Rosa Amelia Guerrero Cortez

Expediente 329/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Rosa Amelia Guerrero Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar, es susceptible de destrucción, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General; hecho que sea lo anterior, solicítese la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Devolución de constancias En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en un tomo. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del expediente 329/2020-III-E, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por *****, por derecho propio, en contra de los actos que atribuye al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada y Actuario adscrito, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I.- Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, ***, por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada (ordenadora). 2. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada (ejecutora). ACTOS RECLAMADOS: "De la autoridad Ordenadora. 1. Se reclama la orden, acuerdo, o determinación dictada por la autoridad ordenadora, mediante acuerdo de fecha 22 de Julio del 2020, en donde se ordena el lanzamiento y privación del inmueble i*****, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad, así como el poner en posesión material y jurídica al actor del inmueble mencionado anteriormente, por parte del actuario adscrito al juzgado, en virtud de que la suscrita soy ajena, extraña a tal procedimiento, además de que soy posesionaria desde aproximadamente Diciembre del 2013, de 165.552 metros cuadrados ubicados en la zona federal a la altura del arroyo el Gallo de la avenida Esmeralda de esta ciudad que está bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua anexándose tal documentación de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en base a lo anterior se puede ver afectada mi esfera jurídica por dicho acto de autoridad. 2. Se reclama el acuerdo o determinación mediante el cual se ordene poner en posesión del actor L**** y/o a diversa persona respecto al inmueble identificado co*****, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad, ya que dicho inmueble se encuentra dentro de mi posesión la cual tengo desde el 2013 y la cual he venido regularizando ante la Comisión Nacional del Agua, al paso de los años, la cual administra dicho predio, ya que la suscrita solicité la concesión de una fracción de la zona federal antes citada para el uso de ornato y comercio de la superficie ya mencionada, desde Julio del 2017, del mismo inmueble del que se me pretende desalojar, despojar, vulnerando mis derechos por parte de las autoridades responsables, incluso formalice mi trámite ante el Organismo de Cuenca Península de Baja California en Agosto del 2017, bajo el número de expediente BCA-O-1055-25-08-17, bajo el rubro de concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración compete a la Comisión Nacional del Agua esto concatenado con los documentos, pago de concesión etc, que se anexan. De la Autoridad Ejecutora. 2. Se señala como acto reclamado la orden de lanzamiento, respecto del inmueble ***** con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad, *********ordenado por el Juez Cuarto de lo Civil de primera instancia de esta ciudad, con motivo del juicio sumario civil de recisión de contrato de arrendamiento promovido por el señor ****, bajo expediente número 391/2015 así como darle la posesión material y jurídica, ya que para empezar la suscrita ni parte soy del juicio mencionado, por lo anterior dejándome en total estado e indefensión, por lo ya mencionado anteriormente donde se demuestra que la quejosa tiene en posesión más metros cuadrados que los señalados en el juicio ya mencionado, y que he realizado los trámites pertinentes ante la Comisión Nacional del Agua, única facultada para la administración de dichos terrenos, así que si la quejosa ocupa dicho terreno federal, con la anuencia de la administradora facultada, es lógico que se me pretenda privar de mi posesión por una orden de un juez que no tendría dicha competencia y de un juicio del cual no formo ni parte, soy totalmente extraña a dicho procedimiento. 2. Se señala como acto reclamado la ejecución que quiere realizar la autoridad ejecutora por conducto del C. Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de esta Ciudad, respecto a dar posesión material y jurídica (sic) favor de la parte actora o diversa persona señalada por la misma dentro del juicio mencionado y con relación al inmueble ya también mencionado, misma ejecución, dictada por la autoridad ordenadora, por lo que la suscrita ha venido comentando con anterioridad. 3. Se señalan como actos reclamados los efectos y consecuencias que se deriven de los actos señalados con anterioridad." La promovente del amparo, por propio derecho, estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior es así, porque el último día para hacerlo fue el veinticinco de septiembre de dos mil veinte y el ocurso fue presentado cuatro de septiembre de ese año, tal y como se observa de la tabla que se inserta a continuación: Resolución reclamada Fecha que tuvo conocimiento del acto reclamado Surtió efectos Plazo de 15 días transcurrió Descontando los días inhábiles Todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 391/2015. 1 de septiembre de 2020. Uno de septiembre de 2020. 2 al 25 de septiembre de 2020. 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de septiembre de 2020, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así como el día 15 de ese mes y año, por haberse declarado inhábil (Circular 13/2020 pleno del CJF). III. Admisión de la demanda. La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, el ocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 329/2020-III-E. IV. Trámite del juicio de amparo. Se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este Juzgado (foja 30); se emplazó al tercer interesado (fojas 37-39); se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, y se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la jurisprudencia P/J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Previa lectura íntegra de la demanda, se advierte que en el caso concreto los actos reclamados consisten en: Del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada todo lo actuado dentro del juicio sumario civil 391/2015 (rescisión de contrato privado de arrendamiento), seguido por ****, contra *****, así como la orden de lanzamiento respecto del inmueble controvertido y todas las consecuencias legales. Del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada, su ejecución. TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada y Actuario adscrito, pues así lo manifestaron al rendir conjuntamente su informe justificado. Lo que se corrobora además, de las constancias que anexaron como apoyo a su informe con justificación (documentales), a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del Juicio de Amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, no obstante la certeza del acto reclamado precisado en los considerandos que anteceden, no se está en el supuesto de analizar la constitucionalidad de los mismos, dado que el presente juicio deviene improcedente, en atención a las siguientes consideraciones: En el caso concreto la parte quejosa básicamente reclamó no haber sido llamada al juicio sumario civil *****/2015, donde se afectó el derecho de posesión que dice tener del inmueble ubicado dentro de 165.552 metros cuadrados ubicados en la zona federal a la altura del arroyo el Gallo de la avenida Esmeralda de esta ciudad desde diciembre de dos mil trece, dentro del cual, alega que se encuentra el inmueble ******, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad. De las constancias que obran en autos relativas al expediente 391/2015, que fueron valoradas en el considerando previo, se advierte que el seis de marzo de dos mil quince (fojas 19 y 20 Tomo I), la entonces autoridad del conocimiento Juez Mixto de Paz del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, admitió a trámite la demanda promovida por *****, en contra de V****, en la vía sumaria civil, en donde, entre otras prestaciones, reclamó la rescisión del contrato privado de arrendamiento por falta de cumplimiento del mismo, respecto del bien inmueble *de esta ciudad, con una superficie aproximada de 30 (treinta) metros cuadr******ados, el pago de las cantidades dejadas de cubrir por concepto de renta, así como la devolución de la posesión de dicho inmueble. Seguido el juicio en sus etapas, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se emitió sentencia condenatoria (fojas 216 a 220 Tomo I), donde se declaró la rescisión del contrato privado de arrendamiento por falta de cumplimiento de pago en los términos convenidos en el mismo; la desocupación y la entrega material y jurídica en favor de la parte actora, del inmueble ****** de esta ciudad, con una superficie aproximada de 30.00 (treinta) metros cuadrados, así como el pago de las rentas vencidas, sentencia que causó ejecutoria por ministerio de ley, en términos del proveído de doce de febrero de dos mil veinte (foja 264 Tomo I). Por lo que, el veintidós de julio de dos mil veinte (foja 271 Tomo I), a petición de la parte actora, y en razón de que a esa data se tuvo por precluido el derecho de dar cumplimiento voluntario a la sentencia, el Juez de origen turnó los autos al actuario a efecto de que procediera al lanzamiento de la demandada del inmueble controvertido y hecho que fuera, pusiera en posesión material y jurídica del actor ese bien inmueble. Con base en lo anterior, se tiene que en el caso concreto, la quejosa reclama los actos de autoridad en su calidad de tercera extraña en sentido estricto y no por equiparación, ya que no le reviste el carácter de parte procesal en el mismo; por tanto, se encuentra obligada a acreditar el derecho que dice tener sobre el inmueble que defiende, es decir, debe quedar debidamente demostrado su interés jurídico, así como la identidad de éste sobre el que fue objeto de litigio en el juicio de origen. Sobre ese punto, cabe además precisar que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo, de una revisión minuciosa a las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se desprende que la parte quejosa haya allegado medio de convicción fehaciente con el que acredite la titularidad del derecho de posesión del bien que pretende defender en esta instancia constitucional. Lo anterior es así, ya que a fin de acreditar su interés jurídico la promovente del amparo exhibió como pruebas de su intención (fojas 13 a 20), las siguientes: a) Copia simple del proveído de veintidós de julio de dos mi veinte, dictado en el juicio 391/2015 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Ensenada; b) Cédula de notificación con firmas autógrafas de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, realizada a la quejosa por parte del notificador adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; c) Copia simple del oficio DFBC/SGPA/UGA/DIRA/393/19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, con sede en Mexicali, Baja California; d) Copia simple del acuse de recibo de trámite de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por parte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, Baja California; e) Impresión del formato para pago de contribuciones federales a nombre de la quejosa, ante el Servicio de Administración Tributaria del periodo agosto dos mil diecisiete; y, f) Copia simple del recibo bancario de pago de contribuciones federales de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Sin embargo; de los documentos precitados no se desprende que la quejosa tenga el derecho de posesión sobre el inmueble identificado como 165.552 metros cuadrados ubicados en la zona federal a la altura del arroyo el Gallo de la avenida Esmeralda de esta ciudad, y que dentro de este se encuentra el inmueble controvertido en el juicio natural correspondiente a la fracción ******, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad. Se afirma lo anterior, pues de dichas documentales, en su caso, se puede advertir: 1) La existencia del proveído de veintidós de julio de dos mil veinte, dictado en el sumario civil 391/2015, de donde emana el acto de orden de lanzamiento de que se duele, sin que de éste se advierte su participación procesal. 2) La diligencia de notificación por cédula efectuada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por parte del notificador adscrito a la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California, a la ahora quejosa, en la que hace entrega del original del oficio DFBC/SGPA/UGA/DIRA/393/19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, con sede en Mexicali, Baja California. 3) La presunción de existencia del oficio citado en el párrafo que antecede, por medio del cual se le da respuesta a su trámite de solicitud de opinión técnica, ingresada en esa Delegación Federal, de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, por la cual, gestionó ante esa instancia, solicitud de una fracción de la zona federal para uso de ornato y comercio, con una superficie de 165.552 metros cuadrados, que se ubica en la zona federal a la altura del Arrollo El Gallo, avenida Esmeralda, en esta ciudad, bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua. Así, de la documental de que se trata, se advierte además que la no procedencia de la evaluación de impacto ambiental, a través de una manifestación de Impacto Ambiental, no substituye a ningún otro trámite que se requiera para obtener la concesión ahí solicitada mediante escrito de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 4) De la copia simple del acuse de recibo de trámite de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por parte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Mexicali, Baja California, únicamente puede inferirse que en el año dos mil diecisiete, esa dependencia le acusó recibo del trámite CNA-01-006 "Concesión para la ocupación de terrenos fed. Cuya admon. Compete a la cna". 5) En tanto que, de la impresión del formato para pago de contribuciones federales a nombre de la quejosa, ante el Servicio de Administración Tributaria del periodo agosto dos mil diecisiete, se aprecia que en todo caso realizó el pago por la cantidad ahí consignada, respecto de los derechos de la solicitud número 3369974201 y del rubro a pagar, se advierte "Título de concesión: Sin título". 6) Y, de la documental señalada en el inciso f) señalado, se presume la expedición de un recibo bancario de pago de contribuciones federales de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por la cantidad de un mil quinientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional. De ahí que, contrario a lo asegurado por la promovente del amparo, el cúmulo probatorio indicado, no demuestran que la quejosa sea quien cuenta con la posesión o derecho alguno sobre los 165.552 metros cuadrados ubicados en la zona federal a la altura del Arroyo el Gallo de la avenida Esmeralda de esta ciudad, y que dentro del mismo se encuentre el inmueble controvertido en el juicio natural correspondiente a la ******, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados de esta ciudad, que pretende defender en esta instancia constitucional. Por lo que debe concluirse que, la promovente del amparo no acredita el interés jurídico que dice le asiste, pues, como se ha dicho, de las citadas documentales únicamente podrá inferirse que a partir del año dos mil diecisiete, gestionó ante las autoridades competentes la solicitud de una fracción de la zona federal para uso de ornato y comercio, con una superficie de 165.552 metros cuadrados, respecto de la zona federal a la altura del Arrollo El Gallo, avenida Esmeralda, por lo que no merecen valor probatorio alguno para los extremos que pretende, esto es, contar con título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, con lo que no demuestra plenamente su interés jurídico, y mucho menos la identidad de éste sobre el que fue objeto de litigio en el juicio de origen, lo cual es indispensable a fin de establecer certeramente el derecho alegado por la peticionaria del amparo. Por tanto, para acreditar el interés jurídico de la quejosa en este asunto, sólo obra en autos su propio dicho, así como los documentos previamente descritos que, como se vio, no merecieron valor probatorio alguno para los efectos del amparo, además de no ser parte en el juicio del que deriva el acto reclamado, debe concluirse que en nada le afecta la ejecución del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En consecuencia, al no estar acreditado el interés jurídico de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se reclaman. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Sin que sea obstáculo, el hecho de que la promovente del amparo manifieste que es tercera extraña al juicio del cual deriva el acto reclamado, en virtud de que ello no la exime de acreditar el interés con el que comparece a realizar la reclamación a que se contrae en su escrito de demanda; más aún, es indispensable que lo haga al no tener participación en el juicio natural. Sirve de apoyo la tesis visible en la página 538, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, FALTA DE INTERES JURIDICO DEL. Cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio origen del acto reclamado, pero no demuestra tener derechos sobre el inmueble materia de la controversia, resulta evidente que el acto impugnado no le causa un agravio personal y directo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento, conforme al precepto 74, fracción III, de la ley de la materia." En razón de lo expuesto, quien resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia9 número 509, Consultable en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas den los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda la Secretaria a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XII, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *******, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, con residencia en Ensenada y Actuario adscrito, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación que antecede, y en virtud de que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte y CAP/1/2021 que la amplió, el diecinueve de enero del año en curso se reanudaron las actividades en este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/4/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión en este juicio y se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado; por tanto, se fijan las nueve horas con veintiséis minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con dieciséis minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano