Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe

Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
910/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Así, de autos se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ROSA AMELIA GUTIÉRREZ TULIPE, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales C.A.G.T y S.I.R.G; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 910/2022-4, promovido por **********, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 5, 8, 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA E INCOMPETENCIA. Por escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintidós, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe, por propio derecho y en representación de sus menores hijos iniciales C.A.G.T. y S.I.R.G, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: Privación de la libertad. Negativa de otorgarles la condición de refugiado. Prohibición de libre tránsito. Orden de deportación o extradición o expulsión del país. Incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en su favor. AUTORIDADES RESPONSABLES: Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con residencia en Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y PREVENCIÓN. En proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 910/2022-4, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la privación de la libertad y/o orden de deportación o extradición o expulsión; y se ordenó requerir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación del citado acuerdo o dentro de los cinco días siguientes manifestara que actos le reclamaba a las autoridades residentes en la Ciudad de México y en el municipio de Tenosique, Tabasco, en el entendido que de no hacerlo se tendría por no presentada la misma por lo que hace a dichas autoridades. Siendo notificada la parte quejosa del anterior acuerdo el catorce de junio de dos mil veintidós (foja 28 y 29), por lo que el término concedido para tal efecto trascurrió del dieciséis al veintidós de junio de la presente anualidad. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 32 a 36), se tuvo a la quejosa dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de ocho de junio de la presente anualidad; precisando que los actos que le reclama a las autoridades responsables denominadas 1.- Comisionado del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, 2.- Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México y 3.- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con residencia en Tenosique, Tabasco, les reclama: Detención arbitraria. Maltrato y aislamiento. Omisión de asistencia. Por tanto, se admitió la demanda de que se trata, se solicitaron informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previos diferimientos tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: A la Encargada de la Oficina administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos en Villahermosa, Tabasco, (en su denominación correcta), le reclama: Privación de la libertad. Prohibición de libre tránsito. Orden de deportación o extradición o expulsión del país. Incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en su favor. A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tabasco, (en su denominación correcta), le reclama: Negativa de resolver el trámite de reconocimiento de la condición de refugiados. Asimismo, a las autoridades responsables Comisionado Instituto Nacional de Migración y Director General de Control y Verificación Migratoria, del citado instituto, residentes en la ciudad de México, les reclaman: Como superiores jerárquicos, la omisión de impedir que sus subordinados realicen detenciones y aislamiento arbitrarios en contra de los quejosos. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del Comisionado y del Director General de Control y Verificación Migratoria, ambos del citado instituto, residentes en la ciudad de México (fojas 259 y 260), al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama consistente en la omisión de impedir que sus subordinados realicen detenciones y aislamiento arbitrarios en contra de los quejosos; de lo que se le dio vista oportuna al quejoso en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan los mencionados informes. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente el referido acto reclamado por el aludido quejoso a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en representación de la Encargada de la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos en Villahermosa, Tabasco (denominación correcta de la autoridad que la parte quejosa señaló como Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco), (foja 48 a 51), al rendir su informe justificado admite únicamente que los quejosos el diez de mayo de la presente anualidad fueron puestos a su disposición por personal migratorio al no acreditar su regular estanca en el país y el tres de junio del presente año, se acordó el egreso de los quejosos del albergue donde se encontraban alojados; sin embargo no admite ni niega la existencia de los actos que se le reclaman consistentes en la privación de la libertad, la prohibición de libre tránsito, la orden de deportación o extradición o expulsión del país y el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en su favor; sin embargo, de las constancias que anexó en apoyo a su referido informes se advierte la inexistencia de dichos actos. Documentales a las que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En efecto, resultan inexistentes los actos reclamados consistente la privación de la libertad, la prohibición de libre tránsito, la orden de deportación o extradición o expulsión del país y el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en su favor; toda vez que de las constancias que la precitada autoridad responsable anexaron a su referido informe, se advierte que en acuerdo dictado el diez de mayo de dos mil veintidós (foja 71), la autoridad responsable autorizó a los ahora quejosos la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días naturales. En acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós (foja 106 a 108) la autoridad responsable determinó otorgar el egreso voluntario de la quejosa Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe y de los menor de identidad protegida con las iniciales C.A.G.T. y S.I.R.G. Lo anterior, hace notar que los actos reclamados a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existían; ya que la misma fue presentada el ocho de junio de dos mil veintidós y la autoridad responsable mediante auto de tres del mismo mes y año, emitió el acuerdo en el que la responsable determinó otorgar el egreso voluntario de la quejosa Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe y de los menor de identidad protegida con las iniciales C.A.G.T. y S.I.R.G. Es decir antes de la presentación de la demanda la autoridad responsable concedió el egreso voluntario de los quejosos del alberque donde se encontraban alojados; por lo que resulta imposible que la autoridad con posterioridad ejecutara los actos reclamados ya que los quejosos en esa data ya no se encontraban a su disposición. Lo anterior es así, ya que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si los actos reclamados en el presente asunto lo constituyen la privación de la libertad, la prohibición de libre tránsito, la orden de deportación o extradición o expulsión del país y el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en su favor; y de los anexos que remitió la precitadas autoridad responsable con su informe justificado se advierte que los quejosos fueron egresados el tres de junio del presente año, del albergue donde se encontraban; esto es, antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; luego, es de colegirse, que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del aludido acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General en representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tabasco, (en su denominación correcta), al rendir informe justificado niega la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe se evidencia la certeza de los actos que se le reclama en virtud de las mismas se advierte que el diecinueve de mayo del año en curso (foja 171), a recibió la solicitud de la parte quejosa fin de que se les otorgue el reconocimiento de la condición de refugiados. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". De igual forma, es aplicable a lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis que se transcribe. "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. (Octava Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIV, Julio de 1994, Página: 391)" QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio, por lo que su análisis resulta preferente, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita quien resuelve advierte de oficio que respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con lo establecido en la fracción V del artículo 107, el segundo de ellos interpretado en sentido contrario a su redacción, todos de la Ley de amparo, en atención a que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto de los artículos y fracciones citados de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (..) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte." Conforme al primero de los preceptos reproducidos en lo conducente, el juicio de amparo es improcedente cuando así derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo; en tanto que, de acuerdo al segundo de los citados numerales, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación, por los cuales debe entenderse aquellos que de manera inmediata lesionen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, el Alto Tribunal afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De igual forma, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: "De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". En esa tesitura, podemos colegir que el artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. Esa regulación, con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismas que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación, entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. En ese contexto, el suscrito considera que el acto reclamado en el presente juicio no reviste el carácter de "imposible reparación". En el caso, de un estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de resolver la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados, con clave única de refugiados (CURP) 20221905-233616, de su índice. Al respecto, la suscrita juzgadora estima que el acto omisivo en esta vía reclamado, no constituye una abierta dilación del procedimiento laboral de origen o paralización del mismo, que haga procedente el juicio de amparo por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado consistentes en copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se desprende lo siguiente: El dieciséis de mayo del año en curso (foja 173 vuelta a 178), la citada responsable recibió la solicitud de la parte quejosa fin de que se les otorgue el reconocimiento de la condición de refugiados. El diecinueve de mayo de la presente anualidad (fojas 169, 170, 181 vuelta y 182) la autoridad responsable emitió la constancia de trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por lo que solicitó a las autoridades correspondientes no tomar medidas que impliquen la devolución a su país de origen hasta en tanto su solicitud se encuentre pendiente de resolución definitiva, debiendo los solicitantes permanecer dentro de la entidad federativa de Tabasco, donde presentó su solicitud. Tales acciones ponen de manifiesto que la autoridad responsable admitió la solicitud formulada por los quejosos, de reconocimiento de la condición de refugiados, y emitió la constancia de trámite respecto de la mencionada solicitud que establece el artículo 38 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Ahora bien, resulta oportuno hacer referencia a lo que dispone el artículos 45 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria: "Artículo 45.- La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida. La resolución deberá estar fundada y motivada, debiéndose notificar de manera íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión. En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en copia íntegra al Instituto." Así, el precepto legal antes trascrito, en su parte conducente establece que la autoridad responsable, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes contados a partir de que hubiese sido admitido el trámite de solicitud de reconocimiento de refugiado, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado. En esta tesitura, en el presente asunto, de las constancias anteriormente descritas se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de condición de refugiados solicitada por la parte quejosa, el cual fue radicado bajo el expediente CUR 20221905-233616, por lo que el término de autoridad para resolver la solicitud correspondiente feneció el veinte de julio del año en curso. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos, tres, dieciséis y diecisiete de julio, todos de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, y por tanto inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Motivo por el cual, el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, transcurrió del diecinueve de mayo al veinte de julio de dos mil veintidós; por tanto, si la parte quejosa acude al amparo el ocho de junio del presente año, es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo. Por consiguiente, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 325/2015, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Luego, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, promovido por Rosa Amelia Gutiérrez Tulipe, por propio derecho y en representación de sus menores hijos iniciales C.A.G.T. y S.I.R.G., contra el acto y autoridad indicados, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el segundo de ellos aplicado en sentido contrario a su redacción y en términos del diverso 63, fracción V, de ese propio ordenamiento, en tal virtud, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por el quejoso. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 226555, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RSPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********., contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del COMISIONADO y del DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA, ambos del citado instituto, con residencia en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistida de Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó remitir el oficio 32278/2022, dirigido a la autoridad responsable Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, a fin de solicitarle su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, mismo que transcurre del veintiséis de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles previstos por el ordinal 19 de la ley de la materia, lo anterior tomando en cuenta que fue notificado el veintitrés de septiembre del presente año, por así advertirse del rastreo realizado a la guía de estafeta 1061973508, en la página electrónica www.estafeta.com/Herramientas/rastreo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano