Rosa Alicia Torres González

Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
810/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Rosa Alicia Torres González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, ha causado estado; se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Ahora bien, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, se concedió la suspensión definitiva, el cuadernillo original resulta susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años de haberse dictado la sentencia. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros en el juicio de amparo en que se actúa, ni la segunda en el incidente de suspensión relativo. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa y tercero interesado Carlos Alberto Soria Reynosa Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Poder Judicial del Estado de Coahuila, con residencia en esta ciudad y copia del mismo, del que se advierte que con fecha diez de julio del año en curso, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho; en tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad citada como responsable reclamo la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca Civil 280/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el endosatario en procuración Licenciado Carlos Alberto Soria Reynosa, en contra de la sentencia interlocutoria del nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en materia civil, dentro del juicio mercantil expediente 546/2005 vs. Rosa Alicia Torres González". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque en auto de diez de julio del año en curso, dictado dentro de los autos del toca civil 280/2016, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el diverso juicio 1213/2017-III del índice de este juzgado, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho emitida en el toca civil 280/2016, la cual se dejó insubsistente mediante proveído dictado por la autoridad responsable el diez de julio en curso, de ahí que se considere la cesación del acto, lo anterior, se patenta en los comunicados de cuenta los que contienen la transcripción del proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, documental a la cual se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que ha cesado sus efectos el auto de autoridad demandado en este asunto, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Incidental

    se notifica por lista a los quejosos: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y al tener en consideración que por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso Rubén Bernardo Díaz, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como de la esfera jurídica de la diversa quejosa Dayan Victoria Martínez Simental, el artículo 82, fracción IV y 82-A de la referida Ley de Hacienda. Deje insubsistente los pagos contenidos en los recibos de cinco de abril de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso Rubén Bernardo Díaz Caldera, con los números de referencias 758241412 y 758238158 y a nombre de la diversa quejosa Dayan Victoria Martínez Simental, con número de referencia 758241370. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a los quejosos las cantidades que enteraron en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por el concepto de inscripción de cada documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas". Resolución que fue impugnada mediante recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberado de Coahuila de Zaragoza y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambos con sede en la ciudad de Saltillo, los cuales el tribunal de alzada desechó por extemporáneos. Por tanto la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, causó ejecutoria por auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que con apoyo en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento correspondiente. Ahora bien, mediante oficio recibido en este juzgado federal el cinco de junio del año en curso, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, señalando que desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos, los preceptos impugnados y emitió un cheque para cada uno de los peticionarios de amparo, por la cantidad de $13,452.59 (trece mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 59/100 moneda nacional) y $4,324.71 (cuatro mil trescientos veinticuatro pesos 71/100 moneda nacional), respectivamente, a fin de devolverles las cantidades enteradas por el acto de las normas impugnadas (fojas 284 y 285). Con motivo de lo anterior, mediante auto de seis de junio del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés legal correspondiera, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, de lo anterior se obtiene que las documentales valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena y resultan suficientes para determinar que en el caso ha lugar a tener por cumplida la sentencia ejecutoria en este juicio de amparo, por haberse acatado en sus términos los alcances de la misma, pues la autoridad actuó conforme a los parámetros que le fueron impuestos en la determinación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 2000, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, de la literalidad siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sin que sea inadvertido el hecho de que los quejosos no hubiesen comparecido ante la autoridad responsable, para recoger los cheques expedidos en su favor, sin embargo, toda vez que este tribunal no puede inferir en el ánimo de los justiciables a fin de que les sea entregado los referidos instrumentos de pago; por ende, debe estimarse cumplida la sentencia ante la justificación de los efectos del fallo protector. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable hubiese incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a los quejosos Rubén Bernardo Díaz Caldera y Dayan Victoria Martínez Simental; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la adscripción.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ha fenecido el término concedido al quejoso... agente del Ministerio Público adscrito y autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, a fin de que señalaran las constancias que en copia certificada deberían remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, sin que a la fecha hayan hecho manifestación al respecto. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 98 y 99 de la nueva Ley de Amparo, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de la audiencia y resolución incidental de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, del escrito del licenciado... presentado en este juzgado de distrito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) mediante el cual solicitó se le fijara monto de la contragarantía para ejecutar la orden de embargo; auto de veintidós de mayo del año en curso, auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja, minuta, constancias de notificación a las partes respecto de dicho auto, proveído de once de junio del año que transcurre, en cuyo reverso consta la notificación al fiscal federal respecto del recurso de queja mencionado; de igual forma, original del escrito de expresión de agravios signado por el quejoso... al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 párrafo primero de la Ley de Amparo ríndase informe en el sentido de ser cierto que este órgano jurisdiccional en veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitió el proveído en que se fijó el monto de la contragarantía que la tercera interesada debería exhibir para ejecutar el acto reclamado, sin embargo, se aclara que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en tal interlocutoria, a la que se remite en obvio de repetición. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita se remita el recurso de queja a la superioridad para su substanciación, a lo anterior, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.

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