responsable cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la encargada de Despacho de la Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló mediante proveído de treinta de octubre pasado, informa que la directa quejosa ********************, fue dada de alta del área de ********************, por ya no encontrar rastros de ********************, tal y como se advierte de la constancia que obra glosada en actuaciones (f.231 vuelta); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, los actos reclamados consisten -medularmente- en las negativas de las autoridades responsables para realizar lo siguiente: Otorgar citas con especialistas en ********************; ******************** y ********************. Otorgar citas para ********************; Valoración y atención para ********************; y, Valoración para ********************. Ahora bien, en el presente asunto se concedió la suspensión de plano para efecto de que la quejosa, ********************, fuera atendida en las especialidades médicas en las que solicitó atención para mitigar sus patologías, así como la prescripción del tratamiento y, en su caso, de la cirugía correspondiente. Así las cosas, de las constancias remitidas por las autoridades responsables durante la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, se colige que -con posterioridad a la presentación de la demanda- a la impetrante se le brindó atención médica en las especialidades de ********************, ******************** y ********************; que se le otorgó cita en ******************** y que se le brindo la misma; así como que se le valoró y se le atendió su padecimiento de ********************, lo que de suyo actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Se afirma lo anterior, porque con relación a la negativa para otorgar citas con especialistas en ********************; ******************** y ********************, las responsables acreditaron con constancias fehacientes que a la directa quejosa le fueron otorgadas dichas citas, tal y como se advierte de las constancias glosadas en las siguientes fojas: a) 73, 74, 75 y 82 por lo que ve a la especialidad de ********************, destacándose de la constancia glosada en el última foja de referencia, que en data veinte de junio de dos mil veintitrés, dicho especialista dio de alta a la quejosa por no reunir criterios ********************. b) 108 vuelta, por lo que respecta a la especialidad ********************, cita en la que fue diagnosticada con el ******************** del que también reclama la negativa a realizarle la valoración correspondiente, lo que se abordara en párrafos posteriores. c) 64 y 65, por lo hace a la especialidad en ********************, cita en la que fue diagnosticada, entre otros padecimientos, con la ******************** que también reclama su falta de valoración, padecimiento que se retomara más adelante. Luego, por lo que ve a la negativa de otorgar citas para ********************, las potestades responsables demostraron que dichas citas también le fueron concedidas a la impetrante, pues al efecto allegaron la bitácora de registro de sesiones en el área de ********************(fojas 62-63 y 234-235). Ahora, en cuanto a la valoración y atención para ********************, dichas responsables también patentizaron que la amparista ya recibió lo anterior, siendo incluso dada de alta en la especialidad de ******************** por ya no encontrar rastros de ******************** (fojas 64, 82, 230-233 y 273). Mientras que, por lo que hace a la negativa de valoración para ********************, dichas autoridades acreditaron que la quejosa recibió la valoración reclamada en la especialidad de ********************, el diecinueve de junio del año en curso (foja 132); así como que el doce de septiembre del presente año, se le practicó la ********************que le fue prescrita por el médico tratante para contrarrestar dicho padecimiento, obteniendo un resultado y evolución positiva (fojas 209-213). Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; y, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia antes invocada. Se asevera lo anterior, porque si se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos de los actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que los actos reclamados y los efectos que hayan producido, sean totalmente revocados o derogados por las autoridades responsables. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Bajo lo antes expuesto, podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie; y, c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional, son las negativas de las autoridades responsables para otorgar citas con especialistas en ********************; ******************** y ********************; otorgar citas para ********************; así como la negativa para valorar y atender sus padecimientos de ******************** y ********************; y, las potestades responsables acreditaron que con posterioridad a la presentación de la demanda, brindaron la atención médica correspondiente a la materia de reclamo, tal y como se puso de manifiesto en acápites precedentes; lo que se suyo hace que los efectos de dichos actos hayan cesado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica de la impetrante. Ello es así, en atención a que los efectos de los actos combatidos cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos combatidos. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. No es óbice para lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de control respectivo.
- Principal
Autoridad responsable informa gestiones. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite el asistente de Dirección del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual y en atención al requerimiento que se le formuló a dicha potestad mediante proveído de treinta de octubre pasado, informa que será la Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la encargada de dar seguimiento clínico y en atender el padecimiento de ******************** diagnosticado a la quejosa ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, respecto a la constancia que remite, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Finalmente, estese a la espera de mayores informes por parte de la clínica responsable, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
- Principal
En la ciudad de León, Guanajuato, a seis de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial, hago constar que la presente promoción, con número de registro 14184, se ubica en la hipótesis del inciso a) promociones ya acordadas en autos, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Doy fe.
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