Rosa Angélica Gómez Rodríguez

Expediente 631/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
631/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • José López Pintor
  • Rosa Angélica Gómez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio sin número signado por el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación 1, con residencia en esta ciudad a través del cual interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de diecinueve de noviembre del año actual; en tal razón, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En consecuencia, téngase al tercero interesado interponiendo el recurso de mérito en contra del proveído señalado en el párrafo que antecede, en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, así como por Acuerdo General 05/2013, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil diecisiete, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, una vez notificado el presente proveído a las partes, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación de la inconformidad planteada. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, al que deberán anexarse copias certificadas de las constancias conducentes para el caso. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Gobernador del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, no ha rendido su informe justificado, aunado a que mediante oficio 648/2020, de ocho de octubre del año en curso, se ordenó reenviar copia del escrito de demanda a fin de que emitiera el citado comunicado, sin que hasta la fecha se haya recepcionado el mismo. En la inteligencia, de que en el incidente de suspensión derivado de este juicio dicha autoridad si rindió su informe previo; sin embargo, en este asunto no ha rendido el justificado, el cual se rinde en los términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se señalan las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, para su desahogo. Por contener consideraciones aplicables al caso, lo anterior encuentra apoyo en la tesis VI.1o.64 K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación XV-II, del mes de Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. SÓLO PUEDE ESTABLECERSE SU OMISIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE LA CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Una interpretación correcta del ordenamiento legal en cita permite sostener que, cuando no exista constancia en autos de que alguna autoridad responsable recibiera el oficio notificatorio por el cual se le solicitó su informe justificado, no se puede considerar que incurrió en omisión, porque el acuse de recibo es el documento idóneo demostrativo de que se hizo en tiempo la notificación respectiva que permitiera sostener que dicha autoridad incurrió en esa falta, caso en el cual se tendrían como presuntivamente ciertos los actos reclamados, pero no sucede así, cuando no hay prueba de que recibió la notificación, lo que es motivo suficiente para diferir la audiencia y acordar lo procedente para recabar el acuse de recibo, habida cuenta que la certeza del emplazamiento es una cuestión importante y trascendente en el juicio de amparo, y de ella dependerá la posibilidad de estimar presuntivamente ciertos los actos o que el quejoso se defienda contra lo manifestado por la autoridad." (Sic) No obstante lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase a tal autoridad, para que tenga a bien comunicar sí a la fecha ya recibió el oficio mencionado en el párrafo que antecede, y de ser así, la fecha de su recepción, ello para estar en posibilidades de continuar con las siguientes etapas procesales de este juicio. Informe que puede rendir vía fax al número telefónico 01-868-811-04-40, extensión 1163; por correo electrónico oficial a la dirección 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx o, en su caso, por la vía ágil que estime pertinente. Por otra parte, del estado de autos, también se aprecia que ha transcurrido el término que se le dio a la parte quejosa en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, para que manifestara lo de su intención en cuanto a la inexistencia de las autoridades responsables que denominó como "Gobernador Constitucional de la Ciudad de México"; "Coordinador Estatal de la Policía Federal en Colima, Colima" y "Coordinador Estatal de la Policía Federal en Culiacán, Sinaloa", sin que se hubiere pronunciado al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo al agraviado y se tiene por inexistentes a las autoridades responsables identificadas en el párrafo que antecede, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Por las consideraciones que la conforman, resulta aplicable la jurisprudencia XIII.P.A.J/8, materia constitucional común, publicada en la página 2341, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 03, Tomo II, del mes de febrero de 2019, que dice: "DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE AUDIENCIA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Ténganse por recibidos los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuario adscrito de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y el anexo que adjuntó al mismo el primero de ellos; en tal razón, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional respectiva; de igual manera, téngase a la primera responsable cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del invocado precepto legal, pues remite copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar su informe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Rosa Angélica Gómez Rodríguez contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Tribunal Federal bajo el 631/2020-IV y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la misma. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia en vigor, dése la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, sin que sea necesaria la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. En términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídanse el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables quienes deberán rendirlos dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras cada una, a una multa de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Se requiere a las partes para que informen oportunamente a este Tribunal Federal si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a Refacciones Industriales Guri Sociedad Anónima de Capital Variable, Gabriela Uriegas Hinojosa y Agustín Díaz Rojas quienes son la parte demandada en el expediente de donde emana el acto reclamado, en virtud de que, como lo señala la impetrante de garantías bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado, el expediente de origen no ha sido radicado, por lo que los antes citados no han sido emplazados al controvertido de origen y por ende, no han sido vinculados al mismo, lo que patentiza la inexistencia de afectación alguna a su esfera jurídica, que es lo que generaría la obligación para el tribunal constitucional de hacerle saber la instauración del juicio de amparo para que estuvieran en aptitud de comparecer a defender sus derechos, por tener interés opuesto al peticionario de garantías, supuesto que no se actualiza. Es aplicable al respecto la tesis 2a./J. 67/2009 de la Novena Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, correspondiente a Mayo de 2009, registro 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinte minutos del seis de noviembre de dos mil veinte. Por otra parte, téngase a la agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona por tratarse del trabajador en la materia laboral. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida, y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba documental que adjunta la parte quejosa a su demanda de garantías, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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