Rosa Ana Bustillos Patrón

Expediente 831/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
831/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Rosa Ana Bustillos Patrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. La justicia federal ampara y protege a ***************** contra los actos que reclamó del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, Comisionado Estatal de la Policía Preventiva, Director de Tránsito del Estado de Quintana Roo y Donaciano Ricalde Pech Agente de la Dirección de Tránsito del Estado de Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y por oficio a las autoridades correspondientes

  2. Incidental

    R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Rosa Ana Bustillos Patrón, la suspensión definitiva del acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables y por las razones expuestas en el considerando cuarto, apartado tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Rosa Ana Bustillos Patrón, la suspensión definitiva del acto que reclama de las autoridades responsables y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Incidental

    II- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, se suspendieron labores y se consideraron como inhábiles, mediante los oficios número 39/2023, 40/2023, 41/2023 y 42/2023; ello, conforme a los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las Coordinaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ante el propio Consejo. Lo anterior, por causa de fuerza mayor derivado de la protesta y paro de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo cual generó que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pudieran ingresar a los inmuebles; a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, por decisión de los titulares de los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Chetumal; por tal motivo, no fue posible acordar lo conducente en este expediente. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia incidental programada para 9:20 horas del 26 de octubre de 2023; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo, las 9:30 horas del 21 de noviembre de 2023. Notifíquese a las partes.

  4. Principal

    V- Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, se recibió el oficio firmado por la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remitió copia certificada de las constancias relativas a la notificación realizada al aquí quejoso del oficio II210.DGOPR.AJ.398.2023 de diecisiete de enero último, con el que se le comunicó que se llevaría a cabo la visita de inspección en el denominado "La Fortuna", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, así como del acta de inspección ocular de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, derivado de los trabajos técnicos complementarios realizados en el citado predio. Asimismo, este órgano jurisdiccional ordenó remitir las referidas documentales a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que acordara lo conducente. Motivo por el cual, se requirió a la autoridad citada en el párrafo que antecede, para que dentro del término de tres días legalmente computados, diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, dado el tiempo transcurrido sin que se haya dado cumplimiento al fallo protector y a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía correo electrónico a la autoridad responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que sea legalmente notificada de este auto, remita a este Juzgado Primero de Distrito las constancias con las que acredite el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, deberá comunicar el tratamiento que dio a la documental consistente en el acta de inspección ocular de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, derivado de los trabajos técnicos complementarios realizados en el predio denominado "La Fortuna", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el juez de distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por último, con fundamento en lo estatuido en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se libre al efecto, requiérase a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico inmediato de la citada autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el numeral 20 de Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efecto efectos la notificación de la presente determinación, ordene a su subalterno cumplir con la ejecutoria de amparo; bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden respectiva, se le impondrá una multa por la cantidad referida en los párrafos que anteceden en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259 del ordenamiento legal antes mencionado; asimismo, de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada. Lo anterior, toda vez que de autos se desprende que la ejecutoria de amparo quedó firme desde el veintidós de septiembre de dos mil veinte; esto es, ha transcurrido más de tres años un mes y no se ha logrado el total cumplimiento del fallo protector. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En otro orden, proceda el actuario a remitir al correo dgae.docytramite@sedatu.gob.mx, el oficio que deriva de este auto, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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