Rosa Anahí Hernández Alba

Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Rosa Anahí Hernández Alba

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante el cual informa que ese órgano judicial se avocó al conocimiento del juicio de amparo 234/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio.

  2. Principal

    Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, mediante el cual informa que ese órgano judicial se avocó al conocimiento del juicio de amparo 234/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio.

  3. Principal

    Vista la demanda presentada por *****, por conducto de su apoderado legal *****, personalidad que acredita al tenor del instrumento notarial 12,328 pasado ante la fe del notario público 56 de esta ciudad, contra actos del fiscal del Ministerio Público número 1 adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta y del jefe de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Zacatecas, Zacatecas, por violaciones a los artículos 14, 16, y 20 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 234/2021-III. Del análisis que se efectúa a la demanda se advierte que la parte quejosa, acude a la instancia constitucional doliéndose de: "Los actos de molestia inconstitucionales hacia mi persona; igualmente le reclamo a la Autoridad Responsable, las imputaciones en la comisión de algún ilícito del orden Penal que se me pretendan hacer por parte de la Responsable; más sin embargo desde este momento reclamo cualquier orden de aprehensión, presentación o comparecencia o acto de molestia y en su momento procesal oportuno y tan luego tenga conocimiento precisaré el acto reclamado, pero independientemente de lo anterior, reclamo la inconstitucional, futura e inminente privación de mi libertad personal, conducción por la Fuerza Pública y sanciones penales y disciplinarias; así como los actos de molestia infundadas e inmotivadas dirigidas en contra de mi persona". De igual forma, se advierte que la quejosa precisa que tiene su domicilio ubicado en *****. También, del apartado de los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, se desprende su manifestación en el sentido de que un vecino le entregó una "cédula de notificación", con fecha nueve de abril de dos mil veinte, suscrita por el fiscal del Ministerio Público 1 adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta, en el cual se le indica que deberá comparecer a la Casa de Justicia -ubicada en calle Prolongación Constitución S. N., colonia San Martín de Miguel Auza, Zacatecas- el día trece de abril actual, a las doce horas con treinta minutos. Esa cédula de notificación, que motivó el temor de la quejosa y la presentación de la demanda, fue anexada por el promovente. Al efecto se copia su contenido: En razón de lo anterior, esta potestad considera que no es competente legalmente para la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en razón de que la materialización del acto reclamado se efectuará fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, lo que se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro a continuación se cita: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado un mandato de molestia emitido dentro de una indagatoria que puede recaer, inclusive, en la privación de la libertad, necesariamente tendrá ejecución en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, pues la quejosa aduce que tiene su domicilio en dicha ciudad y las autoridades tanto ordenadora como ejecutora tienen también su domicilio allá. Sobre esa línea, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Sirve de sustento, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." No pasa inadvertida la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Si bien, el anterior criterio alude a una eventual prevención, esta obligación surge si se dan dos supuestos de hecho: que el quejoso haya manifestado que se presentaron en su domicilio; y, de forma destacada, que no haya señalado autoridades ejecutoras con competencia en ese lugar. Luego, en el caso, no se está en la hipótesis, pues el promovente sí señaló tanto autoridades ordenadoras como ejecutoras en la ciudad de Zacatecas, lo que torna innecesaria la prevención. Además, en sentido contrario, se refuerza el criterio aquí asumido, pues se cumplen precisamente las dos hipótesis ahí aludidas: la competencia se surte en favor del juez con residencia en el lugar donde se pretende ejecutar el mandato, lo que se confronta con los hechos de la demanda, en el sentido de que la parte promovente señala que su domicilio se encuentra en Zacatecas, lo que se adminicula con el citatorio exhibido; además de que señaló autoridades ejecutoras de allá (máxime que no se señalaron autoridades ejecutoras con residencia en esta circunscripción territorial). Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el cuaderno principal del presente asunto al juez de distrito en turno en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de las copias respectivas de la demanda. Solicitar remita el acuse de recibo correspondiente; y Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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